La asamblea de Gualeguaychú definía anoche, al cierre de esta edición, la agenda que llevará a la entrevista con Cristina Kirchner. La aplicación del Código Aduanero para impedir el paso por rutas argentinas de mercaderías que se dirijan a Botnia y la sanción de una ley nacional de la madera son algunos de los puntos para el encuentro, que se realizará esta tarde a temario abierto. También quieren que la Presidenta visite la ciudad y ratifique que el reclamo contra Botnia es una “causa nacional”.

Los vecinos designaron a una delegación de cinco integrantes, dos son históricos de la organización, Gustavo Rivollier y Juan Veronessi, y los restantes, los abogados Luis Leissa, Osvaldo Fernández y Víctor Rebossio. El grupo será acompañado por el gobernador Sergio Uribarri y el intendente Juan José Bahillo. La Presidenta estará acompañada por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el canciller Jorge Taiana.

A la espera de que el Tribunal Internacional de La Haya emita su fallo, Rivollier señaló que “sería el colmo de los colmos que La Haya nos fallara en contra, pero aun en el peor de los casos Gualeguaychú no va a dar la licencia social” a la pastera. La ciudad ya tiene definido que no va a acatar una resolución adversa del tribunal, más allá de que el Estado nacional sí lo haga, como anticipó la Presidenta.

Durante el mandato de Néstor Kirchner, los vecinos tuvieron dos entrevistas en la Casa Rosada. La asamblea consiguió que el gobierno argentino negociara con Ence para que la planta, que inicialmente se iba a instalar junto a la de Botnia, fuera relocalizada; también que el Estado presentara la demanda ante la Corte de La Haya –aunque se quejan de que la denuncia se haya concretado con tres años de tardanza–. Ahora, con la pastera ya en funcionamiento, la asamblea retomará viejos pedidos de medidas que la afecten económicamente, como la aplicación del Código Aduanero. Según los ambientalistas, por la ruta 14 estarían circulando camiones con químicos destinados a la fabricación de celulosa. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de impedirlo, pero para aplicar la ley tiene que haber una solicitud expresa de un organismo estatal, como por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente.

Es muy probable que también soliciten que se realicen más controles y se compre mejor equipamiento para vigilar si Botnia está contaminando. Junto con estos reclamos, con la reunión en la Rosada la asamblea busca reafirmar ante la Presidenta que no serán desalojados de la ruta 135, donde mantienen desde hace un año y tres meses el corte contra Botnia.

Por otra parte, ayer el juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini, continuó tomando declaración testimonial en la causa contra los directivos de la pastera por “contaminación en grado de tentativa”. Quadrini interrogó al ingeniero Elías Matta, quien formó parte del Grupo Técnico de Alto Nivel que se reunió con especialistas uruguayos, sin arribar a ningún acuerdo, en los meses previos a la puesta en marcha de la papelera. Los gerentes de la planta están citados a indagatoria para fines de marzo, aunque habrá que ver si cruzan al lado argentino para presentarse a declarar.