SOCIEDAD › UN JUEZ ORDENO AL GOBIERNO PORTEñO DAR UNA VIVIENDA A UNA MUJER Y A SU HIJO DISCAPACITADO

La salud de los niños es un derecho

Por primera vez la Justicia ordena al gobierno porteño que garantice a una mujer y a su hijo discapacitado una vivienda en alquiler. El juez dio un plazo de cinco días, pero pasó más de un mes y el fallo no fue cumplido. La familia quedará en la calle.

 Por Eduardo Videla

Carolina llegó hace seis años desde Formosa. Vino con su hijito, que entonces tenía cinco años, para hacerle un tratamiento en el Hospital Garrahan. Después de pasar por diversas penurias habitacionales, hoy vive en un hotel del barrio de Constitución pero como debe tres meses de alquiler, está a punto de quedar en situación de calle. Trabaja por horas y cuando puede, ya que su hijo, que sufre una discapacidad, necesita de una atención casi permanente. Su caso fue atendido ahora por la Justicia porteña que, por primera vez, le ordena al Gobierno de la Ciudad que otorgue a una familia una solución habitacional por fuera de los planes asistenciales transitorios, como hoteles y paradores: el juez dispuso que, en un plazo de cinco días, se le brinde a la familia “una vivienda adecuada al estado de salud del menor”, con un baño instalado, luminosidad, ventilación y todos los servicios básicos. El fallo es del 17 de noviembre. Pasado más de un mes, el gobierno no apeló la sentencia pero tampoco cumplió con lo ordenado y la familia sigue en riesgo de ser desalojada.

La resolución es consecuencia de la acción de amparo presentada por Carolina Rodas, de 31 años, con el patrocinio de la defensora oficial Lorena Lampolia. Su hijo M. A. R. nació en 2000, un mes después del fallecimiento de su padre. A los tres años de vida, los médicos del Hospital Madre del Niño, de Formosa, le detectaron una anormalidad en la zona dorsal, por lo cual fue operado. Pero luego de esa intervención, el chico comenzó a sufrir incontinencia de orina y heces, por lo cual los profesionales le sugirieron continuar con el tratamiento en el Hospital Garrahan.

Según consta en la causa, Carolina y su hijo se alojaron durante algún tiempo en una obra en construcción donde trabajaba como sereno el hermano de ella. Hasta que fue desalojada. Luego se albergó, durante dos años, en el Hogar Dr. Esteban Maradona, y posteriormente alquilaron cuartos en distintos hoteles, hasta que, por falta de pago, quedaron a la intemperie. En 2010 se inscribieron en el Programa Familias en Situación de Calle, del gobierno porteño, donde cobraron diez cuotas de 700 pesos. Con ese dinero alquilaron un cuarto en un hotel, en la calle Solís al 1700, pero en julio de este año dejaron de percibir el subsidio y desde entonces, sólo pueden pagar, en forma esporádica, algunos días de alquiler, según contó la propia Carolina a Página/12.

“Trabajo en una casa de familia, en Belgrano, pero algunos días a la semana”, cuenta la mujer. Cobra en promedio 60 pesos semanales más 180 del programa Ticket Social y 973 de la pensión por discapacidad de su hijo. El niño “a veces se queda solo, a veces lo cuida mi hermana”. Ella lo llevó todos los días a la escuela, en colectivo, hasta Chacarita, “porque allí empezó y ahí tiene a sus compañeros”. Por su afección, el chico no puede ir al baño solo y necesita de asistencia en promedio cinco veces al día, dijo a este diario la defensora Lorena Lampolia.

En agosto, Carolina pidió la renovación del subsidio habitacional mediante una nota al Ministerio de Desarrollo Social, por entonces a cargo de María Eugenia Vidal, actual vicejefa de Gobierno, hoy conducido por Carolina Stanley. Le respondieron que era inviable porque ya había recibido la totalidad del beneficio. También se inscribió en la oficina de la Dirección de Empleo de la Ciudad, donde aún no recibió ningún ofrecimiento laboral, y pidió incorporarse al programa de Formación e Inclusión para el Trabajo, pero recién en febrero podría inscribirse.

En medio de esta situación extrema, Carolina recurrió a la Defensoría General, que patrocinó su acción de amparo. Un argumento decisivo de su pedido es el informe del médico Federico Segura, quien consideró acreditado que el lugar donde vivieron hasta ahora Carolina y su hijo “no cuenta con baño privado, no siendo recomendable por la alta predisposición a enfermedades del tracto urinario, dado que (el niño) debe ser cateterizado cinco veces al día, por lo que la vivienda no se encuentra en condiciones de habitabilidad en relación con el estado de salud del menor”.

Ante la demanda, el juez en lo Contencioso Administrativo Guillermo Scheibler consideró admisible el reclamo, “ante la amenaza de sufrir un perjuicio irreparable”. Si bien en un principio el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad que incluya a la familia en “alguno de los programas habitacionales vigentes”, luego, en una segunda sentencia, ante un pedido de revocatoria de la defensora, rectificó el primer dictamen y dispuso que se le otorgue una vivienda adecuada al estado de salud del menor M. A. R.”. Esto es, con “agua corriente, energía eléctrica, en lo posible gas natural, habitaciones ventiladas, sin rastros de humedad, luminosidad, baño completo instalado y una superficie que evite el hacinamiento de los integrantes del grupo familiar”. El juez agrega que, de no contar la Ciudad con una vivienda de esas características, se aporte “un subsidio suficiente para poder afrontar el alquiler” de un espacio similar. Para adoptar esta nueva decisión, el juez no tuvo en cuenta solamente el “derecho a una vivienda digna” de Carolina y su hijo, sino el “derecho a la salud” del niño.

Se trata de una respuesta diferente de la que la Justicia porteña había brindado hasta ahora. “Los jueces otorgan soluciones dentro de los programas del gobierno, ya sea en los paradores o en los hoteles, con un límite de tiempo, sin tomar en cuenta situaciones de excepción, por razones de salud, como en este caso”, explica la defensora. De esa manera, ante la serie de rechazos judiciales, 37 casos ya llegaron hasta la Corte Suprema de la Nación. En uno de ellos, el de Sonia Quisbeth Castro –cuyo hijo también tiene problemas serios de salud– la Corte convocó a una audiencia pública entre las partes, que tuvo lugar en septiembre. Se espera ahora el pronunciamiento del máximo tribunal, que puede establecer criterios jurídicos para los demás casos.

Mientras tanto, el gobierno porteño no cumple con el fallo de primera instancia y la Defensoría ya inició las acciones para que se aplique una multa diaria a la ministra Stanley, como sanción por esa rebeldía.

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Carolina con su hijito pasaron por infinidad de penurias y ahora están por quedar en la calle.
 
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