EL PAíS › MILITARES URUGUAYOS ACORRALADOS

Sin alternativas

No son muchas las alternativas que se les presentan a los militares uruguayos que esperan la extradición reclamada por la Justicia argentina por su responsabilidad en el Plan Cóndor. El jefe del ejército de Uruguay, general Carlos Díaz, admitió en un encuentro que mantuvo con tres de los cinco militares y un policía que están detenidos desde hace 47 días, que la única forma de evitar su procesamiento ante los tribunales argentinos pasaba por ser juzgados en su país.

El semanario uruguayo Búsqueda señaló que Díaz les hizo esa confesión a los retirados Ernesto Rama, Gilberto Vázquez y Jorge Silveira, alojados en la División I del ejército, en un encuentro que el titular de la fuerza mantuvo con ellos el pasado 24 de mayo. Cinco militares y un policía esperan la extradición que en la Argentina reclama el juez Guillermo Montenegro. En diálogo con el semanario uruguayo, el general Díaz no desmintió sus dichos. Comentó que pudo haber hecho esa afirmación “como una reflexión ante la hipótesis de que finalmente la Justicia uruguaya acceda al pedido argentino”.

Precisamente anteayer, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, había sostenido en una radio local que “el caso vergonzante de la nuera (del poeta Juan) Gelman, a quien mataron cobardemente luego de hacerla dar a luz, no puede estar amparado en ley alguna”. Montenegro sostiene que de su investigación surge que los militares detenidos intervinieron en la detención ilegal de once uruguayos y de la argentina María Claudia García Irureta Goyena, nuera de Gelman.

Tabaré también destacó que de la Ley de Caducidad, como se denomina a la norma aprobada en 1986 y ratificada luego por un referéndum en 1989, están excluidos los secuestros de bebés. El mandatario uruguayo subrayó que su gobierno respetará esta ley que funciona como una verdadera amnistía, pero recordó que el Frente Amplio y otros sectores políticos estuvieron en contra y que hicieron todo lo posible para derogarla. De los alcances de esta norma también están excluidos los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, ocurridos en 1976 en Buenos Aires.

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