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Siempre prefirió el silencio o los comunicados. Pero ayer el ex presidente de facto Reinaldo Benito Bignone hizo su descargo en la causa sobre la práctica sistemática de sustracción de menores durante la dictadura. El dictador se quejó de su detención, que cumple en forma domiciliaria, y afirmó que quienes dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final deberían estar detenidos al igual que él, que dice haber sido encarcelado por dictar la llamada Ley de Autoamnistía y el Documento Final. Además de negar los hechos que se le imputan, aportó al juzgado una copia del documento referido al supuesto plan de entrega de menores con el que los abogados de los represores acusados en el caso quieren rebatir la imputación en su contra.
La audiencia estaba prevista para las 11 pero Bignone fue trasladado por la policía una hora y media antes. Fue vestido con un traje beige, poncho sobre los hombros y carpeta en mano, acompañado por su abogado Lucas Lennon, quien fuera ministro de Justicia durante su gobierno. Había sido citado por el juez Jorge Urso, que ocupa el Juzgado Federal Nº 7, vacante desde la renuncia de Adolfo Bagnasco, para ampliar su declaración indagatoria. Aunque el ex presidente de facto ya está procesado con prisión preventiva, fue convocado porque se incorporaron nuevos elementos de prueba a la investigación, y por tal motivo los imputados deben ser interrogados una vez más para que puedan ejercer su defensa. Esta semana y la próxima volverán a desfilar por el cuarto piso de Comodoro Py Rubén Franco, Juan Bautista Sasiaiñ y Carlos Suárez Mason, además de Cristino Nicolaides, que será indagado en Córdoba por sus problemas de salud.
Cuando la Cámara Federal confirmó los procesamientos de los once jerarcas militares acusados, entendió que sólo había pruebas para sustentar 22 de los 38 casos de menores apropiados. A partir de entonces los investigadores lograron incorporar nuevos testimonios. Ese fue el punto que Bignone intentó invalidar argumentando que la cantidad que quedó no alcanza para sustentar la existencia de una práctica sistemática.
“No comprendo cómo se me pueden achacar responsabilidades” en el caso, se sorprendió Bignone ante las preguntas del juez y de los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, y se manifestó “completamente ajeno” a los hechos que se le imputan. Durante la primera parte de la audiencia, Bignone se defendió comparando la acusación en su contra con el dictado de las leyes de impunidad del gobierno de Raúl Alfonsín, en el sentido de que esas normas y las que fueron dictadas durante su mandato fueron sendos intentos de “pacificación”. Los querellantes sostuvieron al acusarlo, junto a los demás integrantes de la última Junta Militar, que la Ley de Autoamnistía y el Documento Final, que determinó la muerte de todos los desaparecidos, fueron las herramientas que otorgaron la garantía de impunidad del plan sistemático de sustracción de menores, dado que pretendió evitar la persecución penal de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura. El fiscal Freiler, el juez Bagnasco y la Cámara compartieron ese criterio. Según Bignone, si ese fue el motivo de su encarcelamiento también deberían estar privados de su libertad los que dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Hace dos años, el abogado Florencio Varela, ex secretario de Minoridad y Familia durante la dictadura, dio a conocer un documento denominado “Plan sistemático de apropiación de menores - Una falacia”. Entre los papeles entregados a los periodistas nacionales y extranjeros, había un listado de unos 200 “menores hijos de terroristas comprobadamente devueltos hasta el momento”. La idea era atacar la médula de la investigación aduciendo que la recuperación de los menores lograda por las Abuelas de Plaza de Mayo fue, en realidad, un acto voluntario de entrega por parte de los victimarios. Bignone aportó ayer copias de ese listado.