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En mayo de 2004, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recibió un pedido para que investigara de manera urgente el funcionamiento de una serie de mercados sensibles para la economía. Eran rubros que figuraban entre los que más habían aumentado sus precios desde la devaluación, con un fuerte impacto social: carnes, aluminio para envases de alimentos y bebidas, harinas, aceites, acero por su incidencia en el precio de la hojalata y envases de conservas, plásticos, papel y cartón. Esos sectores se caracterizan por un alto nivel de concentración y escasa transparencia. La investigación, sin embargo, nunca se realizó. Y la escalada inflacionaria del primer trimestre los volvió a tener como protagonistas. “El Gobierno habla de ‘democracia o dictadura de mercado’, pero resigna una herramienta clave para combatir los monopolios y contener la inflación”, protestan las asociaciones de consumidores.
Lo más llamativo es que la queja no es sólo de ellas. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor, a cargo de Patricia Vaca Narvaja, y con el apoyo político de Alberto Fernández, también reprocha al Ministerio de Economía por cómo maneja el tema. De hecho, el pedido de investigación citado al comienzo fue formulado por esa dependencia. Roberto Lavagna hace oídos sordos a las críticas y resiste cualquier intento por quitarle el control de ese espacio. Hay una fuerte polémica dentro del Poder Ejecutivo por este tema, pero hasta el momento el jefe de Hacienda ha conseguido el respaldo de Néstor Kirchner.
El ministro delegó en su secretario de Coordinación Técnica, Leonardo Madcur, la gestión de esta área fundamental. El funcionario –hijo del empresario de la construcción Monir Madcur– no tiene mucho tiempo para dedicarle a la cuestión, ocupado como está desde hace más de un año con la reestructuración de la deuda.
De Madcur depende, a su vez, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, organismo que no debería existir desde hace más de un lustro. En 1999 se aprobó una ley que disponía su reemplazo por un tribunal independiente. El cuerpo debería ser autónomo y sus fallos sólo podrían apelarse ante la Justicia, sin posibilidad de quedar bloqueados por los gobiernos de turno. La norma nunca se aplicó a pesar, incluso, de que Fernando de la Rúa firmó oportunamente un decreto reglamentario de la ley que le quitó al tribunal buena parte de su independencia.
“La Argentina tiene legislación antimonopólica desde 1923. Sin embargo, nunca se la usó como un instrumento de política económica. Hubo control de precios, planes de abastecimiento y, en el otro extremo, una retirada absoluta del Estado. Hoy sigue sin haber voluntad política para aplicar la ley de defensa de la competencia”, evaluó Américo García, especialista en el tema y presidente de Unión de Usuarios y Consumidores. “La falta de control deja el camino libre a los acuerdos de precios y a las rentas monopólicas, que se reflejan en el índice de inflación”, advirtió.
Vaca Narvaja hizo varias advertencias por esos aspectos ante la comisión. En diciembre pasado, reclamó una investigación por el comportamiento de tres rubros de consumo masivo: gaseosas, cervezas y pollos. Tres meses después, cuando los precios habían subido otro escalón, el organismo emitió su única respuesta hasta el momento: solicitó un informe detallado de los precios de los pollos. “La comisión es un cuerpo burocrático que mira pasar la realidad de costado. No aprieta las clavijas, no hace sentir su presencia, tiene una actitud pasiva”, describió Osvaldo Riopedre, director de la asociación de consumidores Adecua. Mientras tanto, “Lavagna culpa a los salarios por la inflación”, discrepó.
Defensa del Consumidor tampoco tuvo suerte con una denuncia contra Danone (La Serenísima) por fijación vertical de precios. La presentación fue realizada en agosto de 2004. El Gobierno ahora negocia con la empresa una reducción en el precio de la leche. Antes, a fines de abril, la acusada fue la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana, por interrumpir el contrato de abastecimiento a Medanito. El tema se solucionó a través de la Secretaríade Energía, luego de que la comisión se lo delegó. Otro pedido de investigación elevado por la cartera de Vaca Narvaja, a comienzos del año pasado, fue sobre las condiciones de operación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que controlan ampliamente el mercado de la aviación comercial. Defensa de la Competencia no hizo ninguna actuación.
“Acá los precios se mueven muy por encima de los costos de producción. Hay rentas monopólicas. La Comisión de Defensa de la Competencia debería hacer un seguimiento de los mercados más importantes e intervenir recomendando regulaciones”, remarcó García, de Unión de Usuarios y Consumidores.
El diputado Héctor Polino, también representante de la asociación Consumidores Libres, hizo hincapié en la violación a la ley de 1999 por la falta de creación del tribunal independiente. “Hay una intención manifiesta de subordinar el tribunal al Poder Ejecutivo, cuando el Congreso quiso que fuera independiente. Desde De la Rúa para acá, todos los gobiernos han demostrado que no tienen interés en cuidar las instituciones”, sentenció.
Lavagna prometió ya varias veces terminar con esa situación. Pero no mediante la constitución del tribunal –que debería hacerse por concurso–, sino con la modificación a la Ley de Defensa de la Competencia para que el cuerpo (jamás creado) deje de existir, ya de manera definitiva. El argumento, según fuentes del equipo económico, es que el Gobierno debe reservarse la facultad de administrar un área estratégica, para determinar qué fusiones o adquisiciones de empresas se permiten y cuáles no. “En Alemania y España son órganos políticos, por razones de interés nacional”, esgrimen. El proyecto ya fue elevado por Economía a Presidencia para que Néstor Kirch-
ner dé su aprobación definitiva y, tras ello, sea remitido al Congreso.
En Argentina hay una docena de mercados manejados por un puñado de empresas. Como señaló el suplemento Cash, entre ellos están el de la leche, azúcar, gaseosas, yerba, cigarrillos, higiene descartable, cremas dentales, hojas de afeitar, envases, hierro redondo, cemento, acero. También los mercados de combustibles, laboratorios, prepagas, telefonía celular y televisión por cable se comportan de manera poco transparente. Los consumidores son quienes pagan las consecuencias de la falta de competencia.