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- El Gobierno tiene decidido cambiar el procedimiento penal, buscando agilizar los trámites.

- La decisión cuenta con el aval presidencial y está siendo impulsada por el Ministerio de Justicia.

- El trámite a implementar, “acusatorio”, concede las facultades instructoras a los fiscales, desplazando de esa función a los jueces.

- A los jueces de primera instancia les cabrá custodiar que el fiscal respete las garantías constitucionales durante la búsqueda de la prueba. Pero los jueces no acusarán e investigarán, como lo hacen ahora.

- El objetivo es abreviar sensiblemente las causas, evitar prescripciones. La reforma tiene un costado garantista que es evitar que el mismo juez que acuse sea quien decida el procesamiento.

- Los fiscales deberán tener más recursos y más facultades. Entre ellas, las de acordar penas con los acusados. También la de desistir causas, esto es, de no elevarlas al tribunal oral.

- Para evitar abusos de los fiscales, deberá existir un organismo de control sobre sus decisiones de no acusar.

- El proyecto de ley no está redactado aún. Se discute entre otros temas si la indagatoria la tomará el fiscal, el juez o ambos. Y si habrá procesamiento durante la etapa de instrucción.