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Aunque la fórmula definitiva no está resuelta, algo es seguro: el gobierno nacional terminará encontrándole la vuelta a su decisión política de desmontar la red que debería ofrecer seguridad en el Gran Buenos Aires, una red insegura que incluye a estructuras de la Policía Bonaerense y protección, tolerancia o sociedad con punteros políticos del conurbano.
El asesinato de Axel Blumberg es a la seguridad en la provincia lo mismo que la batahola en el Congreso del Partido Justicialista fue a la relación de Néstor Kirchner con el peronismo. La muerte confusa, con sospechas de participación o inacción policial, es suficientemente intolerable como para que el Presidente pueda avanzar fuera de la General Paz con legitimidad pública. Y también es intolerable para Felipe Solá, que si no cambia a la Bonaerense corre el riesgo de sucumbir con ella.
El paquete recién está bajo estudio y, solo para adelantar un esquema, tiene una hipótesis mínima y otra máxima, aunque nadie puede descartar soluciones mixtas.
La mínima es una fuerza determinada por el tipo de delitos que debería prevenir e investigar. Sería una fuerza federal para delitos federales, de alcance nacional, como el secuestro y el narcotráfico.
La máxima es una fuerza a crearse no por el delito a combatir sino por la jurisdicción. Intervendría en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
La mínima sería una suerte de FBI en chiquito. Su ventaja sería la operatividad. Su desventaja, la superposición de despliegue en el mismo territorio que la Bonaerense.
La ventaja de la variante máxima consistiría en que no habría choques con la Bonaerense. También tendría un beneficio político: al ser nueva, presentaría el beneficio inicial de una fuerza de seguridad que no se articula con la red de intendentes y punteros que denunció el viceministro de seguridad bonaerense Marcelo Saín a costa de su cargo.
En la situación de los últimos meses, de desconfianza del gobierno nacional hacia lo que califica de conducta errática de Solá, parece evidente que Kirchner jugará en el Gran Buenos Aires. Sus colaboradores más inmediatos suelen repetir una frase del Presidente: “Si no arreglamos el desastre de la Bonaerense, primero estará en problemas Felipe y después nosotros”.
Si se mira hacia atrás, el origen del descalabro actual está en el momento en que Eduardo Duhalde, todavía gobernador, sacrificó la reforma policial de Carlos Arslanian para favorecer la candidatura de Carlos Ruckauf, que ganó la gobernación y dos años después huyó mientras Fernando de la Rúa dejaba la Casa Rosada. La reforma quería pulverizar a la Bonaerense como fuerza centralizada. Y, a la vez, aumentaba el control sobre la policía para que dejase de ser una banda.
La fórmula nueva es una incógnita y presenta aspectos muy complejos. Uno de ellos, la interrupción del traspaso de la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ninguna teoría resolverá una clave de cualquier política de seguridad, que es quién manda desde el gobierno y quién opera en la calle.
Una pregunta a contestar es si, en el caso de una fuerza metropolitana, los efectivos dependerán del actual secretario de Seguridad, Norberto Quantín. Este diario publicó que revistaba con Quantín, por ejemplo, el teniente coronel Armando Zarabozo. Según dijeron a Página/12 funcionarios del propio gobierno, el militar retirado está relacionado con Enrique Venturino, jefe de inteligencia del levantamiento carapintada de Aldo Rico. Zarabozo viene del Movimiento de Integración Nacional fundado por Rico. También fue publicada aquí la trama que estaba detrás del polígono de la Gendarmería habilitado irregularmente (y luego cerrado por decisión del ministro Gustavo Beliz) muy cerca de Puerto Madero. Este diario reveló que la cúpula de la Gendarmería, encabezada por los comandantes Eduardo González y Gerardo Chaumont, toleraron esa irregularidad, y mostró la continuidad entre la cúpula actual y la que sobrevivió a una venta de cigarrillos de contrabando incautados antes por la Gendarmería.
Queda la pregunta de quién operaría la eventual fuerza metropolitana. El actual hombre fuerte de la Policía Federal es el comisario Jorge Alberto Palacios, un oficial veterano que se encargaba de investigación antiterrorista cuando la Argentina no descubrió quién cometió los atentados de la embajada de Israel y la AMIA. Un alto funcionario dijo a Página/12 que el gobierno nacional analiza estos días qué relación tiene Palacios con Jorge Sagorsky, uno de los detenidos por el caso Blumberg. La Justicia investiga a Sagorsky por presuntos vínculos con el negocio de los autos robados y la conexión con secuestros extorsivos. A fines de febrero, el periodista Martín Pitón difundió en Radio América la grabación de una conversación entre Sagorsky y Palacios, luego de otra entre Sagorsky y el comisario retirado Carlos Gallone, un represor beneficiado con la Ley de Punto Final. Durante la conversación hablaron de una cuatro por cuatro para ir a pescar. Y se despidieron con un abrazo y la promesa de un cafecito.