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La declaración que el ex presidente de Uruguay Jorge Batlle prestó en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato de la nuera de Juan Gelman en ese país durante la dictadura militar podría ser determinante para el esclarecimiento de ese crimen. Así lo dejó entrever José Luis González, abogado de Gelman, quien afirmó que la Justicia “está muy cerca de resolver el caso”. En el marco de la decisión política de poner fin a la impunidad de los asesinos de María Claudia García Irureta Goyena, el gobierno uruguayo agotaba anoche los esfuerzos para conseguir que los militares aportaran datos que permitan aclarar lo sucedido y también encontrar los restos de la joven, aún desaparecida.
El testimonio de Batlle ante el juez penal Gustavo Mirabal era aguardado con expectativa dado que el senador uruguayo Rafael Michelini declaró hace un par de años que mientras ocupaba la Presidencia de ese país le confió que el responsable del asesinato de María Claudia era Ricardo Medina Blanco. Se trata de un policía devenido en agente de inteligencia que –según varios indicios– no sólo intervino en la caza de uruguayos en Buenos Aires, sino que fue quien entregó a una familia de policías amigos a la hija que la nuera de Gelman dio a luz en el Hospital Militar de Montevideo, a la cual el poeta recién pudo recuperar hace unos años después de una larga búsqueda.
Batlle declaró ante Mirabal el último domingo y estuvo entre las once de la mañana y la una de la tarde respondiendo las preguntas del magistrado. Aunque su testimonio se mantuvo en reserva, González lo consideró clave para avanzar en la investigación del secuestro y asesinato de María Claudia, a punto tal que después del trámite afirmó que se “está muy cerca de resolver el caso”.
Durante la declaración del ex mandatario también estuvo presente el fiscal Enrique Moller, cuya separación del caso fue solicitada ayer por González. El abogado de Gelman sostiene que el fiscal debe ser apartado de la causa porque “prejuzgó y eso genera inseguridad jurídica”.
La cuestión es que en su momento Moller sostuvo que el crimen de María Claudia estaba comprendido en la Ley de Caducidad, que amparó a los represores que cometieron violaciones a los derechos humanos. Y cuando el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, excluyó el caso de la joven de los alcances de esa norma –tal como había prometido durante su campaña y ratificado el día de su asunción–, el fiscal manifestó públicamente que iba a ratificar su postura en contra de la reapertura de la investigación.
Al margen de lo dicho por Batlle, también resultará fundamental para el caso los datos que puedan brindar los propios militares. Vázquez instruyó al comandante en jefe del ejército, Angel Bertolotti, para que convocara a los miembros de esa fuerza a aportar la información necesaria para ubicar los restos de María Claudia y de otros desaparecidos en ese país durante la dictadura. El plazo que impuso Bertolotti para que le proporcionaran datos al respecto vencía ayer, y al cierre de esta edición hacía gestiones para tratar de vencer la resistencia de los militares a hacerlo.
Un allegado a Bertolotti comentó que los militares alegan no recordar lo acontecido después de casi 30 años. Ante la actitud de los miembros del ejército, la ministra de Defensa, Azucena Berruti, se mostró prudente. “Cuando conozcamos los contenidos de la información que el comandante esperaba recibir, la evaluaremos y veremos cómo la procesamos”, señaló.
La decisión política de Vázquez de revisar las atrocidades de la dictadura no cayó bien entre algunos mandos militares, como tampoco el cierre de las fronteras dispuesto por Mirabal para todos los represores involucrados en el caso de la nuera de Gelman. La reticencia de los integrantes de las fuerzas armadas a proporcionar datos radica, además, en el temor a que se los vincule con el asesinato de María Claudia por tener datos al respecto y se los encarcele. Pretenden por eso pactar algún tipo de impunidad a cambio de información.