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(A la memoria del general
Juan José Valle)

“Mientras yo esté al frente del gobierno no se unificarán las funciones de seguridad y de defensa”, dijo el senador Eduardo Duhalde el jueves. Una semana antes, el ministro de Defensa Horacio Jaunarena y el jefe del Ejército Ricardo Brinzoni habían planteado la militarización de la seguridad interior y la intervención castrense en el conflicto social, con la creación de un superministerio de Defensa y Seguridad que también se encargaría del control de la criminalidad callejera, la documentación personal, las aduanas y las migraciones. Brinzoni lo describió como una pirámide, en cuya base estaría la lucha contra el delito callejero. Jaunarena y Brinzoni hablaron el jueves 30 ante un auditorio poblado de militares, reunidos por Eduardo Menem y Roberto Dromi. Brinzoni expuso estadísticas sobre el incremento de delitos en zonas urbanas y vaticinó que volverán a producirse saqueos y desórdenes en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Identificó un área crítica, entre el sur de La Plata y el norte de Rosario, en la que viven 10 millones de pobres. Jaunarena consideró anacrónica la distinción entre defensa y seguridad, establecida por las respectivas leyes. Duhalde los desautorizó una semana después, durante una reunión mantenida el último jueves en el Polideportivo de Olivos con el secretario de Seguridad Juan José Alvarez, quien le reclamó una definición. Tocado por
la desautorización, Jaunarena archivó el proyecto de unificación de ambas áreas, aunque reiteró que había que pensarlo para el futuro. Con el respaldo explícito de Duhalde, Alvarez dejó sin efecto un acuerdo que Brinzoni había firmado con el jefe de la Policía Federal, comisario Roberto Giaccomino, que avanzaba en aquella dirección al establecer que luego de cumplido su período de enganche los soldados profesionales del Ejército podrían incorporarse a la Policía Federal.
Clima de Epoca
El pronunciamiento por el retorno de la Doctrina de la Seguridad Nacional se produjo en una sede emblemática de los negocios del menemismo, la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, propiedad del ex ministro de Obras Públicas, Roberto Dromi, que se identifica por su sigla EPOCA. Instalada en un reciclado petit hotel de la calle Rodríguez Peña con el lujo ofensivo de las fortunas súbitas, congregó a un centenar de militares, con menos civiles. Jaunarena y Brinzoni cerraron las jornadas sobre “Propuestas para la Argentina actual”. En contraste con la ostentación del lugar, Jaunarena fundamentó buena parte de sus reflexiones en la necesidad de “asumir la pobreza” ya que “los recursos presupuestarios van a ser escasos en los próximos tiempos”. Dijo que faltaba coordinación entre Defensa y Seguridad y que se producían superposiciones de estructuras, criterios y establecimientos, que incrementaban los costos en un momento de crisis. Para subsanar las duplicaciones y superposiciones propuso crear un ministerio de Defensa y Seguridad. Insistió en su propuesta del año pasado, de fundir la Armada y la Prefectura Naval en una nueva Armadura, con funciones mixtas. Jaunarena conoce la resistencia del Congreso a este tipo de regresiones e intentó filtrar la novedad dentro de las facultades que el Poder Legislativo había cedido al ex presidente Fernando de la Rúa para modificar por decreto la ley de ministerios. Pero esa delegación venció hace tres meses y distintos bloques parlamentarios hicieron saber al Poder Ejecutivo que el cambio no pasaría.
Jaunarena también dijo en el palacete de Dromi que era necesaria “una mentalidad abierta para enfrentar los nuevos desafíos” y sostuvo que las Fuerzas Armadas eran “un elemento fundamental en la cohesión nacional”. La idea de los nuevos desafíos o nuevas amenazas fue elaborada por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos y expuesta por primera vez aquí por el ex ministro de Defensa Ricardo López Murphy. Las “nuevas amenazas” que se cernirían sobre la sociedad serían la pobreza extrema, la superpoblación y las migraciones masivas, el terrorismo internacional, el narcotráfico, el fundamentalismo religioso y las luchas étnicas y raciales. Esto ha “revalorizado el poder militar dentro de las estructuras de las naciones, al tener que asumir nuevos roles”. Su sola enumeración revela el origen de la inquietud. Mientras López Murphy ocupó el ministerio, Jaunarena presidió la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en cuya agenda incluyó los planes de contingencia en materia de seguridad y defensa civil. El primer rubro lo ejemplificó con los cortes de rutas y lo que llamó “indisciplina social”. En el segundo, mencionó interrupción de servicios públicos, catástrofes naturales y atentados terroristas, otra de las puertas legales de acceso para el retorno militar a la seguridad interior. La imagen de las Fuerzas Armadas como base de la cohesión nacional viene en línea recta de la década de 1960 y es tan estrambótica como la pretensión del mismo Jaunarena de que un eventual indulto a Mohamed Seineldín y Enrique Gorriarán, atropellando una vez más las decisiones de la más devaluada justicia, podría ser un elemento de “unión entre los argentinos” (sic).
Un médico ahí
Jaunarena, quien ha sido ministro de Defensa bajo tres distintos presidentes en los últimos quince años dijo que la distinción entre Seguridad y Defensa era anacrónica y que quienes la sostenían sólo pensaban en el pasado. Por eso, consideró que se trataba de un debate ideologizado y teñido de una fuerte carga emocional. Ante una pregunta acerca de por qué nunca se reglamentó la ley de Defensa, promulgada en 1988, confesó que él siempre se había opuesto, lo cual equivale a una admisión de incumplimiento de sus deberes, y lo respaldó con una dudosa metáfora médica: “Pedirles a las Fuerzas Armadas que se hagan cargo de la seguridad interior si las fuerzas policiales y de seguridad son desbordadas, pero no permitirles que se entrenen y capaciten para ello es como decirle a un cirujano que debe operar pero sin dejarle que se ejercite”. En realidad, este punto forma parte de la ley de seguridad, de 1992. Establece que las Fuerzas Armadas pueden actuar en materia de seguridad interior en tres situaciones:
- Dentro de la propia “jurisdicción militar” en caso de una agresión armada, como ocurrió en 1989 en el regimiento de La Tablada;
- Prestando apoyo logístico a las operaciones de seguridad interior, a pedido del Comité de Crisis y por disposición del Ministerio de Defensa.
- Con unidades de combate, y previa declaración por el Congreso del estado de sitio, ante algún hecho excepcional que desborde al sistema de seguridad interior policial. Aun así, este empleo subsidiario de las Fuerzas Armadas se considerará “excepcional” y no incidirá en la “doctrina, organización, equipamiento y capacitación de las Fuerzas Armadas”, dice la ley.
Es decir, no se trata del médico que debe operar, sino de los bomberos que vienen a rescatar a médico y paciente si se incendia el hospital. Esta excepcionalidad es la que Jaunarena y Brinzoni desearían modificar, en un nuevo contexto nacional (caracterizado por el desprecio general hacia la clase política, vista como ineficaz y corrupta, y en la que los militares vuelven a sentirse salvadores de la Patria) e internacional. La semana pasada la Asamblea General de la OEA aprobó en Barbados a instancias del ministro de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, general Colin Powell, una nueva Convención Interamericana contra el Terrorismo, en la que las definiciones pecan de la misma generalidad que las adoptadas por el gobierno del presidente George W. Bush desde el 11 de septiembre pasado. Por cierto, excluye cualquier referencia al terrorismo de Estado.
Bridge
En vez de la medicina, Brinzoni acudió al juego del bridge en busca de una metáfora para decir que Jaunarena había anticipado lo que él mismo pensaba plantear. Lo desarrolló así:
- La diferencia entre amenazas externas e internas es artificial y sólo rige en la Argentina, por razones históricas e ideológicas. Pero las amenazas no presentan pasaporte en la frontera al ingresar al país.
- El ministro dijo que se gastan 8.000 millones anuales en seguridad y defensa. Hay que agregarles 3.000 o 4.000 millones más en seguridad privada.
- La inseguridad no es producto de una campaña psicológica sino de hechos reales.
- Los camaradas de la Policía Federal han sufrido en lo que va de este año más muertes que en cualquiera de los años de la década de 1970.
- Este año ya han caído en enfrentamientos más de 55 civiles, la mayoría delincuentes, pero algunos inocentes transeúntes. En Gran Bretaña en los últimos años sólo han muerto cinco delincuentes (dato real que habla en contra de la militarización de la seguridad que Brinzoni propicia).
- No es posible que cada fuerza armada y de seguridad siga manteniendo sus propios grupos de rescate, de lucha contra el terrorismo, de especialistas en explosivos.
- En la última década en la Capital Federal ha habido un aumento del 574 por ciento en los robos, que hoy se producen a razón de 16 por hora contando sólo los que se denuncian. Los homicidios crecieron un mil por ciento. El 23 por ciento de las condenas corresponden a reincidentes.
- Las fuerzas de seguridad están sobreexigidas, porque la sociedad reclama cada vez más seguridad, y deben enfrentar a una delincuencia cada vez más sofisticada, lo cual es otro motivo para trabajar sobre las superposiciones mencionadas.
- Una buena solución sería unificar defensa y seguridad bajo un mismo ministerio, que también debería incluir a los organismos encargados de la documentación de las personas, aduanas y migraciones. Sería una pirámide, en cuya base estaría la lucha contra el delito común.
-La seguridad también es consecuencia de la contención social, de la oferta de trabajo, del nivel de educación. En una franja que va desde el sur de La Plata hasta el norte de Rosario habitan 10 millones de pobres, que tienen muy pocas posibilidades, por falta de trabajo y por el condicionamiento de la ayuda social a circunstancias políticas que a ninguno de nosotros nos agradan. En ese sector debemos ofrecer posibilidades de trabajo y fomentar los valores de la familia.
La Argentina ya hizo esa experiencia, con las definiciones estratégicas adoptadas por las dictaduras de Pedro Aramburu, Juan Onganía y Jorge Videla, que convirtieron a las Fuerzas Armadas en una degradada policía ideológica y condujeron a los desastres de la guerra sucia militar y de las Malvinas. Es responsabilidad de la conducción política impedir que esa historia vuelva a repetirse.