Los abogados del vicepresidente sostienen que Amado Boudou no tuvo la menor relación con la adquisición de la firma Ci-ccone. Que no existen siquiera indicios de que haya participado. Este es el corazón de lo que señalan en el extensísimo escrito de respaldo a su apelación ante el procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo en la causa Ciccone. La defensa sostiene que Boudou no tuvo injerencia en el levantamiento de la quiebra de la calcográfica, lo que para los letrados está demostrado por las propias declaraciones de los funcionarios de la AFIP. Los letrados afirman, además, que el juez “hizo interpretaciones totalmente carentes de veracidad y mal intencionadas, y no llevó a cabo ninguna medida de prueba tendiente a comprobar el movimiento de dinero, particularmente el inyectado en la empresa para ponerla en funcionamiento. Se trata de unos 50 millones de dólares”. Ahí se vería –dice la defensa– quién está de verdad detrás de la transferencia de la empresa.

Lijo procesó a Boudou y sostuvo que él y sus allegados se quedaron con Ciccone, es decir, que son los dueños ocultos de la imprenta. El magistrado afirma que el vicepresidente, en reuniones en las que estuvo personalmente, “apretó” a la familia dueña de la empresa, los Ciccone, y les impuso que a cambio de salvar la imprenta que estaba quebrada, le entregaran como coima –según la interpretación de Lijo– el 70 por ciento de las acciones. Además, el juez procesó a Boudou por negociaciones incompatibles con la función pública, porque intervino en maniobras para la compra de Ciccone y a favor de sí mismo y sus amigos, en especial su socio José María Núñez Carmona.

En el escrito de más de 500 páginas, los abogados Diego Pirota, Eduardo Durañona y Débora Lichtman analizaron el expediente, rechazaron todos los cargos y le piden a la Sala I de la Cámara Federal que sobresea al vicepresidente.

Los argumentos fundamentales de Boudou son los siguientes:

- Que no tuvo nada que ver con la compra de Ciccone.

- La imprenta estaba en quiebra y la base de lo ocurrido fue el levantamiento de la quiebra. Boudou afirma que no intervino para nada en eso y que los propios funcionarios de la AFIP lo confirman. “Se demuestra que todo ello resultó de exclusiva injerencia y atribución de la propia AFIP”, dice la defensa.

- Los abogados sostienen que en la nota que firmó Boudou como ministro de Economía, cuando la AFIP le consultó, “no hubo nada irregular y mucho menos ilícito. El juez hizo una interpretación mal intencionada”.

- “Se demostró en la causa que no existe prueba de ninguna especie que vincule a Boudou con movimientos de dinero, ya sea para el levantamiento de la quiebra como para la adquisición o puesta en marcha de Ciccone”, sostiene el escrito. Este es un punto clave porque tanto el fiscal Jorge Di Lello como la Cámara ya han dicho que corresponde averiguar de dónde salió la plata para comprar la empresa. Boudou sostiene que el dinero provino del financista Raúl Moneta y del banquero Jorge Brito, lo que demostraría que no tuvo nada que ver y que no es el dueño de la empresa.

- El escrito cuestiona “gravísimas irregularidades procesales cometidas por el magistrado”. Las principales tienen que ver con que convocó como testigos a quienes resultaron imputados en la causa –en obvia referencia a los Ciccone, por ejemplo–, algo que también le cuestionó el fiscal al juez. Los abogados afirman que de esa manera se intentó encubrir maniobras “reñidas con el ordenamiento legal y para favorecer los intereses de amistades que el magistrado y su círculo más cercano mantienen. Por ello direccionó la causa en claro beneficio de unos y en perjuicio de otros”. Todo comenzó –dice la defensa– con la irrupción en la causa de un nuevo abogado de los Ciccone. Se trata de una referencia bastante directa a la intervención de un hermano de Lijo.

- Los letrados sostienen que en la causa hay un falseamiento de la titularidad de los teléfonos celulares investigados y la ubicación de los mismos. Entre otros casos se citan dos celulares que el magistrado le adjudica a Boudou y que según la defensa pertenecen a personas que viven, una de Lomas de Zamora y otra en Mar del Plata. También se le adjudica al juez que tergiversó declaraciones, omitiendo dichos de testigos que refutaban la historia sostenida por el magistrado. “Se demuestra que las reuniones que el juez describió no tuvieron ocurrencia, así como las inconsistencias habidas en el relato de la familia Ciccone.”

Ayer también presentaron los fundamentos de sus apelaciones los otros procesados. Lo hicieron los abogados de Alejandro Vandenbroele, de José María Núñez Carmona y del ex funcionario de la AFIP Rafael Resnik Brenner. Por parte de la familia Ciccone, el escrito fue suscripto por Emiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro. Estos últimos arremetieron contra el hecho de que Lijo “se sirvió de testimonios tomados bajo juramento, cuando ya en ese momento sabía que nuestros defendidos estaban imputados por los supuestos hechos que se investigaban”. Rusconi y Palmeiro afirman que el juez utilizó un “ardid”.

[email protected]