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Cuatro empresas de seguridad privada se reparten un negocio de no menos de 600 millones de pesos por custodiar edificios porteños. Esto ocurre pese a que hace años que la gestión PRO lanzó una policía propia, la Metropolitana. Un informe de La Fábrica porteña detalla que el gasto en seguridad privada del gobierno de Mauricio Macri, lejos de decrecer, viene aumentando y en una proporción superior a la media. La legisladora Claudia Neira, que es vicepresidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, presentará un pedido de informes por la deficiente seguridad en los hospitales porteños, donde, sin embargo, el dinero para las empresas privadas de seguridad aumentó al triple. “El PRO entrega la seguridad en los hospitales al negocio de las empresas privadas”, consideró la legisladora kirchnerista.

El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño multiplicó más de seis veces su presupuesto entre 2008 y 2014. Pasó de 600 a 2600 millones de pesos. Este año, por ejemplo, el presupuesto en Justicia y Seguridad tuvo un aumento del 35 por ciento. Pero no todas las partidas dentro del ministerio evolucionaron de la misma forma: la destinada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, perdió un 12 por ciento de su presupuesto con respecto a 2013. “Sigue siendo el área con menor peso relativo y es la única que en 2014 sufrió un importante recorte presupuestario en un contexto de un alto aumento de los fondos”, señala el informe de La Fábrica porteña, el think tank del kirchnerismo en la Ciudad.

En un análisis pormenorizado de los programas, señala que varios que sufrieron recortes, como “políticas de prevención del delito (28,38 por ciento), Instituto Superior de Seguridad Pública (13,74 por ciento)”, o bien tuvieron aumentos magros, como “Intervenciones en emergencia en la vía pública (3,49 por ciento), apoyo logístico en emergencias (2,79) y custodia de edificios públicos (2,3)”. El poco incremento de la última partida tiene explicación: la mayoría de la custodia está a cargo de empresas privadas.

Custodios bien pagos

“Se destacan los gastos incurridos en seguridad privada para la custodia de edificios y dependencias del Gobierno de la Ciudad”, indica el informe. En el primer semestre de este año, el Ministerio de Justicia gastó 96 millones de pesos en diversas tareas de seguridad. Por ejemplo:

- Por la custodia del Instituto de la Vivienda (IVC) en enero y febrero, las empresas privadas embolsaron 2,8 millones de pesos.

- La seguridad privada en subterráneos llegó en el primer semestre a 17 millones, pese a que la Metropolitana se dedica a patrullar las formaciones. “La custodia privada de subtes obtuvo en seis meses más financiamiento que la Subsecretaría de Prevención del Delito para todo 2014”, compara el informe.

- Los ministerios de Salud y de Espacio Público requirieron en abril otros 2,9 millones de pesos para la custodia de sus edificios.

Durante 2013, el Ministerio de Salud gastó 130 millones en seguridad privada para hospitales, un aumento del 200 por ciento respecto de 2010. La legisladora Claudia Neira presentará un pedido de informes por la deficiente seguridad, que no tiene correlato con este aumento del gasto. “Todos los meses nos llegan noticias de una situación violenta en los hospitales porteños. Mientras desmantela el área de Custodia y Seguridad de Bienes, destina una millonaria inversión a la contratación de agencias privadas”, señaló Neira. La legisladora detalló que el Ministerio de Seguridad envió una serie de “Ordenes de Servicio para los Hospitales Públicos de la Ciudad”. “Estas 33 órdenes no son más que una serie de instrucciones generales para el personal de seguridad privada, que no contemplan las particularidades de cada hospital”, señaló Neira, que puso como ejemplo al Hospital Alvarez, donde “hay sectores muy alejados entre sí y no se contempla seguridad para los consultorios externos”.

Cuatro empresas

Entre 2008 y 2013, el gasto en seguridad privada del gobierno porteño “osciló entre el 0,7 y el 1 por ciento del gasto total”, según el análisis de los datos oficiales que hizo La Fábrica porteña. “Lo llamativo es que el gasto desde 2008 hasta 2013 ha aumentado constantemente: mientras el gasto total del gobierno porteño aumentó un 297 por ciento en ese período, el de seguridad privada aumentó un 309 por ciento, es decir, por encima del promedio”, indica, y agrega que se gastó en seguridad privada, en ese período y sumando todos los ministerios, un total de 2235 millones de pesos. “Los 477 millones gastados en seguridad privada en 2013 equivalen a un 25 por ciento de lo que hoy se destina a la Policía Metropolitana”, compara el informe.

La custodia privada de edificios públicos, sin embargo, fue licitada en 2011. Desde entonces, cuatro empresas concentran un negocio que, se suponía, iba a costar 496 millones de pesos hasta 2015. En el pliego quedó establecida la posibilidad de que haya redeterminaciones de precios año a año. No pasó ni un año antes de que lo hicieran: en 2011, se redeterminó el monto del contrato y se sumaron otros 101 millones de pesos. “Se observa aquí cómo, con legalidad pero con una cuestionada legitimidad, se procede a la actualización de los montos de un contrato refrendado mediante licitación pública tan sólo mediante una resolución ministerial y sin tope, ya que si bien se establece en actualizaciones de costos superiores al 7 por ciento, nada impide realizar varias redeterminaciones”, indica La Fábrica porteña.

Por año, el dinero se reparte entre cuatros empresas:

- Briefing Security S.A.: 27,9 millones de pesos.

- Comague Seguridad Privada S.A.: 28,2 millones.

- Líderes Consultores en Seguridad SRL: 39,2 millones.

- Murata S.A. Yusion SRL Security S.A.: 28,5 millones.

Se trata, en todos los casos, de montos anuales proporcionales al contrato. El informe de La Fábrica porteña indica que este año se sumó otra empresa, Prosegur, que no estaba en la licitación original. Recibió 2,2 millones de pesos por sus servicios.

A esto se suman los gastos que se permite realizar a cada ministerio y subsecretaría. La Fábrica porteña señala que “debería cuestionarse la legitimidad que da sustento legal a estas contrataciones”. Mediante un decreto, “el jefe de Gobierno faculta a ministros y subsecretarios a realizar ‘gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios esenciales’. Por medio de ese mecanismo, este primer semestre se autorizaron pagos que alcanzan casi la totalidad de los montos previstos para las empresas este año”. La ejecución está “librada a resoluciones de ministros o subsecretarios sin establecer un control efectivo de las mismas”.

“La inversión en seguridad privada del gobierno porteño releva tres aspectos: primero, que la ciudad es un distrito rico y que Macri no ha logrado traducir esa holgura fiscal en una ciudad inclusiva y eficiente”, considera Matías Barroetaveña, coordinador de La Fábrica porteña. “Segundo, su preocupación por la seguridad es meramente declarativa, porque no ha invertido esos recursos públicos en la formación de una policía distrital que logre cubrir la totalidad de al menos una comuna –indicó–. Y un tercer aspecto es la obsesión del gobierno porteño por generarle al sector privado, en este caso a un puñado de empresas, negocios fabulosos a costa del presupuesto publico.”