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La decisión del Gobierno de quitarle la concesión de la ex línea San Martín al Grupo Metropolitano se constituyó en la quinta ocasión, en el último año y medio, en que el Estado se ubicó como protagonista en los servicios públicos que el menemismo había privatizado. No quiere decir que cada intervención haya respondido a las mismas necesidades. No lo fue en la del Correo, ni en la creación de la empresa estatal de energía ni tampoco tuvo matices similares en la reasunción del control del espacio radioeléctrico.
Algunas intervenciones fueron en respuesta a incumplimientos empresarios: el Correo Argentino, la licencia de Thales Spectrum y, ahora, el ex ferrocarril San Martín se inscribieron en ese capítulo. La compañía Energía Argentina (Enarsa) nació, en cambio, en el contexto de la crisis energética y la necesidad del Gobierno de dar respuestas concretas pero también políticas ante la situación de incertidumbre en el sector. El tercer grupo está integrado por un caso que comandó la administración Duhalde: se trata de la empresa Líneas Aéreas Federales (Lafsa), que fue creada con el objetivo de salvar cientos de puestos de trabajo.
Los casos de incumplimientos empresarios echaron luz sobre las sospechas de que los grupos económicos entraron al proceso de privatizaciones con el único objetivo de extraer jugosas ganancias, con tasas de rentabilidad imposibles de igualar en otros países. En manos del Grupo Macri, el Correo dejó de pagar el canon al que se había comprometido. Y, según denunciaron asociaciones empresarias, la empresa se apartó de aquellas localidades que no le eran rentables. Con Thales Spectrum, la Argentina compartió cartel con Gabón y Burkina Faso en la privatización del espacio radioeléctrico, un sector estratégico. Además, la empresa francesa incumplió inversiones y se quedó con el 75 por ciento de lo recaudado. A diferencia del Correo, por ejemplo, el Gobierno ya adelantó que no volverá a cometer el error de regalarle un negocio redondo a los privados.
Estos casos dejan en evidencia ciertos interrogantes. Uno refiere a la decisión oficial de dejar en poder de las multinacionales algunas concesiones que el propio Gobierno había dado como desahuciadas. Por ejemplo el caso de Aguas Argentinas. La segunda, pasa por la vocación del Estado de contar con una estrategia común para los servicios que vuelve a controlar. Un planteo diseñado a tornar eficientes a las compañías: que las cartas lleguen a todos los puntos del país a precios accesibles, o que la flamante petrolera tenga verdadero peso específico en el mercado. En este plano, algunos pasos dados por el Gobierno dan espacio a la ilusión. Otros, como la cesión de los peajes a los mismos grupos que los usufructuaron durante los últimos años crean la sensación contraria.