EL PAíS › EL FRENTE CIVICO, GOLPEADO, ANALIZA CAMBIAR DE CANDIDATO

Algo que huele a podrido en Catamarca

 Por Felipe Yapur

Como si no hubiera ocurrido nada, como si no se hubieran quemado y robado urnas para impedir los comicios del domingo, los catamarqueños salieron ayer a las calles para seguir con sus vidas, sus problemas y su costumbre de ocultar el polvo bajo la alfombra. Y tan sólo pasaron 24 horas. Como ocurre en Catamarca, todo se discute puertas adentro, aunque después el mundo se entere. El gobernador Oscar Castillo pasa en limpio el alto costo político que le significó no haber podido frenar los desmanes. Evalúa qué cabezas rodarán de su gabinete y, fundamentalmente, si será necesario convertirse en el candidato del Frente Cívico y Social para recuperar el terreno perdido y recién entonces convocar a las nuevas elecciones. Por su parte, Barrionuevo es consciente de que la difusión nacional e internacional de lo sucedido puede llegar a jugarle en su contra y ahora cultiva un perfil bajo donde predomina un forzado y poco creíble arrepentimiento.
El sol cae nuevamente sobre la capital provincial. Los beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar se apiñan en la puerta del Banco de Catamarca para refugiarse del calor. Hay silencio en los comandos de campaña del PJ y del FCyS. Los bares nuevamente están atestados de parroquianos devorando los diarios locales y nacionales. Todo está como si nada. Salvo en la Casa de Gobierno, donde Castillo habla y se pelea con sus ministros, sobre todo con el de Gobierno, Pedro Casas, y el secretario de Seguridad, Rafael Caseaux. Ambos candidatos a la guillotina. Castillo duda sobre si será suficiente para recuperarse de la paliza que le propinó el justicialismo.
Eduardo Brizuela del Moral, el candidato oficialista, está en su casa. No habla. No opina. Igual que en la campaña proselitista. Pocos creen que siga siendo candidato. En tanto, los cuadros medios del Frente Cívico le reclaman ahora a Castillo que revea su decisión de no renovar su mandato: “Si Oscar no está, el Frente se parte en mil pedazos y Barrionuevo se queda con la provincia”, dicen. No se animan a criticar a su conductor, prefieren ensañarse con los ministros. Castillo está al tanto de esa posibilidad y duda sobre si esa candidatura será suficiente para que su familia no abandone el poder que consiguió hace ya 12 años.
Hasta ayer, los cerebros del FCyS decidieron que lo más conveniente es profundizar su discurso de la paz y la tranquilidad que caracteriza al catamarqueño medio y que no comparte la metodología de Barrionuevo. Convocaron para la tarde de ayer a una marcha por la paz que al mediodía trocó en una misa. Tal vez recordaron que así se llamó la movilización que impulsó Ramón Saadi para contrarrestar las marchas del silencio que promovía la familia de la adolescente asesinada María Soledad Morales.
El justicialismo, por su parte, también medita qué pasos dar. Barrionuevo considera que ya pasó el momento de las flamígeras arengas que lanzó los últimos días antes de los comicios. Ayer partió hacia Buenos Aires. Sabe que ahora el campo de batalla está en el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Debe conseguir de los supremos la voluntad para que lo habiliten a competir por el puesto de gobernador. Considera que tiene poco tiempo para lograr este objetivo y cree que lo mejor es bajar los decibeles de la pelea contra Castillo. El gastronómico dice que el fallo de la Corte debe salir cuanto antes. Si así ocurriera podría exigir que los nuevos comicios se realicen antes de que Duhalde abandone el gobierno y así “negociar” con un aliado antes que con cualquiera de los candidatos del PJ con los que no tiene nada en común. Un dato que puede jugar a favor de las aspiraciones de Castillo.
Mientras el PJ y el FCyS relamían sus heridas, la policía lanzó un operativo para detener a los que protagonizaron los desmanes del domingo. Como en Catamarca todo se sabe, los justicialistas dicen que el Frente Cívico entregó a la policía una lista que varía entre 70 y 300 personas para que fueran detenidas. El objetivo, según el PJ, es que alguno de los presos se quiebre y responsabilice al gastronómico como el autor intelectual del operativo boicot.

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