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El gobierno nacional inició una serie de reuniones con el gobierno bonaerense y con los titulares de las fuerzas de seguridad para ver cómo se minimizan los piquetes más irritantes, especialmente los que significan corte total de circulación en vías masivas como el Puente Pueyrredón o la Panamericana. “No puede pasar más, no puede seguir sucediendo”, afirman altos funcionarios de la Casa Rosada. Los planes que ya se están diseñando contienen lo que llaman hipótesis de mínima, que consiste en negociar y contener, y la hipótesis de máxima, que es impedir el corte o, en el peor de los casos, desalojar el piquete. Se habla de que con información previa se establecería una superioridad en la relación de fuerzas, mediante la presencia de una gran cantidad de efectivos que bloquearían el intento de los manifestantes de tomar el puente o la ruta. Previo a ello, habrá un fuerte intento de negociación para evitar el corte.
“Vamos a tomar el toro por las astas”, anunció públicamente el ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el propio Presidente no desmintió a su ministro, sino que dijo que debía consultársele a Fernández la forma en que se concretaría su expresión. Distintas fuentes consultadas por este diario ratificaron que el corte del Puente Pueyrredón y la Panamericana en la mañana del martes pasado motivaron las llamadas a los jefes de las fuerzas de seguridad y al gobierno bonaerense para plantearles la necesidad de que “esto no siga sucediendo”. La postura es que se bloquea a otras personas que van a trabajar y eso está produciendo un enorme rechazo social.
El corte de la Panamericana realizado por trabajadores de las fábricas automotrices sorprendió a todos los funcionarios, nacionales y bonaerenses, y provocó un enorme caos. El Ministerio de Seguridad de la provincia hizo la denuncia ante el juez federal de San Martín, Hugo Gurruchaga, quien delegó la causa en el fiscal Jorge Sica. Este recibió el expediente a las 10.02, o sea tres horas después de iniciado el corte, por lo que convocó al jefe departamental de la Policía Bonaerense para entregarle un escrito con las órdenes: “Haga cesar el delito, identifique, individualice y detenga a quienes están cometiendo el delito”. Una hora después de entregado el escrito al jefe policial, los trabajadores de Smata ya habían despejado la Panamericana.
El corte del Puente Pueyrredón provocó otro dolor de cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que había un acuerdo con los grupos piqueteros para que, siempre que realizaran un corte, permitieran la circulación por al menos dos carriles. Esta vez, el bloqueo del puente duró 24 horas y fue total.
Según pudo saber este diario, la decisión política fue no intervenir. “Estamos en medio del juicio por las muertes de Kosteki y Santillán. Otro hecho de violencia en el mismo lugar y con las mismas fuerzas policiales significaba una enorme repercusión. Había que ser cautelosos”, le dijo a Página/12 un alto funcionario gubernamental.
El Puente Pueyrredón plantea, además, un problema de otra naturaleza. El puente mismo es jurisdicción federal, o sea del gobierno nacional. Pero si se quiere impedir el corte, el peso cae del lado bonaerense, ya que las agrupaciones piqueteras van a cortar el puente del lado de la provincia. De manera que tranquilamente los policías federales pueden estar arriba del puente, mientras que –si la orden de impedir el corte existe– serán los policías bonaerenses quienes tengan que negociar y en el peor de los casos impedir que los manifestantes lleguen hasta el puente. Una de las cuestiones que se están conversando entre las autoridades nacionales y bonaerenses es que las fuerzas actúen en forma conjunta, tanto en la negociación como, llegado el caso, en el bloqueo a los manifestantes. Más allá de estos diálogos entre la Rosada y la administración de Felipe Solá, la estrategia que se diseña pasa por tener superioridad numérica yanticipar la jugada. No es lo mismo desalojar un piquete que impedirles a los manifestantes que hagan el corte. La primera alternativa requiere casi indefectiblemente de tensión y hasta choque físico. La alternativa de impedir el corte permite una negociación previa y en caso extremo obliga a los manifestantes a pasar por encima de las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, desde el Gobierno se le pidió ayer una evaluación técnica de las tácticas posibles al titular de la Federal, Néstor Vallecas, y lo propio se está haciendo en el Ministerio de Seguridad bonaerense.
Las fuentes consultadas por este diario afirman que hay un cambio en la política de la Casa Rosada, algo que se percibe en las declaraciones públicas de Aníbal Fernández, pero más aún en las comunicaciones con quienes están encargados del tema. De todas maneras, las dudas existen, y habrá que ver si el Gobierno ha cambiado efectivamente de postura o exhibe una posición más fuerte pero sólo para negociar.