La Cámara de Diputados aprobó anoche el paquete de leyes para la implementación del nuevo Código Procesal Penal. A esas cinco iniciativas también se les incorporó el régimen de subrogancias para los tribunales inferiores, que había sido tratado y aprobado de manera conjunta con este paquete en el Senado, hace dos semanas. “Si hoy estamos poniendo en debate el sistema procesal penal argentino es porque queremos defender a los más vulnerables, porque queremos que tengan derechos las víctimas y sus familiares, queremos un sistema procesal público, abierto con control social y no un sistema oscuro de los expedientes a los que nadie puede acceder”, aseguró Pablo Kosiner, encargado de cerrar el debate por el Frente para la Victoria. Desde la oposición centraron sus críticas en la figura de la procuradora Alejandra Gils Carbó, y en que la aplicación del nuevo Código comenzará por la Justicia ordinaria de la Capital Federal y luego por la Justicia federal.

Luego de más de ocho horas de debate, la aplicación del Código Procesal Penal completó ayer su largo trámite parlamentario. Al filo de la medianoche se realizó la votación, que se hizo por cada proyecto separado y que contó con el respaldo mayoritario del kirchnerismo y sus aliados: el régimen de subrogancias se aprobó por 130 votos a favor y 88 en contra; la organización y competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal, por 130 a 88; la modificación del Código Penal por 187 a 29, con las abstenciones de Miriam Bregman y Nicolás del Caño (FIT); el régimen orgánico del Ministerio Público Fiscal por 130 a 88; ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa por 163 a 55 y la implementación del Código Procesal Penal por 133 a 81 con las abstenciones de Bregman, Del Caño y Pablo López (FIT). Las iniciativas complementan la reforma del Código sancionada a fin del año pasado, que implica un cambio del paradigma del sistema inquisitivo, en el que el juez es quien dirige la investigación penal, al sistema acusatorio, en el que la investigación corre por cuenta exclusiva del fiscal.

“Este proyecto nacional va a seguir andando, asegurando justicia y mayores derechos; porque algo tuvieron Néstor y Cristina en la grandeza de tomar grandes luchas populares, hacerlas banderas y llevarlas hasta la victoria”, expresó Conti. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales consideró que las críticas de la oposición responden a una cuestión política. “Es una oposición que no puede caminar y construir territorio y busca los estrados judiciales y a la Corte para apañarse y jugar en contra de los intereses populares y a favor de los intereses corporativos”, disparó la diputada, quien refutó una de las críticas opositoras respecto de la ley de subrogancias: “A ninguno le importaba como se llenaban la subrogancias cuando tenían la funcionalidad del partido judicial y el aparato mediático. El consejo de la magistratura nombra subrogantes desde su creación”, les espetó a los opositores.

La kirchnerista Anabel Fernández Sagasti también retrucó las críticas opositoras respecto del nuevo Código, que entrará en funcionamiento a partir del 1º de marzo en la Justicia nacional de la Capital. El diputado del PRO Pablo Tonelli aseguró que se “viola la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, dado que la Justicia Nacional en lo Penal de la Capital Federal está destinada a ser traspasada a la Ciudad y el Congreso carece de atribuciones para ordenarla”. El diputado macrista sostuvo que debería haberse dispuesto primero la transferencia de la Justicia Nacional y diseñar la aplicación directamente sobre la Justicia Federal, que investiga delitos complejos como narcotráfico, corrupción y trata de personas. Fernández Sagasti explicó que hasta que no sea traspasada, la Justicia Nacional se rige por el nuevo Código y que será la comisión bicameral la que establecerá dónde y cuándo se continuará con la implementación. “El objetivo no es colonizar la Justicia argentina sino simplemente mejorar el acceso a la justicia de todos los argentinos, dándole un ordenamiento jurídico más justo, más eficiente y más cerca del pueblo”, concluyó la diputada.

El radical Manuel Garrido fue uno de los que mayor énfasis puso en la nueva ley del Ministerio Público Fiscal y en Gils Carbó. “Estamos estableciendo una monarquía dentro del sistema democrático republicano: no existen organismos de control internos ni externos de la Procuración que puedan revisar sus acciones y tampoco garantiza un buen funcionamiento que el cargo sea vitalicio o que nombre a su propio reemplazo”, advirtió Garrido, una de las principales voces de la UCR. “La Procuración no empezó con Gils Carbó, ni los fiscales todos empezaron con ella. Estamos haciendo un abuso de la estigmatización de un funcionario para destruir una institución tan importante como es el ministerio público”, respondió la kirchnerista Graciela Giannettasio. Al momento del cierre, los jefes de los bloques opositores Federico Pinedo (PRO) y Mario Negri (UCR) hicieron una crítica política al paquete de medidas. “El Gobierno propone que aprobemos varias leyes que le permitirán al kirchnerismo designar arbitrariamente a los jueces y a los fiscales. Se está buscando impunidad para los amigos o para uno mismo”, dijo el macrista. “A los que dicen que lo hacemos por impunidad, les digo que no la necesitamos; pero lo que sí necesitamos es Justicia, son fiscales que atiendan los reclamos de las víctimas. Y son estas las leyes que ofrecemos, ya que por mezquindades de la oposición no pudimos aprobar el nuevo Código Penal”, respondió la kirchnerista Diana Conti, quien acusó a la oposición de “hundir a la democracia”.