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Por Irina Hauser y Victoria Ginzberg

Después de largas discusiones y tironeos, los nueve ministros de la Corte Suprema admitieron ayer en una acordada que toda la información que les pidió la Comisión de Juicio Político de Diputados es de “carácter público” y se comprometieron a entregarla. Pusieron, sin embargo, algunos reparos en conceder estadísticas sobre las causas que ingresaron al tribunal, el tiempo que demoran en cada vocalía y en ser resueltas. Ese relevamiento, dicen, requeriría “varios meses de trabajo”. En teoría, desde la semana próxima girarían al Congreso los datos más “sensibles” como liquidación de viáticos, licencias, haberes de los supremos, régimen de vehículos, gastos anuales, entre otros.
“No hay que darles nada, al menos para chicanearlos”, se cansó de aconsejarle el administrador general de la Corte, Nicolás Reyes, al presidente del tribunal Julio Nazareno con la tonada riojana que los hermana. En principio, Nazareno compartía el ánimo de provocación e incluso junto con sus pares ultramenemistas Eduardo Moliné O’Connor y Guillermo López recusó a 20 de los 31 diputados de la Comisión de Juicio Político que analiza su trayectoria. Esa iniciativa cayó pésimo a varios de sus compañeros, que la creyeron pobremente fundada.
El clima no estaba para profundizar las disputas internas. Después de la insistencia de los ministros Enrique Petracchi, Gustavo Bossert y Augusto Belluscio, que venían pidiendo un gesto de transparencia del tribunal –y a los que se sumaron Antonio Boggiano y Carlos Fayt con una postura intermedia–, el resto finalmente accedió a brindar a los diputados toda la información que pidieron. El texto alude a que se trata de cuestiones públicas y que es “obligación rendir cuentas a la Nación”.
A tono con la catarata de cuestionamientos que viene formulando hacia los diputados que lo investigan, el único que se había plantado en contra de la mayoría y que hasta el martes a la tarde pensaba firmar una disidencia, fue Adolfo Vázquez. Finalmente, se unió a los demás pero hizo un voto propio en el que dice que los oficios enviados por la Comisión de Juicio Político a la Corte “menoscaban su autoridad, independencia y la soberanía que le corresponde”. A cada supremo, agrega, se lo debe juzgar en particular.
A Reyes le toca ahora armar la parte “económica” del informe para los legisladores. Varios puntos estarían listos la semana próxima como, por ejemplo, los referidos a presupuesto, asignaciones de un plus del 25 por ciento por dedicación funcional, gastos anuales, la acordada del no pago del impuesto a las ganancias por parte de los supremos, licencias de los ministros, viajes, haberes liquidados, régimen de afectación de vehículos. No será tan fácil, dicen en la Corte, reportar la cantidad de secretarios desde el año ‘90 será complicado, sí los de los últimos años.
La Corte aclara en su acordada que no podrá dar estadísticas de expedientes, ni detalles sobre cuánto demora una causa en ser resuelta, pero pusieron sus registros a disposición. En relación a las denuncias que les cuestionan haber adelantado votos o resultados de fallos, el máximo tribunal se dice “víctima de la difusión de trascendidos periodísticos”.