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Con excepción del macrismo y sus aliados, la mayoría de los bloques de la Legislatura porteña rechazan la reforma, sobre todo por las modificaciones que penalizan la protesta social, bajan a los 16 años la imputabilidad, reprimen la venta ambulante y prohíben la oferta y demanda de sexo en lugares públicos. Gustavo Palmieri, director del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuestionó el nuevo código que debe ser aprobado punto por punto, porque “plasma en la práctica una política de corte manifiestamente represiva” que “vulnera principios y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos”.
Uno de los cuestionamientos que hace el CELS se debe a que “el arresto pasó a ser la pena principal” contemplada en el nuevo código. “De un total de 87 figuras contravencionales, en 56 se prevé la pena de arresto, lo que significa aproximadamente el 65 por ciento de ese total”. Por el contrario, en el Código Contravencional que se pretende modificar “sólo 16 figuras establecen la pena de arresto. Además –dijo Palmieri–, la sanción de arresto fue establecida según parámetros absolutamente arbitrarios que son independientes de la gravedad del hecho”.
“La reforma tiene una lógica penal y reflota la sanción de las mismas conductas, que antes eran sancionadas por los edictos policiales que fueron derogados, para dar paso al actual Código de Convivencia, como ser lo que se refiere a la venta ambulante o a la oferta de sexo”. Palmieri insistió en la desmesura que, en opinión del CELS, adquiere la sanción de arresto y los montos establecidos en la reforma. “Algunos límites para la privación ilegal de la libertad llegan a los 90 días y superan largamente, son tres veces más importantes, que los que establece el propio Código Penal al sancionar los delitos leves”.
De acuerdo con la visión del CELS, “lo más grave está relacionado con las inconstitucionalidades y en el caso de la baja de la edad de imputabilidad, la medida no se condice con lo que establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, de la cual el país es garante. Uno de los aspectos criticados fue la “eliminación del principio de lesividad”, contemplado en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que pone límites a las sanciones represivas. El principio de lesividad determina que “el derecho represivo carece de razón de ser cuando se sanciona a quien realiza comportamientos inocuos para intereses o bienes de terceras personas”.
“En la reforma –explicó Palmieri–, se reflotan figuras predelictuales que formaban parte de los edictos policiales, como ser la presencia de manifestantes en las inmediaciones de inmobiliarias o de bancos, o la portación de elementos como los que puedan ser utilizados por abrir cerraduras”. Palmieri cuestionó, además, que “se establezcan modificaciones a la Justicia Contravencional sin siquiera contemplar el traslado de los casos menores a una Justicia Vecinal que ni siquiera está siendo contemplada en el nuevo Código; no es que no se esté desarrollando esa Justicia Vecinal sino que ni siquiera está en una etapa de subdesarrollo”. La postura del CELS es compartida por organizaciones como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la CTA o el gremio que nuclea a las trabajadoras sexuales, entre otras entidades.