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“La inflación no puede adjudicarse a maniobras anticompetitivas”, enfatizan desde la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para responder a las críticas de las asociaciones de consumidores, que les reprochan falta de control a los formadores de precios. La misma opinión (negativa) tiene la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que en el último año solicitó una docena de investigaciones de funcionamiento de mercados que fueron archivadas. Entre ellas, a productores de bienes de consumo masivo que estuvieron en el ranking de los que más aumentaron sus precios en el primer trimestre. “Somos un organismo técnico que actúa con seriedad. No dictaminamos entre gallos y medianoches. Tenemos un procedimiento establecido y lo cumplimos”, afirman desde la comisión.
Roberto Lavagna respalda decididamente al presidente del organismo, Ismael Malis. Lo hace, también, para defenderse a sí mismo. El jefe de Economía consiguió el control de esta área clave y resiste cualquier intento por quitársela. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, preferiría que estuviera bajo la órbita de Patricia Vaca Narvaja, quien quedó sólo a cargo de Defensa del Consumidor.
Las actividades de la comisión se dividen en dos partes. Por un lado, se ocupa de controlar las conductas de las empresas para evitar maniobras anticompetitivas y acuerdos para fijar precios. Por el otro, tiene como función aprobar o rechazar las fusiones y adquisiciones de compañías. Los críticos del organismo afirman que se limita a cumplir con esta última tarea –y muy condicionado por la opinión del Gobierno–, mientras que mantiene una actitud pasiva a la hora de controlar al poder económico.
En el Palacio de Hacienda y en la Comisión niegan ambas imputaciones. “Nuestras resoluciones son totalmente independientes del poder político”, afirman en el organismo. Un informe que resume su trabajo en el último año confirma que su principal actividad fue resolver pedidos de autorización de fusiones y adquisiciones de empresas. Falló en 43 expedientes, de los cuales aprobó 39 y puso algunos condicionamientos sólo en 4. Fueron en las fusiones de Bimbo y Fargo, de Movicom y Unifón, de Fox y Liberty y en la compra de sucursales por parte del banco Comafi. Las dos primeras de esas operaciones fueron muy cuestionadas por los defensores de los consumidores por el alto grado de concentración resultante en esos sectores.
En cuanto al control de mercados poco competitivos, la comisión recibió el año pasado 28 solicitudes de investigaciones: 14 fueron desestimadas de entrada porque los técnicos del organismo consideraron que faltaban fundamentos para iniciar averiguaciones, cuatro fueron archivadas al no comprobarse nada irregular, en seis expedientes se llegó a la instancia de pedir explicaciones a los denunciados –pero finalmente fueron absueltos– y en 4 casos los denunciados aceptaron modificar algunas de sus conductas. Fueron la consultora de mercado AC Nielsen, que había sido acusada por su competidora CCR; la medidora de audiencia Ibope, por una queja del canal de televisión América (la primera accedió a homologar su sistema de medición y a crear otro alternativo); Aceros Zapla, por una queja de su cliente Miti Diero de que era discriminada en la provisión del insumo, y una cooperativa de lancheros de Río Negro.