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La Argentina se comprometió, en el acuerdo con el FMI de septiembre de 2003, a destinar 10 mil millones de pesos, a nivel del gobierno nacional (unos 2500 millones más, computando también las provincias), para pagar intereses de la deuda durante el 2004. Sin embargo, va a terminar pagando bastante más en los hechos: es el costo a afrontar por una economía en briosa recuperación. Según prevén en promedio los economistas, a nivel gobierno nacional los pagos serán de $ 11.905 millones, es decir, 19 por ciento más de lo nominalmente estipulado. El dato corresponde a la mediana (una especie de media) de las proyecciones consignadas en el REM (relevamiento de expectativas del mercado) que realiza el Banco Central. Esto es la consecuencia de un aumento superior al previsto en el Producto, ya consumado en 2003 y en perspectiva en 2004, y de la dinámica de la recaudación. El reajuste ya está contemplado en el acuerdo mismo, porque los montos anotados para los trimestres segundo, tercero y cuarto del año en curso constituyen sólo “metas indicativas” y no “de performance”. Aquellas metas están sujetas a revisión, a medida que la realidad corrige las proyecciones.
Siempre de acuerdo a la mediana del REM, el PIB 2004 alcanzará finalmente a $ 420.313 millones, y el superávit primario nacional trepará a 2,8 por ciento, en lugar del previsto 2,4 (que, con el añadido del 0,6 provincial, llegaba a un 3,0 por ciento total). En realidad, en torno de esto deberá haber negociaciones técnicas con el Fondo, porque en el acuerdo lo único totalmente cerrado (criterio de performance) fue el compromiso para el primer trimestre: 1100 millones, los que fueron largamente desbordados. Pero desde ya se descuenta que los 10 mil millones serán claramente aumentados en 2004, y qué duda cabe en 2005 y 2006.
Ahora bien: Brasil está reclamando –y el ahora dimitido Horst Köhler acogió favorablemente la propuesta– que la inversión pública (también llamada gasto de capital) no sea computada como gasto, lo que permitiría flexibilizar las metas fiscales (abriéndole margen a Lula para su ambicioso programa de viviendas, por ejemplo). Obviamente, si el Fondo adopta este criterio, también valdrá para los restantes miembros, incluida la Argentina. Aquí el presupuesto consolidado prevé para este año gastos de capital equivalentes a 1,9 por ciento del PIB, formando parte de un gasto total (sin contar intereses de la deuda) de 22,3 por ciento, frente a ingresos de 25,3 por ciento, de donde surge el superávit primario de 3 puntos del Producto.
Pero si aquel 1,9 por ciento marcado para inversión pública deja de considerarse gasto, éste (el total) caería a 20,4 por ciento del PIB, con lo que el superávit primario treparía a 4,9 puntos. Esto no permitiría, sin embargo, reducir la cantidad de dinero destinada a atender la deuda y reorientar fondos hacia otros conceptos, porque los recursos asignados a cancelar intereses del endeudamiento forman parte de un compromiso aparte. Primero se acordó cuánta plata se apartaría para saldar intereses, y esa suma resultó igual a 3 por ciento del PIB proyectado, y no al revés. Por tanto, la única utilidad de pasar abajo de la línea la inversión pública –vale decir, excluirla del cómputo del gasto total– consiste en facilitar el cumplimiento de determinada meta de gasto fiscal.
Lo que quiere Brasil es, además de eso, absolutamente racional, porque al considerarse la inversión como gasto, se distorsiona el resultado patrimonial del sector público. Este, al invertir, como ocurre con cualquier empresa, eleva su capacidad de producción de bienes o servicios, o la de toda la economía, lo que a su vez implica mayor recaudación futura. Por ende, toda la parte del déficit fiscal que es ocasionada por la inversión (obra pública, por ejemplo) no refleja un deterioro patrimonial. El Estado no se gastó un ingreso en sueldos o transferencias corrientes, sino que transformó un activo en otro. Cambia así la baseconceptual para discutir los agregados presupuestarios con el staff del Fondo. Pero, en lo inmediato y concreto, no modifica nada sustancial.