EL PAíS › LA FOJA DEL GENDARME REI

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 Por Diego Martínez

En 1978, tras apoderarse de un hijo de desaparecidos, Víctor Rei participó como oficial de Inteligencia de Gendarmería en detenciones ilegales e interrogatorios ordenados por el general Carlos Suárez Mason. Empresarios, abogados y empleados del Banco de Hurlingham e Industrias Siderúrgicas Grassi que declararon en el juicio a los ex comandantes recordaron a Rei entre quienes los torturaron en Campo de Mayo. A pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, el juez Daniel Rafecas desarchivó la causa, que además de militares y gendarmes incluye entre sus imputados a ex funcionarios del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El 31 de agosto de 1978 el presidente de la CNV, Juan Alfredo Etchebarne, querelló a las dos firmas ante el juez Rafael Sarmiento. Días después comenzaron a ser secuestrados sus directivos. Previa escala en el Regimiento de Granaderos, eran depositados en Campo de Mayo. El operativo encomendado al coronel Roberto Roualdes fue ejecutado por los tenientes coroneles Francisco Obdulio D’Alessandri y Raúl Alberto Gatica, y por el comandante Rei. Dos años después la justicia pidió la extradición de Suárez Mason y procesó a Roualdés y Etchebarne.

El operativo fue ordenado “por la junta militar”, le confió Rei al cautivo Jorge Tejerina. Los detalles y objetivos se conocieron durante el Juicio a las Juntas y Horacio Verbitsky los desmenuzó en El Periodista. Poco antes de los secuestros se había difundido la supuesta vinculación de Montoneros con el Grupo Graiver, propietario hasta fines de 1976 del Banco de Hurlingham, donde la organización habría depositado 17 millones de dólares pagados por los hermanos Born. Los sucesores de Graiver habían vendido el banco en doce millones de dólares al Grupo Chavanne, que a su vez lo cedió en parte de pago a la siderúrgica. El ingeniero Luis Grassi explicó ante la Cámara Federal que Etchebarne y el ex vicepresidente del Banco Central, Christian Zimmerman, querían apoderarse del banco sin pagar un peso. Agregó que también querían llevar a la ruina a su siderúrgica, quiebra que beneficiaba a Acindar, la empresa que presidió Alfredo Martínez de Hoz antes de asumir como ministro de economía.

Juan Claudio Chavanne fue detenido por un grupo armado al mando de Raúl Guglielminetti. En Campo de Mayo le pegaban “con un fierro muy finito en la cabeza, no muy fuerte, muy despacio, en forma sistemática y continua, con lo cual el dolor de cabeza y de oídos se hace tremendo”, detalló. “Después me ponían agua hirviendo en la parte final de la espalda, decían que era el mejor sistema para ablandar la memoria”, agregó. Las torturas con picana al abogado Eduardo Aguirre Saravia le provocaron dos desmayos. Lo revivieron mediante un simulacro de fusilamiento y lo dejaron sin comer durante quince días. Entre las víctimas estuvo el abogado Alejandro Pinedo, tío de Federico, diputado nacional PRO.

Zimmerman designó ocho peritos del Banco Central y la CNV para asesorar a los torturadores. El fiscal adjunto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Roberto Solá, le exigió al comandante Rei que le quitaran las vendas y las esposas a Chavanne porque de otro modo no lo interrogaría. “Gendarmes ebrios intentaron violar” a la esposa de Chavanne, embarazada de cinco meses, historió Verbitsky. Jorge Buleraich creyó escuchar, durante su detención, que al comandante Rei “en algún momento se lo denominó Mayor Castro”. Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al juez Rafecas en marzo que indague al gendarme por privación ilegal de la libertad, coacción, extorsión y asociación ilícita.

Ayer, mientras teorizaba sobre el origen de la deuda externa, Rei recordó que en 1978 participó “en forma tangencial” de “un procedimiento a delincuentes económicos” en Campo de Mayo. “Gatica y D’Alessandri me llevaron porque me interesaba el procedimiento y tenía algunas nociones”, contó. Su función era “coordinar y leer y hablar con los abogados y contadores de la CNV que estaban ahí, y sobre todo con los fiscales”. Sin obligación de decir la verdad, aseguró que el operativo fue legal y que “nunca estuve en un LRD”, nombre técnico de los campos de concentración.

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