EL PAíS › DENUNCIA PENAL DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS

Buscando desarmar el sistema

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó ayer una denuncia penal para que se investigue si los trabajadores bolivianos que murieron en el incendio de una fábrica textil porteña fueron reclutados por organizaciones delictivas que trafican personas para realizar trabajo esclavo en el país. El titular de esa cartera, Eduardo Luis Duhalde, advirtió que habría que saber también “quiénes son los que se benefician con este tipo de trabajo, quiénes adquieren o encargan estos productos”.

“Nos presentamos ante la Justicia criminal para que se investigue la existencia de una asociación cuyo fin sería el de reclutar ciudadanos bolivianos para realizar trabajo esclavo”, afirmó Duhalde en una conferencia de prensa. La denuncia penal es “contra quienes resulten autores, cómplices o encubridores o registren cualquier tipo de participación en los delitos de incendio seguido de muerte, asociación ilícita y reducción a servidumbre”. Asimismo, la presentación judicial señala que, de acuerdo con los datos que “surjan de la investigación a practicarse, quienes sean individualizados, se les tome declaración indagatoria y se decrete su procesamiento, elevándose la causa a juicio”.

“La problemática de la comunidad boliviana en nuestro país es un tema de gran preocupación para esta secretaría. Suponemos que hay muchos talleres clandestinos en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos de la Argentina, pero hoy estamos ante una realidad palpable”, afirmó Duhalde. En ese sentido, el funcionario señaló que habría que saber también “quiénes son los que se benefician con este tipo de trabajo, quiénes adquieren o encargan estos productos”.

La denuncia fue presentada cuatro días después del incendio registrado en un taller textil del barrio de Caballito, donde murieron seis personas, cuatro de ellos niños, todos de nacionalidad boliviana. Allí trabajaban y vivían en condiciones de hacinamiento numerosas familias.

De acuerdo con las investigaciones, se desprende que existiría una organización que se dedica a ingresar ilegalmente al país a bolivianos, quienes luego son sometidos a servidumbre, principalmente en talleres que se dedican a la fabricación de productos textiles.

En ese sentido, el secretario de Derechos Humanos dijo que “este accidente nos obliga a actuar con rapidez y entre todos los organismos del Estado”.

Duhalde anunció además la creación de un Observatorio de Derechos Humanos relativo a las personas de nacionalidad boliviana sometidas a la jurisdicción del Estado argentino. El funcionario explicó que con representantes de la Embajada de Bolivia, organizaciones de ese país, la Cancillería y los ministerios de Interior y Trabajo “estábamos en ese proceso, de creación del Observatorio, cuando ocurrió la tragedia”.

“El objetivo de este Observatorio es el de diagnosticar y ofrecer soluciones”, a los sectores de la comunidad boliviana que pertenecen a sectores sociales de alta vulnerabilidad”, señaló.

Duhalde destacó además la importancia de “difundir los derechos de los migrantes”, ya que muchas veces los inmigrantes “son atemorizados por estas asociaciones ilícitas que violan los derechos humanos”.

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