EL PAIS › OPINION

¿Qué pasó aquel 19 de julio?

 Por Manuel Justo Gaggero *

Hace ya 30 años, el 19 de julio de 1976, un “grupo de tareas” integrado por efectivos del Batallón de Inteligencia 601 y personal del Servicio de Inteligencia del Estado –SIDE– irrumpió en un departamento, ubicado en la calle, Venezuela al 3100, de Villa Martelli. En él se encontraban Mario Roberto Santucho y su compañera, Liliana Delfino, Benito Urteaga y su hijo de sólo 3 años José, Domingo Menna y su compañera Ana Lanzilotto de Menna, embarazada de 6 meses.

La patota la encabezaba el capitán Juan Carlos Leonetti –aún hoy el predio sobre el que funciona el Batallón de Caballería Motorizada con asiento en la ciudad de Paraná lleva su nombre–. Se produjo un tiroteo y, como consecuencia, resultó asesinado Benito Urteaga y muerto el citado Leonetti, posiblemente por disparos de su propio grupo.

Resultó también seriamente herido el secretario general del PRT-ERP, Mario Roberto Santucho. El, junto con sus acompañantes, fue trasladado a la Unidad Militar de Campo de Mayo, donde falleció pocas horas después de su ingreso, sin que se le prestara asistencia médica. Su compañera y la pareja Menna-Lanzilotto integran la larga lista de “desaparecidos”.

El hecho fue informado por todos los medios, como un gran éxito en la lucha contra la “subversión judeomarxista” y el propio Videla reconoció, en el juicio que estamos sustanciando en el juzgado federal de San Martín, que redactó el comunicado.

Luego de 7 días no se habló más del tema. Los diarios dejaron de hacer conjeturas sobre “el operativo que había permitido aniquilar” a la dirección de la organización revolucionaria. ¿Qué cambió en una semana? Sin duda el Estado Mayor General del Ejército y la junta militar gobernante variaron la táctica y estrategia.

Al reconstruir los hechos, 20 años más tarde, en la Información Sumaria que se sustancia en San Martín y en el hábeas data que está radicado en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1, surge como evidencia que la dictadura, con la concepción dominante, decidió conservar los restos de Santucho y Urteaga como trofeos de guerra y prenda de la posible negociación con el Ejército Revolucionario del Pueblo.

Para el general Santiago Omar Riveros, en ese momento el “capanga” de Campo de Mayo y responsable de las torturas y “desaparición de más de 5000 compatriotas”, “Robi”, como lo llamaban sus compañeros a Santucho, era el “Comandante del Ejército Rebelde” –así lo manifestó en las actuaciones judiciales citadas–.

Por su parte, para el genocida Antonio Domingo Bussi, que exhibió el cadáver de Santucho, al inaugurar el Museo de la Subversión Juan Carlos Leonetti en 1979, “no existieron procedimientos ilegales, todo se escribía y se hacían tres copias, una quedaba en la unidad militar que intervenía en el operativo, otra iba al Cuerpo Militar del que dependía ésta y la tercera se remitía al Estado Mayor General” (declaraciones prestadas en los autos “Santucho, Ana Cristina y otro s/Información Sumaria”).

Desde hace 11 años están en curso dos procesos judiciales dirigidos a recuperar los restos de Robi y de Benito y a saber cuál fue el destino de Liliana, el “Gringo” y su compañera. Uno se sustancia en el juzgado federal de San Martín. En 1500 fojas hemos logrado reconstruir qué pasó luego de que llegaran a Campo de Mayo. Por el testimonio del Dr. Carlos Sparrow, médico en esa época de la policía de San Martín, sabemos que lo obligaron a redactar las dos partidas de defunción NN; ya que los médicos militares le manifestaron que temían “la represalia del ERP”. En ellas se describen los rasgos físicos de nuestros compañeros, atribuyendo su muerte a los disparos de armas de fuego que recibieron.

Dos testigos, de identidad reservada, cuentan que en la inauguración del llamado Museo de la Subversión se exhibió embalsamado el cadáver de Santucho. En base a este dato y solicitando la colaboración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a finales de la década del noventa, realizamos una profunda excavación en ese lugar, hoy ocupado por una Mutual Militar, con resultado negativo. Asimismo, acompañados por el juez Alfredo Bustos, allanamos el Hospital Militar de Campo de Mayo, secuestrando el libro de “nacimientos” que registra, en octubre de 1976, el parto clandestino que le realizaran a la compañera de Menna. El hijo es uno de los nietos que buscan las Abuelas.

A su vez, en el amparo que tramita el juzgado contencioso del Dr. Marinelli, realizamos en los últimos meses del 2005, una exhumación de 5 cadáveres NN inhumados el 21 de julio de 1976. Por informaciones que nos acercara el Equipo Argentino de Antropología Forense sabemos que ninguno de ellos tiene relación con nuestra búsqueda.

En estos días, una persona que nos pidió absoluta reserva nos hizo saber que en aquella época un proveedor del Ejército que concurría asiduamente a Campo de Mayo se enteró, por comentarios de oficiales de dicha unidad, que a “Santucho y a Urteaga los habían inhumado en un lugar llamado El Leprosario”.

En función de esa información, le hemos pedido al juez que realice una nueva inspección ocular para individualizar El Leprosario que, según nuestro testigo, se ubica dentro del llamado Campo de Tiro. Además, como existe un hospital al que se conoce también como El Leprosario, cercano a la localidad de General Rodríguez, que tiene un pequeño cementerio, solicitamos que se oficie al mismo, para que informe si se registraron inhumaciones durante el período julio a septiembre de 1976.

¿Por qué pensamos que van a aparecer? Los que, como el que escribe estas líneas, militábamos en el peronismo en 1955, vivimos el profundo odio que la oposición le profesaba a Evita. Sin embargo, su cadáver no sólo no fue destruido luego del golpe militar, sino que se lo preservó.

Sin hacer comparaciones, ya que no caben porque se trata de épocas distintas, es evidente que Robi y Benito son dos exponentes paradigmáticos de las generaciones del ’60 y del ’70, respetados por todos los que tuvimos el privilegio de conocerlos, pero también por sus asesinos y por la cúpula militar que encabezó el Estado terrorista.

Estamos seguros de que los jefes militares que han conducido el Ejército hasta nuestros días saben dónde están. En ese convencimiento le hemos solicitado una entrevista al general Roberto Bendini, sin ningún éxito hasta la fecha.

Completando este cuadro de acciones judiciales, presentamos una querella, en la denominada causa “Riveros”, imputando a Videla, Bussi, Riveros, Valladares y Verplaetsen, la comisión de delitos de lesa humanidad en perjuicio de nuestros compañeros.

Queremos que se castigue a los culpables y, además, que podamos saber la verdad respecto de ellos y de los 30.000 compañeros secuestrados-desaparecidos.

* Abogado, director de la revista Diciembre 20.

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