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Fue toda una demostración de histrionismo. El juez de la Corte, Adolfo Vázquez, montó toda una escena frente a la Comisión de Juicio Político. Buscó mostrarse seguro, confiado, ante aquellos que le instruyen la causa por mal desempeño. Sin embargo, sus manos no pararon de temblar durante la lectura de su descargo. Nunca miró a los ojos a los diputados y mucho menos cuando aseguró que el juicio se había “politizado”, dijo que a su entender mucho de los integrantes de la comisión lo “prejuzgaron” y culpó por las acusaciones reunidas por la comisión a “un sector de la izquierda al que no le gusta la propiedad privada”. Afirmaciones consideradas como provocativas por los legisladores que decidieron no responder. Con este testimonio, se cerró la penúltima etapa de la instrucción del juicio político a la Corte Suprema. Sólo resta que los diputados redacten las acusaciones que deberán ser aprobadas en el recinto. Período donde muchos integrantes de la comisión sospechan que el PJ, y sobre todo el duhaldismo, aprovechará para “planchar” el juicio.
Para prevenir algún escrache, Vázquez ingresó directamente por las cocheras del subsuelo y utilizó los ascensores destinados para los empleados de la Cámara baja. Un verdadero corralito le permitió al cortesano circular con libertad por los pasillos del Anexo del Congreso.
Curiosas son las vueltas de la vida. El juez llegó acompañado de su abogado defensor, Virgilio Loiácono, quien fungió de secretario Legal y Técnico durante la administración de Fernando de la Rúa y tuvo a su cargo la firma del decreto que implementó el mentado corralito. Decreto que provocó las polémicas acordadas de la Corte y que provocaron pedidos de juicio político contra los jueces que firmaron tales decisiones, uno de ellos es Vázquez.
Una vez frente a la comisión, Vázquez entregó primero tres carpetas donde responde a cada una de las imputaciones que se le realiza. A renglón seguido pasó a leer un descargo general, y con voz pausada y firme lanzó varios dardos hacia los diputados. Primero dijo que en los cargos que se le imputan “hay imprecisiones e irregularidades”. Luego afirmó que “no estamos frente a un juicio político sino a un juicio politizado”. No levantó la vista, pero esperó la reacción de sus interlocutores. Para su sorpresa, ninguno de los legisladores abrió la boca. Sólo cruzaron miradas y una que otra sonrisa. Toda una muestra de que el acuerdo previo entre los diputados se estaba cumpliendo: cumplir a rajatabla el reglamento y atenerse sólo a escuchar el descargo.
Si bien son ocho los casos que abrieron el juicio político contra el magistrado, en la lectura de su descargo, Vázquez le dedicó especial atención al caso del corralito porque lo consideró “una represalia por el fallo que disgustó al poder”. El supremo justificó las cuestionadas acordadas diciendo que en el caso Smith, la Corte “entró en el fondo de la cuestión y se declaró inconstitucional el decreto 1570 (corralito)”. Frase que repitió en tres oportunidades y provocó que los diputados escudriñaran el rostro de Loiácono en busca de alguna reacción. El ex funcionario delarruista ni siquiera respiró.
En el voluminoso escrito que entregó abundó un poco más en esta cuestión donde se permitió criticar las protestas contra la Corte. Para ello se recurrió a una frase de Hobbes que dice que “el entendimiento de las gentes vulgares... es como el papel en blanco, apto para recibir cualquier cosa que la autoridad pública desee imprimir en él”.
Cuando Vázquez terminó su exposición, volvió a esperar la reacción de los diputados. Otra vez un silencio que sólo se rompió cuando Acevedo le agradeció la presencia y levantó la reunión. Ya en el pasillo, el supremo le dijo a Acevedo que estaba sorprendido por la reacción de los legisladores. “Realmente esperaba un cruce de opinión. La verdad que me trataron con respeto”, le dijo. El santacruceño, sonriendo, le respondió con una sola frase: “El reglamento de la comisión estipula que éste es un trámite donde sólo hablan los imputados”.
La exposición del ministro de la Corte duró unos 45 minutos y después entregó a Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados, un escrito con sus objeciones contra la comisión que coinciden con la posición que el menemismo llevó hace 15 días a la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, y que perdió por 15 votos a 5.
Cuando Vázquez abandonó el salón donde sesionó la comisión, el primero en dejar salir una expresión fue el tucumano Ricardo Falú, quien dijo que “cuanto más los escucho y leo los descargos de los jueces, más convencido estoy que corresponde la acusación”.
A partir de ahora comienza la redacción de las acusaciones contra los nueve magistrados. La comisión debe decidir si lo hace por separado o a todos juntos. Pero eso tal vez no es lo más importante, porque una vez que estén escritas las acusaciones comenzará el debate en los bloques. En el PJ, por caso, sus autoridades ya anticiparon que se tomarán los días necesarios para analizarlos y recién decidir si los apoyan. Varios de los integrantes justicialistas de la comisión sospechan que “ese el ámbito donde se puede producir el enfriamiento del tema que promueve el Poder Ejecutivo”. Estos mismos diputados creen que lo único que puede evitar el aplazamiento de la decisión es la presión pública. Por lo tanto, de no mediar postergaciones, la acusación puede llegar al recinto en la primera semana de mayo.