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Políticas de comunicación

Washington Uranga señala que la ley forma parte de una política de comunicación, pero no la agota, y recuerda también otros aspectos para continuar trabajando en esa línea.

 Por Washington Uranga

Los dos años que se han cumplido desde la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual han servido para demostrar que, con voluntad política y herramientas de gestión, se pueden vencer muchos obstáculos y resistencias. Aun los que parecían más difíciles de sortear. En este mismo diario, Damián Loreti (“Ahora dicen que la ley no se aplica”, 10-10-11) hizo un valioso repaso de los importantes avances obtenidos en este tiempo y de los beneficios que ello implica. En esta página, Carlos Valle destaca el valor de la ley como una herramienta para la democracia, pero también deja en evidencia los problemas que sigue enfrentando su instrumentación. Son todos aspectos complementarios de una evaluación que es a todas luces positiva de un proceso de muchos años que tuvo su columna vertebral en la movilización de comunicadores y organizaciones sociales a favor del derecho a la comunicación y que alcanzó su punto de inflexión a partir de la decisión política del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de impulsar la aprobación de la nueva norma respetando el trabajo que se venía realizando en la materia. Perseverancia, militancia, convicciones, decisión, audacia, derechos. Son todas palabras que pueden acumularse a la hora de los primeros balances.

Al mismo tiempo, muchos de los pronósticos catastróficos y pesimistas sobre las consecuencias de la aplicación de la ley no encuentran hoy ningún dato cierto que los compruebe. No hay más periodistas sin trabajo como consecuencia de la ley de SCA, no se cerraron productoras, no se censura con los instrumentos que la ley ofrece. Lo contrario es más fácil de demostrar: existen más oportunidades, se abren nuevas perspectivas y, sobre todo, hay más alternativas de ejercer el derecho a la comunicación. Como bien lo señala Carlos Valle, la ley de SCA es una herramienta de la democracia.

Pero en el campo de la comunicación y de las políticas comunicacionales no está todo dicho en la Argentina. Es necesario seguir trabajando para aprovechar todas las posibilidades que la ley ofrece, transitar todas las sendas abiertas, mejorar en mucho los medios de comunicación audiovisual. Porque, tal como lo señalamos al día siguiente de la aprobación de la norma, la ley fue la culminación de un capítulo pero, lo más importante, el comienzo de un camino que apenas se inicia. Sólo para mencionar algunos temas: habrá que continuar con la asignación de más frecuencias de radio y televisión, pero sobre todo seguir pensando en la producción de contenidos; las universidades deberían tomar las riendas de la producción para acelerar la operatoria con calidad de los canales de televisión que ya tienen asignados; es necesario desarrollar nuevas ideas que integren cultura-educación-comunicación como parte integral de las políticas públicas en todos los niveles.

Siendo importante, la ley de SCA no agota una política de comunicación. Como en cualquier otro aspecto de la convivencia social que atañe a la calidad de vida de los ciudadanos (salud, educación, ambiente, etc.), la comunicación requiere hoy en día de una política pública que, promovida desde la gestión del Estado, impulse y garantice la vigencia de los derechos –en particular del derecho a la comunicación– de todos los actores y sectores. Los medios audiovisuales son una parte fundamental de la comunicación, pero una política de comunicación debe ser más abarcativa y atender a cuestiones tales como el acceso a la información, la promoción e incentivo de los bienes y las industrias culturales y las garantías de una auténtica comunicación de servicio público diferente y al margen de la comunicación de gobierno.

Precisamente este último capítulo es uno de los que más debates puede requerir. En principio, porque existe una larga experiencia que ha confundido lo público con lo estatal y aún más, con lo gubernamental. Es necesario que, como parte del proceso de democratización de la comunicación, se tomen acuerdos políticos, sociales y culturales para definir el sentido y las formas de la comunicación pública, de los medios públicos distintos a los gubernamentales y a los comerciales. Son ámbitos y actividades complementarias, de cuya suma sólo puede resultar una mejor comunicación, más verdaderamente democrática, pluralista y diversa.

Más allá de los logros que ya aportó la ley de SCA y de la consolidación que en sí misma significa para el sistema democrático, el actual período electoral puede servir para ahondar en el debate de ideas. Y seguramente, la gestión que se iniciará el 10 de diciembre podrá profundizar el rumbo en materia de políticas de comunicación basadas en el derecho a la comunicación como derecho humano.

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