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Lejos de la polémica y el escándalo que la semana pasado rodeó al tema en Diputados, los senadores aprobaron ayer la nueva Ley de Quiebras. Tanto los peronistas como los radicales mostraron un manejo disciplinado de su bloque. En el caso del peronismo, las voces críticas pudieron escucharse en ocasión del debate, pero las manos de esos senadores estuvieron ausentes para la votación. Los radicales apoyaron en general, pero se manifestaron en contra cuando se discutieron en particular varios artículos de la ley. La sanción de la norma se obtuvo apenas unas horas antes de que Eduardo Duhalde partiera rumbo a España para participar de la II Cumbre Iberoamericana y del Caribe.
La frepasista porteña Vilma Ibarra, el radical fueguino Jorge Colazo, María Colombo, del Frente Cívico de Catamarca, y Nancy Avelín, de Cruzada Renovadora de San Juan, fueron los únicos cuatro votos en contra que registró el proyecto oficial. Para Ibarra la nueva ley abre las puertas para que el capital extranjero imponga su dominio sobre muchas empresas endeudadas. Así se lo señaló a Página/12, al afirmar: “Esta modificación trae aparejados riesgos graves para la economía, entre ellos una mayor extranjerización y el aumento de posiciones monopólicas”. Palabras más, palabras menos, ése fue el núcleo central de las visiones críticas al proyecto del Ejecutivo. Aunque no fueron muchos los manifestantes que rodearon el Congreso al momento de discutirse la norma, los condicionamientos sobrevolaron el recinto. “Una vez más se legisla bajo la presión de los intereses del FMI”, deslizó Ibarra a este diario.
La defensa del proyecto lo realizó la salteña Sonia Escudero. Intentando darle algún lustre a una ley que, cuando menos, se distingue por su condición de polémica, reivindicó “la necesidad de contar con un régimen internacionalmente reconocido”. La mención venía a cuenta de la reinstalación del denominado cram-down, mecanismo de capitalización forzada en el que el deudor tiene un período de exclusividad en el que puede equiparar las propuestas formuladas por los acreedores de las empresas en proceso de quiebra.
Escudero también tuvo tiempo de precisar que “de ningún modo se estaba desprotegiendo a los deudores”. La firmeza con la que respaldó al proyecto del gobierno se parangonó con la que suele exhibir el gobernador de su provincia, Juan Carlos Romero, para mostrar su alineamiento con el Fondo Monetario Internacional. Tanto es así que la salteña repetía en el recinto que los hombres del organismo de crédito no aparecían dispuestos a aceptar ni una coma modificatoria de la norma enviada por el Gobierno. La legisladora reivindicó la nueva ley y sugirió que era superadora de la sancionada en enero pasado. En aquella ocasión el Gobierno había defendido la iniciativa diciendo que se justificaba por “la situación de emergencia económica”. Así lo recordó Escudero quien incluso apuntó que aquella ley, superada por la votada ayer, “protegía excesivamente a los deudores, en perjuicio de los acreedores”.
La conducción del bloque peronista logró alinear sin fisuras a su bancada a la hora de votar. Tanto fue así que las voces más críticas a la ley no estuvieron en el recinto en ese momento. Los ausentes más notorios fueron los dos legisladores por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández, los puntanos Raúl Ochoa y Liliana Negre de Alonso.
A la hora del debate en general, Fernández de Kirchner había sido una de las voces más duras contra la iniciativa. Precisó que favorecía al capital extranjero apropiarse de muchas firmas nacionales endeudadas. No haber estado en el recinto, no fue un obstáculo para que Negre de Alonso, en su condición de presidente de la Comisión de Asuntos Penales pusiera su firma en el proyecto que finalmente fue aprobado ayer.
Poco quedó en pie del grupo de 8 legisladores rebeldes que el PJ exhibió la semana pasada en ocasión del debate de la ley de subversión económica. El riojano Jorge Yoma estuvo ausente con certificado médico. Un accidente doméstico lo retuvo en su provincia, se patinó en la bañera. El chubutense Marcelo Guinle y los entrerrianos Jorge Busti y Graciela Bar cambiaron de vereda y en esta ocasión se alinearon con el gobierno.
La posición de la UCR la expresó el titular del bloque, el rionegrino Carlos Maestro. Al justificar el proyecto, señaló que tenía entre sus principales objetivos “garantizar la continuidad de las empresas”. A pesar de haber votado favorablemente en la discusión en general, en varios artículos, los radicales votaron negativamente. Alguno representantes de partidos provinciales también apoyaron la nueva ley. “Equilibra la relación entre el deudor y el acreedor”, dijo el salteño renovador, Ricardo Gómez Diez para expresar su respaldo a la norma.
Habían pasado cerca de cuatro horas. La alianza parlamentaria del peronismo y el radicalismo pareció revivir y el Jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, que siguió las discusiones desde los despachos contiguos al recinto, pudo retirarse del Congreso con una sonrisa. Con la votación favorable ya podía mostrarse más exitoso que su antecesor en el puesto, el chaqueño Jorge Capitanich.
La semana que viene se votarán los proyectos que “defienden a las industrias culturales”. Cuando Maestro pedía la preferencia “con o sin despacho de comisión”, la sesión quedó sin quórum. La votación recién pudo hacerse luego de que José Luis Gioja le hiciera una seña afirmativa a los siete senadores peronistas que habían abandonado la sesión. Con la vuelta de Luis Barrionuevo, Eduardo Menem, Escudero, y otros cuatro senadores del PJ pudo votarse la moción del radicalismo. En el medio, Maestro había cambiado de posición y pedía la preferencia pero esta vez “con despacho de comisión”.