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Cuando el 12 de agosto pasado logró que su proyecto para declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final se aprobara, Patricia Walsh sabía que quedaba pendiente dar un paso más. Parte de la impunidad que gozan los militares que cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura proviene de los indultos que el ex presidente Carlos Menem firmó en 1989 y 1990. Ayer, la diputada de Izquierda Unida avanzó en ese sentido y presentó un nuevo proyecto de ley para derogar seis de aquellos decretos por considerarlos inconstitucionales e insanablemente nulos. Aunque sabe que conseguir el apoyo de los diputados justicialistas no será tarea fácil, asegura que cuenta “con la mayoría, pero del pueblo argentino”.
“Siempre entendimos que no se puede juzgar y condenar sólo a los mandos intermedios e inferiores. Es imprescindible que también sean juzgados los mayores responsables de los crímenes de lesa humanidad, que fueron beneficiados por una verdadera amnistía encubierta”, comienza a explicar Patricia Walsh en el primer piso de la confitería Casablanca donde presentó su proyecto. Los decretos que pretende que se deroguen habían perdonado a toda la cúpula militar de la dictadura, entre cuyos miembros se encuentran Jorge Videla, Emilio Massera y Roberto Viola; a los responsables de la guerra de Malvinas como Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya; y a los carapintadas que se alzaron contra la democracia en 1987 con Aldo Rico a la cabeza.
En aquella sesión del 12 de agosto, la Cámara de Diputados sancionó un proyecto de ley en el que se solicitaba la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, pero en el que no estaban incluidos los indultos decretados por Menem. Ayer, tan sólo un día después de haber sido promulgada aquella ley por el presidente Kirchner, Walsh decidió presentar su nuevo proyecto. “La anulación de los decretos de indulto a los terroristas de Estado significa atender un reclamo de la mayoría de nuestro pueblo que quiere terminar con la impunidad”, enfatizó la diputada, presidente del bloque de Izquierda Unida.
Los fundamentos esgrimidos en el pedido de derogación se basan principalmente en la concepción de inconstitucionalidad de los decretos. “La nulidad insanable radica en que contrarían lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Nacional y los principios del derecho de gentes receptado en el artículo 118 de la Carta Magna”, explica uno de los párrafos del proyecto. El artículo 29 dice que no son amnistiables ni perdonables aquellos actos que “implican la concesión o la asunción de la suma del poder público”, ya que concederían facultades extraordinarias por las que “la vida de los argentinos queda a merced de gobiernos o persona alguna”. De esta manera, los indultos consagrarían la impunidad de hechos aberrantes que ese artículo pretende evitar. El artículo 118, por su parte, contempla diferentes tratados internacionales de derechos humanos firmados por la Argentina y que definen a los crímenes cometidos por los militares perdonados como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.
Además de indultar a una larga lista de militares, en aquella oportunidad Menem había decretado el perdón para algunos integrantes de la agrupación Montoneros. Quizás por eso, Walsh se encarga de aclarar que sólo incluyó los decretos que “indultaban a personas que cometieron el delito de terrorismo de Estado”.
La diputada ahora espera que el presidente de la Cámara baja, Juan Carlos Camaño, apruebe la realización de una sesión especial el próximo miércoles a las 14 para poder tratar su proyecto. Aunque es conocida la oposición del bloque justicialista a la derogación de los indultos, Walsh apeló a que exista algún cambio de idea y “el PJ discuta el tema nuevamente”. También se dirigió al radicalismo, que se abstuvo o votó en contra cuando se trató la nulidad de las leyes de impunidad, para “que estén sus 61 diputados cuando tratemos el proyecto”.

Informe: Martina Noailles.