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Los gobiernos nacional y bonaerense planean extender la llamada ocupación de barrios críticos a unas diez villas de emergencia. Esa iniciativa levantó fuertes polémicas cuando se puso en marcha en los tres primeros barrios sometidos a estrictos controles por las fuerzas de seguridad: la villa La Cava, la Carlos Gardel y el barrio Ejército de Los Andes, más conocido como Fuerte Apache. Allí actúan la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y la Bonaerense. “Los robos y los homicidios bajaron casi a cero –dijo un altísimo funcionario a Página/12–. Revisamos los coches que entran, les hacemos abrir el baúl, palpamos de armas a buena parte de la gente que llega o se va y, con esas acciones, ya no entra ningún auto robado, no meten personas víctimas de un secuestro express y se redujo totalmente la gente que se mueve con armas.” El próximo paso en esos tres barrios será social: hacer llegar más planes de Jefes y Jefas de Hogar, lograr que funcionen a pleno las escuelas, instalar luz en las zonas oscuras y servicios de distinto tipo. Pero el plan del Ejecutivo es “que el Estado ocupe otros barrios”, según la expresión que usan en el Gobierno. Mañana mismo habrá una reunión con delegados de la Villa 31, de la Capital Federal, para instrumentar un plan parecido.
El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, el secretario de Seguridad, Norberto Quantin, y el ministro de Seguridad bonaerense, Raúl Rivara, sostienen que “la gente nos recibió muy bien y está muy conforme con lo que se ha hecho”. Los tres funcionarios estuvieron en Fuerte Apache el jueves y están de acuerdo en extender lo que llaman plan de ocupación del Estado a un total de diez barrios críticos desde el punto de vista de la seguridad.
Las críticas a estos operativos son varias:
- Son discriminatorios, ya que significa un control de una franja de vecinos pobres a los que se convierte casi automáticamente en sospechosos.
- Hay operativos arbitrarios en los que, según algunos de los vecinos, se maltrata e incluso hubo golpes contra habitantes de los barrios, especialmente jóvenes. Además, se trata de ejercer una especie de control social, evitando que la gente se organice para protestar.
- Es un bálsamo sólo temporal: “Los de la Gendarmería, la Prefectura y la Federal no se van a quedar eternamente. Además, ahora algunos de los malandras se fueron del barrio para no pasar por los operativos. Cuando se vayan las fuerzas, volverá la Bonaerense y los malandras y esto será lo que fue: un territorio proclive a los delitos perpetrados por algunos, con complicidad de los de uniforme”.
El desarmadero
En el Gobierno rechazan estas críticas aunque admiten que en algunos casos todavía hay rispidez. “Mire, de entrada se decía que en Fuerte Apache, en Ciudadela, nos iban a disparar desde los techos –le dijo a este diario uno de los responsables de los operativos–. Lo real es que vino la gente del propio barrio y nos dio las llaves de las terrazas y nadie disparó un tiro. Y desde ya le digo que ahí, en el barrio Ejército de los Andes, funcionaba una organización aceitada de robo y desarme de coches. Por ejemplo, los delincuentes metían un auto en el barrio, le sacaban las partes que a ellos les resultaban importantes y después le rompían el parabrisas. Esa era la señal para que otras personas del barrio terminaran con el resto del auto, quedándose con repuestos menores, pero que también se vendían. O sea que era una especie de peaje que pagaba la mafia de los coches. Hoy en día eso bajó a cero y la relación entre gendarmes y vecinos es muy buena.”
El express
Según la Casa Rosada, en la villa Carlos Gardel, de El Palomar, había una organización que escondía a personas secuestradas: “No se trataba decasos de envergadura, no había cabida allí para personas a ser mantenidas en cautiverio durante varios días, pero sí por algunas horas. Eso se terminó totalmente, de la misma manera que ya no meten adentro a personas con sus autos, a los que les robaban todo”. Las mismas modalidades eran las que, según los estudios oficiales, primaban en la villa La Cava, en San Isidro.
La ocupación
Según afirman en el Gobierno, el objetivo en los tres barrios críticos fue “ocupar los espacios públicos”. Esto significa que la Policía Federal (villa Carlos Gardel), la Gendarmería (Fuerte Apache) y la Prefectura (villa La Cava) controlan las calles, plazas y las entradas y salidas del barrio. “Le pedimos papeles a todo auto que llega, lo que significa que no entran autos robados. Les hacemos abrir el baúl, para ver que no ingresen armas ni personas secuestradas. A una parte de los que entran, los palpamos de armas. A esta altura, de todas maneras, ya el ambiente cambió mucho y hay bastante conocimiento entre la gente y los efectivos. De manera que los efectivos ya tienen una idea de cómo hacer su trabajo. Es cierto que hay algunos que se llevan mejor y otros peor con la gente.”
Seguridad
En la Secretaría de Seguridad aseguran que “los robos son fenómenos de barrio: casi todos se producen a diez, veinte o treinta cuadras de donde vive el ladrón. Es muy raro encontrar casos de un ladrón que se toma el tren o el colectivo y se traslada mucho para hacer un robo. Eso ya es propio de algo más organizado, de una banda un poco más fuerte y no del fenómeno que vemos más habitualmente: un grupo de pibes o no tan pibes que se juntan para robar en un negocio, a una persona o a un domicilio. Por eso, la presencia del Estado en Carlos Gardel, La Cava y Ejército de los Andes cambió la seguridad en todos los alrededores. Y por eso queremos avanzar hacia otros barrios”.
El lado social
En el Ejecutivo ven que la situación de esos tres barrios no es únicamente una cuestión de seguridad, sino que los habitantes de la Carlos Gardel, la Cava y Fuerte Apache estaban abandonados por el Estado. Por ello, se habla ahora de una segunda fase de los operativos, con mucho más énfasis en lo social. Así lo explica un altísimo funcionario de Seguridad:
- “Las empresas de limpieza argumentaban que no podían entrar a los barrios porque les robaban los camiones. Eso hacía que ni siquiera se sacaba la basura. El olor era terrible. Estamos hablando con los intendentes y cambiaron las cosas, pero tienen que cambiar mucho más”.
- “No es lo mismo que en el medio del barrio haya un descampado oscuro que una plaza bien cuidada. Empezamos a hablar con los municipios para encarar mejoras en las calles y las plazas”.
- “La Gendarmería empezó a llevar a Fuerte Apache a algunos dentistas. El Ministerio de Salud aporta los elementos y la fuerza a los profesionales. Eso tenemos que multiplicarlo”.
- “Nosotros vimos una situación dramática: en la Carlos Gardel hay una escuela con un buen edificio, pero los maestros no conseguían hacer entrar a los chicos al aula. No tenían autoridad sobre los chicos y hasta había cierto miedo de los maestros, de manera que los alumnos no entraban a clase, estaban toda la mañana en el patio. En una de mis recorridas, me encontré con un pibe de unos 14 años que tenía puesta la camiseta del Bayern Munich. Se me ocurrió preguntarle dónde quedaba Munich. Me contestó: “Acá, como a 50 cuadras”. Y estamos hablando de un pibe de 14 años. La idea es empezar a pelear por la escolaridad. Por ejemplo, tenemos la idea de conceder planes de Jefes y Jefas de Hogar, pero sujetos a que los hijos cumplan con la escolaridad. También se otorgarán premios a los mejores alumnos y queremos poner en marcha varias iniciativas de ese tipo”.
- “También hay que hacer hincapié en el deporte. Aunque un pibe no vaya al colegio, el deporte le puede dar una contención. Eso lo vamos a desarrollar como sea. De alguna manera, buscamos que la gente reconquiste la idea de barrio, de pertenencia”.
“Estos son ingredientes de una etapa que iniciamos ahora, sobre la base de que vemos los barrios bastante pacificados. Si avanzamos en estos terrenos, es posible que podamos bajar la cantidad de efectivos que tenemos asignados a esos barrios”, redondeó el funcionario.
Punteros
–¿No encuentran oposición en los operativos de ocupación de los tres barrios?
–Le insisto en que nos reciben bien –se defiende uno de los encargados de los operativos–. Hay una situación de tensión con los punteros políticos. A ésos les estamos tocando algunos de los negocios que tenían y hay ciertos choques con ellos.
Aunque no lo dicen con claridad para no enfrentarse con los intendentes, las tensiones se plantean con los hombres que los jefes comunales tienen en las villas. La aparición de fuerzas de seguridad no habituales, ya que lo habitual era que merodeara la Bonaerense, resulta algo incómodo para las estructuras clientelares instaladas en los barrios. Más todavía si ahora aparece la estrategia de otorgar planes de Jefes y Jefas de Hogar, un terreno en el que competirán con los punteros de los caciques municipales. La Cava, por ejemplo, está dominada por la estructura del intendente de origen radical, Gustavo Posse, mientras que en la Carlos Gardel y Fuerte Apache domina el justicialismo.
Está la otra campana, la de los dirigentes barriales y organizaciones piqueteras que sostienen que la irrupción de las fuerzas de seguridad justamente tiene como objetivo reinstalar al PJ y bloquear el crecimiento allí de cualquier grupo piquetero o de izquierda. No faltan quienes aseguran que en los últimos años el peronismo ha perdido mucho peso en las villas, mientras que crecen las fuerzas de izquierda y piqueteras que lograron establecerse a partir de los comedores, los microemprendimientos y la organización de los desocupados. “Quieren militarizar los barrios para frenar la protesta”, argumentan desde la izquierda.
La Villa 31 y otros barrios
El Gobierno se prepara para extender el operativo de La Cava, Carlos Gardel y Fuerte Apache a un total de aproximadamente diez barrios en 2004 (ver nota en página 4). Sostienen que habrá que avanzar paso a paso, entre otras cosas porque dicen que no tienen los efectivos de seguridad necesarios para hacerlo. “La idea es terminar de pacificar los tres barrios en los que estamos, poner en marcha la etapa más social, ir reduciendo la cantidad de efectivos allí, y avanzar sobre otros barrios críticos. El primer paso lo vamos a dar mañana con una reunión con los delegados de la Villa 31. Sería una forma novedosa de aplicar el plan, porque sería sobre la base de un acuerdo con la propia gente del barrio.” Los nuevos barrios a ocupar son un secreto que, por ahora, se guardan los funcionarios. Dicen que la guía será un mapa del delito, todavía deficiente, que manejan los gobiernos nacional y bonaerense. En todo caso el debate está instalado en todas sus aristas:
- Si mejora o no la vida de los propios habitantes de los barrios.
- Si es discriminatorio.
- Si tiene un contenido político, para reforzar al peronismo y debilitar a las organizaciones piqueteras.
- Si sólo mejora las cosas temporalmente y no de fondo, porque los más pesados por ahora se mudaron y tarde o temprano volverán.
u Si todo irá para peor cuando también vuelva la Bonaerense a controlar esos barrios.
u Si no se trata únicamente de una aspirina para enfrentar una enfermedad de otra envergadura, originada en la falta de trabajo, la pobreza y la desigualdad.
Seguramente el debate va a crecer juntamente con la avanzada del Ejecutivo hacia otros barrios.