EL PAIS › EL SUBJEFE DE LA SIDE Y LOS ASESINATOS DE AVELLANEDA

La marca

Kosteki y Santillán fueron fotografiados y marcados dos semanas antes de su muerte, durante una movilización frente al municipio de Guernica. Ese es el feudo del viceministro de inteligencia, Oscar Rodríguez, y de su esposa, la senadora Mabel Muller. Rodríguez tiene un hermano comisario, que fue jefe de la custodia de Duhalde. Una periodista que fue testigo del hecho recibe amenazas de muerte. En 2000 su casa había sido violentada por 30 policías encapuchados que la arrastraron de los pelos. El jefe del operativo era el comisario Fanciotti, quien durante una década cumplió destinos en comisarías y comandos de la zona.

 Por Horacio Verbitsky

Dos semanas antes de ser asesinados en Avellaneda, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán habían sido fotografiados y marcados durante una movilización frente al municipio de Guernica, en el partido de Presidente Perón, que responde al actual viceministro de inteligencia de la Nación, Oscar Rodríguez. Así lo reveló la periodista local Clara Britos, directora de la publicación regional “La Tapa”, cuyas investigaciones sobre actos de corrupción en la zona fueron respondidas con amenazas de muerte para que “te dejes de molestar a Oscar y Mabel”. Mabel es la senadora nacional Mabel Muller, casada con Rodríguez. El cuadro familiar se completa con el comisario inspector Alberto Rodríguez, hermano del subjefe de la SIDE y ex jefe de la custodia personal del entonces gobernador bonaerense y actual Senador a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, Eduardo Alberto Duhalde. El municipio de Presidente Perón, cuya principal localidad es Guernica, fue un desprendimiento del partido de San Vicente. El ex prefecto naval Oscar Rodríguez era intendente de San Vicente, y uno de los invitados permanentes a la quinta de descanso de los Duhalde en ese partido. San Vicente se dividió en 1995, para hacer espacio a otro protegido del ex intendente de Lomas de Zamora, el ex administrador del cuantioso fondo del Conurbano y actual secretario legal y técnico de la presidencia, Antonio Arcuri. Mientras Rodríguez era elegido intendente de Presidente Perón, la otra porción del partido, que retuvo el nombre de San Vicente, quedó a cargo de la esposa de Arcuri, Brígida Malacrida. Es decir que en esta historia no hay nadie que no sea de la más íntima confianza personal de Duhalde. El episodio remite a la promiscua relación entre los comisarios de la mejor maldita policía del mundo y los intendentes del Conurbano, el nexo perverso que conspiró contra la reforma intentada en 1998 por el ex ministro Carlos Arslanian, quien llegó a revelar que “me tuve que bancar presiones de intendentes, cuando les tocamos su sistema recaudatorio”.
Un partido sin pobres
Clara Britos, de 35 años, está casada con el fotógrafo desocupado Gabriel Ballesteros, quien trabaja como sereno. Ella edita desde 1998 el periódico mensual La Tapa, que se distribuye en San Vicente, Presidente Perón y Almirante Brown y cuyas ediciones también pueden consultarse en Internet en la dirección electrónica http://www.dlatapa.unlugar.com. Como ocurre con otros periódicos del Conurbano, detecta y difunde actos ilegales del poder local. También, las condiciones de la vida cotidiana a dos décadas de la conclusión de la dictadura militar, en un partido al que la democracia aún no ha llegado. Los pibes no pueden reunirse en las esquinas sin que la policía se los lleve, no hay boliches porque el municipio no los habilita ni Club de Trueque porque según Rodríguez, allí no hay pobres. Lo que abunda es la cocaína, cuyo tráfico la policía no reprime, aduciendo que la protección política de que gozan los dealers es demasiado poderosa. Los vecinos narran que el ex concejal de Presidente Perón, Carlos Acuña, se presentaba en la zona como representante de la organización social de Hilda González y pagó el viaje de egresados de los chicos del Polimodal, estuvo a fin de año preso en Miami y cuando quedó en libertad trabajó en el ministerio de la Producción con José Mendiguren. Para Britos, es uno de los inspiradores de las agresiones.
La casa equivocada
“La Tapa” denunció que la hija de Rodríguez y Muller, Silvina, cobraba doble, porque trabajaba con el papá en el Concejo Deliberante y con la mamá en el Congreso de la Nación. También reveló que el municipio, ahora a cargo de un ahijado de Rodríguez, Aníbal Regueiro, a quien atribuye una relación anterior con el Estado como preso por robo, acumulaba sin distribuir los alimentos remitidos para los necesitados, como reserva parala próxima campaña electoral. El 1º de enero de 2000 a las 6 de la mañana, unos treinta policías con ropa de camuflaje y rostros cubiertos irrumpieron en la vivienda del matrimonio en la zona de quintas de Guernica. El procedimiento fue descrito así por el diario “Clarín”, en su edición del 7 de enero de ese año: “Abrieron la puerta a patadas, pero en vez de ladrones eran policías uniformados. Los policías apuntaron con escopetas y pistolas y tiraron al hombre al piso. ‘A mí y a mi suegra nos sacaron de los pelos de las camas. Tampoco respetaron a mis chicos, los llevaron a empujones al living’, recordó Clara. Según ella, los policías los insultaron todo el tiempo: ‘Hijos de puta, los vamos a matar’, nos decían cada vez que pedíamos explicaciones”. Cuando su esposo exigió la orden de allanamiento lo golpearon en el cuello y la espalda con el caño de una escopeta, lesiones que fueron constatadas en el hospital de Guernica. Los policías obligaron “a los ocupantes de la casa a tirarse al piso, revisaron hasta el último rincón, destrozaron puertas, rejas y ventanas y golpearon a una mujer y a un hombre. Cinco horas después los policías se fueron con las manos vacías: se habían equivocado de casa”. El fiscal Daniel Urriza dijo entonces que el allanamiento en el domicilio equivocado “tenía como fin detener a cuatro sospechosos de un asesinato. No pudimos determinar qué fuerzas de la policía realizaron el procedimiento”.
Sin patente
La identidad de los incursores la averiguó la propia Clara Britos, dos años y medio más tarde, del modo menos pensado. El 26 de junio de este año, mientras miraba por televisión los episodios del puente Avellaneda y del hospital Fiorito pegó un salto. El comisario bajito de cejas espesas que comandó el operativo y fue golpeado en el patio del Fiorito por un visionario que le gritó “Asesino” era el mismo que aquella mañana invadió su casa y “nos trató como basuras”. Un día más y se sabría que ese hombre, Alfredo Luis Fanchiotti, había sido el autor del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En aquel momento no prestaba servicios en Guernica, con lo cual la ilegalidad del procedimiento en la casa de Clara Britos fue completa. Pero esa fue siempre su zona de referencia. En la comisaría de San Vicente cumplió su primer destino profesional, como oficial ayudante, en 1978, y allí siguió luego de su primer ascenso, a subinspector, en 1981. El jefe de la policía provincial era el coronel del Ejército Ramón Juan Alberto Camps. Vecinos de Guernica que no quieren que sus nombres sean publicados afirman que en esos años Fanchiotti mató a un par de pibes y arrojó los cadáveres desnudos junto a un gran cartel de publicidad de la inmobiliaria Vinelli. Recién en 1987, ya como inspector, recibió su primer asignación fuera de San Vicente. Fue en Lomas de Zamora, cuyo intendente era entonces Duhalde. Entre el allanamiento ilegal de su casa en enero de 2000 y el asesinato de los piqueteros en junio de 2002, Clara Britos y su familia sufrieron hostigamientos y amenazas constantes. Un auto se trepó a la vereda donde ella estaba, frente a la Universidad de Lanús, e intentó atropellarla; otro vehículo persiguió con el mismo propósito a sus hijas; la casa de la familia fue tiroteada. Todos los días un auto sin patente se estaciona frente a la casa de la periodista y la sigue cuando ella sale. Tres veces, el 15 y el 24 de junio, el 22 de julio, el conductor le dijo que la matarían si insistía con las denuncias contra los Rodríguez.
Problemas psiquiátricos
No es la única amenazada en el señorío de Rodríguez, por cierto. El 29 de mayo, a mediodía, veinte maestros y estudiantes marcharon desde la Escuela Media 1 hasta la plaza de Guernica para una clase pública. Con un megáfono explicaron a un grupo de madres su repudio a un proyecto demunicipalización de la enseñanza, cantaron el himno nacional y se fueron. Desde la puerta de la municipalidad observaba la manifestación el director de tránsito, Antonio Collins, a quien los docentes señalan como “un ex represor de la Policía Federal, dado de baja por problemas psiquiátricos”. Collins tiene acceso franco a las dependencias policiales de la zona, en una de las cuales los vecinos dicen que funciona una sala de torturas que no es utilizada por los policías sino por la estructura municipal paralela. Varios de los hombres de Collins circulaban por la plaza y se burlaban de los profesores. Uno de los agentes de tránsito pidió los papeles del auto a uno de los docentes, e invocando que faltaba el cambio de domicilio intentó secuestrárselo. Al grupo que discutía se acercaron Collins con varios de sus hombres y algunos docentes. Tres de ellos, Roberto y Karina Bracco, Daniel Etcheverry y Cristina Gómez subieron al auto para impedir el secuestro. La patota los redujo a golpes y los condujo a la comisaría. De allí los condujeron al hospital, porque Karina Bracco dijo que estaba embarazada y la habían golpeado, pero una vez allí Collins impidió que fuera revisada o se le tomaran radiografías. De regreso a la comisaría, la mujer fue puesta en libertad pero los hombres quedaron detenidos e incomunicados y se les fraguó un proceso por “agresión y resistencia a la autoridad”. Otros dos docentes fueron detenidos frente al municipio por repartir volantes y un alumno del polimodal fue golpeado.
El lunes 3 de junio los docentes repudiaron la agresión con otra marcha desde la Escuela Media 1 hasta el municipio, presentaron un petitorio al consejo escolar y cantaron el himno frente a la intendencia. Esa vez fueron acompañados por militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, de Guernica. Allí comenzó su militancia social el joven artista Maximiliano Kosteki. Esa misma mañana, varios hombres desconocidos golpearon a un alumno que caminaba hacia la Escuela, con un mensaje para los docentes: “Que se dejen de joder”. Las lesiones fueron constatadas por un médico forense. “Mientras cantábamos el himno en la plaza aparecieron unos hombres que no habían participado de la marcha, en actitud provocativa. Una compañera reconoció a uno como ex represor, un tipo de Guernica que le había vendido un auto y que participó de grupos de tareas en la época de la dictadura en Mar del Plata. Se llama Juan Carlos Alvarado y le dicen “El Loco” o “El enfermo”, porque después de la represión estuvo unos años internado en un neuropsiquiátrico. Ahora trabaja para Rodríguez”, narra una de las docentes, que pidió la reserva de su nombre.
Maxi y Darío
El martes 11 de junio se realizó una nueva marcha de docentes, en la que también participaron militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), el Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Verón de Almirante Brown y Presidente Perón. Entre ellos estaban Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Kosteki habló esa mañana con la periodista Clara Britos, a quien le pidió un ejemplar de su diario “La Tapa”. A Darío Santillán no lo conoció, pero otros asistentes le dijeron que también había estado. Los manifestantes fueron filmados y fotografiados desde la terraza del edificio. Personal del municipio había avisado más temprano a los comerciantes de la zona que cerraran sus locales porque venían piqueteros de Glew a saquear. Cuando los manifestantes se retiraron, más de un centenar de hombres de civil salieron de la sede comunal con palos y escopetas y se dedicaron a romper veredas y canteros en la calle desierta. Luego el intendente Regueiro acusó por los destrozos a los piqueteros. Una táctica similar se aplicó en las inmediaciones del puente Avellaneda dos semanas después, cuando losvidrios de autos y comercios fueron destrozados por personas que los piqueteros no reivindican como propias.
El 14 de junio las escuelas de Guernica fueron panfleteadas con unos volantes que incluían una lista de docentes a quienes se acusaba con el lenguaje soez del tiempo de la dictadura militar. Cuando Clara Britos informó sobre la existencia de esa lista, las amenazas recrudecieron. “Dejá tranquilos a Mabel y Oscar” decía una llamada telefónica. El 27 de junio, al día siguiente del asesinato de Maxi y Darío, otra voz anónima le dijo: “No vayas a la marcha (de repudio a ese crimen) estás más calentita en tu casa que en una zanja”. Todos los días, en su correo electrónico recibe un mail que repite: “Muerte a los amigos de los piqueteros”. Las amenazas también se repiten en los teléfonos de los docentes que participaron de las marchas y de quienes los apoyan. Elisa Delboy es una de esas personas. Antigua militante social de La Matanza, vive ahora en Presidente Perón, donde prestó su casa para que la Coordinadora Aníbal Verón de Trabajadores Desocupados instalara un comedor popular que lleva el nombre de Maximiliano Kosteki, donde atienden a 140 chicos, con un horno de pan, una olla gigante que les ha quedado chica y una biblioteca en la que se dan clases de apoyo escolar. La semana pasada dos hombres bajaron de un auto, le cerraron el paso, le robaron la billetera en la que sólo llevaba monedas, le advirtieron que matarían a todos los piqueteros y la tiraron frente al comedor.
Protección
El 26 de junio, cuando Fanchiotti mató a los piqueteros, su superior jerárquico era el jefe de la División Departamental de Lomas de Zamora, Osvaldo Vega, otro hombre que trabó estrecha relación con Oscar Rodríguez cuando era comisario de Guernica. En los operativos especiales, aunque más no sea la custodia de un partido de fútbol de mediana importancia, la policía pide un canal especial de radio para sus comunicaciones. Este sistema tiene una ventaja operativa: todos los efectivos modulan por la misma frecuencia y así no hay confusión posible con otras órdenes de servicio. Pero además permite la grabación de todas las comunicaciones, como elemento de control posterior. El 26 de junio, la Departamental a cargo de Vega dispuso que las comunicaciones fueran punto a punto, sin un registro central y, por supuesto, sin molestas grabaciones. Es impensable que dos policías identificados como partícipes en la masacre del 26 de junio, Carlos Leiva y Héctor de La Fuente, hayan conseguido mantenerse prófugos pese a la voluntad del gobierno provincial por capturarlos, sin una poderosa protección, que implica infraestructura y dinero. No hay demasiados lugares para buscar quién está proveyendo esa protección. (Entrevista con Clara Britos y Elisa Delboy: Diego Martínez)

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La periodista Clara Britos, directora de la publicación regional “La Tapa”
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