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Por José Maggi
Desde Rosario

La Quinta de Funes fue uno de los más emblemáticos centros clandestinos de detención de la dictadura militar en Rosario. De allí desaparecieron decenas de secuestrados y en ese lugar estuvo detenido Tucho Valenzuela, que logró burlar al propio Leopoldo Galtieri aun arriesgando la vida de su mujer y su hijo. Ayer, un fiscal federal de esta ciudad solicitó la reapertura de la investigación penal sobre este caso con jurisdicción en el área del II Cuerpo de Ejército. El procedimiento dictaminó además la nulidad de las leyes de impunidad para este caso y abre la puerta para la posterior reapertura de la causa madre conocida como causa Feced.
En diálogo con Página/12, el fiscal federal Francisco Sosa explicó que el fundamento de su dictamen de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida “es un dictamen del procurador Nicolás Becerra, y sería lastimoso que yo lo parcializara”, por lo cual se comprometió a entregar una copia hoy en su despacho de boulevar Oroño al 900.
Basado en ese dictamen que el propio Sosa calificó de “ejemplar”, le requirió al juez “la instrucción de la causa Quinta de Funes porque entiendo que hay suficientes elementos para dictar la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que al caerse permitirán investigar las denuncias que ha presentado la querella en esta causa”.
“Es una noticia excelente”, confesó la abogada especialista en Derechos Humanos Matilde Bruera, recordando que este último capítulo en la lucha se comenzó a escribir “hace veinte días, cuando los abogados que patrocinamos a los querellantes en esta causa solicitamos que se comenzara la causa penal con efectos plenos, a partir de la última ley del Congreso nacional que resolvió la anulación de las leyes de impunidad”. Y agregó que “es realmente algo por lo que tanto los familiares de las víctimas como los organismo de derechos humanos, como todos los abogados que venimos trabajando desde hace mucho, hoy tenemos una gran satisfacción, ya que por fin Rosario comienza a transitar un camino más serio en relación a la investigación de estos hechos”.
La letrada, que forma parte del Equipo Jurídico de Derechos Humanos, explicó que “en general en todas las causas, cuando hay un dictamen fiscal favorable, se le pide al juez que abra una instrucción penal, quien para negarse debe tener argumentos en contra”. En este caso y más teniendo en cuenta que el dictamen de Sosa se basa en uno similar redactado por el procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, los argumentos del magistrado debieran ser mucho más solidos al momento de rebatirlos. Algo que en rigor ayer se descartaba en el propio juzgado.