EL PAíS › PROYECTO DE BONASSO PARA IMPEDIR LA POSTULACION DE GENOCIDAS

La enseñanza del caso de Luis Patti

 Por Adriana Meyer

Cuando ya quedaron lejos los ecos de la impugnación de Luis Patti como diputado, los proyectos de ley tendientes a prevenir situaciones similares salieron de la agenda parlamentaria y duermen en los cajones. Sin embargo, el diputado Miguel Bona-sso volvió a la carga con una iniciativa para establecer la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos respecto de toda persona implicada en delitos de lesa humanidad. Ya había dos iniciativas similares en la Comisión de Asuntos Constitucionales que estuvieron en el temario. “Es lógico, la coyuntura pesa mucho, pero acá se trata de no olvidar que tenemos que legislar en un sentido de políticas de Estado”, expresó Bonasso a Página/12.

“Este proyecto lo habíamos pensado antes (del proceso que culminó con la impugnación del represor y ex intendente de Escobar), y sobre todo cuando vimos que Patti no era frenado por la Justicia. Recibimos comentarios de la gente sobre por qué no lo pararon antes, y eso hizo eco en lo que uno había pensado antes de ser diputado, es decir, que exista una legislación para impedir que quienes hayan cometido actos de genocidio no puedan acceder a cargos públicos. Ahora ha llegado el momento de hacerlo, porque no pueden estar repitiéndose en forma permanente casos como Bussi o Patti”, explicó el legislador de Convergencia. “Además es un fuerte mensaje a la sociedad de que acá no se puede elegir genocidas porque hay un nuevo pacto constitucional desde que incorporamos (a la Carta Magna) los pactos internacionales sobre delitos de lesa humanidad”, agregó este diputado, que fue uno de los impugnantes de Patti.

La inhabilitación que propone Bonasso es para el ejercicio de todo cargo o función pública en cualquiera de los poderes del Estado, y en sus ámbitos nacional, provincial o municipal, respecto de “toda persona que hubiere sido condenada o procesada judicialmente por haber cometido tortura o cualquier otro crimen de lesa humanidad, o por haber cooperado en la ejecución de tales hechos delictivos”. Según su propuesta, la inhabilitación debería alcanzar también a quienes hayan participado en actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático, aun cuando se encuentren amparados por las leyes de obediencia debida y/o punto final o cualquier norma que establezca amnistías o indultos.

El segundo artículo del proyecto de ley plantea la inhabilitación preventiva de aquellas personas “sospechadas, en base a pruebas fundadas y suficientes, de haber participado en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y/o crímenes de lesa humanidad, hasta tanto recaiga sobre ellas sentencia definitiva”. En los fundamentos, Bonasso describió que el sistema americano de protección de los derechos humanos diseñado por la Convención Americana de Derechos Humanos, que también tiene rango constitucional, sentó un principio jurídico universal que sostiene que “la participación en movimientos que rompen el orden constitucional es legal fundamento de inelegibilidad política”. Además, recordó que el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU recomendó al Estado argentino que se establezcan procedimientos adecuados para asegurar el relevamiento de sus puestos de miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad contra los que existen “pruebas suficientes de participación en violación a los derechos humanos”.

Bonasso se mostró optimista sobre la posible sanción de su proyecto, a pesar de que los dos que ya tienen estado parlamentario, de las diputadas Silvana Giudici (UCR) y Marcela Rodríguez (ARI), ya no están en la agenda de la comisión que preside Juan Urtubey. Quizá la del kirchnerista active las otras que, aunque con enfoques diferentes, apuntan a lo mismo. El proyecto de Rodríguez aspira a modificar el artículo 33 de la Ley de Partidos Políticos, mientras que el de Giudici pretende cambiar la Ley de Etica Pública. Esta diputada, que tuvo un rol destacado en el proceso de impugnación de Patti, a contramano de la posición mayoritaria de su partido, había pedido “pronto despacho” para su iniciativa, pero no tuvo éxito.

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El diputado Miguel Bonasso.
 
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