SOCIEDAD › LA JUSTICIA PORTEÑA LE PONE FRENO A UN INSTRUCTIVO DEL MINISTRO BULLRICH

Para que no llamen a la policía

La nota obliga a directores de escuelas tomadas a hacer la denuncia policial, previendo delitos como “violación de domicilio o usurpación”. Tras una denuncia de la Defensoría y docentes, la jueza Liberatori dijo que era “ilegítima”.

Eduardo López (UTE) y Roberto Gallardo (Defensoría), con legisladores, dieron a conocer el fallo.
Imagen: DyN.

La Justicia porteña dictó una medida cautelar que prohíbe la implementación de un instructivo del Ministerio de Educación que ordena a los directivos de escuelas tomadas “concurrir inmediatamente a la comisaría” para “denunciar la situación de toma”. La jueza Elena Liberatori adoptó la decisión tras una denuncia presentada por gremios de docentes y la Defensoría General de la Ciudad. Las autoridades actuaron “de forma ilegítima”, señala el fallo, y afirma que los lineamientos de la cartera educativa “afectan las garantías particulares de los adolescentes”. “Desde el siglo pasado que se dejó de llamar a la policía para que resolviera conflictos en el trabajo y las escuelas”, apuntó a Página/12 el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE-Ctera), Eduardo López.

La denuncia fue presentada el miércoles pasado por el defensor general adjunto de la Ciudad, Roberto Gallardo, los legisladores porteños Gonzalo Ruanova (mandato cumplido), Francisco Nenna y María José Lubertino y el titular de UTE. En el amparo argumentan que por esa medida los docentes “abandonan” su rol y se constituyen “en una suerte de gendarmes de sus propios alumnos”.

La resolución judicial se produce en pleno conflicto en la educación porteña, con 36 escuelas tomadas por los estudiantes en rechazo a la modificación “inconsulta” de los planes de estudio y en reclamo de participación.

El instructivo disponía que el rector o director, como “responsable directo del establecimiento”, debía “concurrir inmediatamente a la comisaría de la jurisdicción del establecimiento a efectos de denunciar la ‘situación de toma’ (no denunciar personas)”. De acuerdo con el documento, la toma podría ser considerada por la Justicia como delito de “violación de domicilio o usurpación” o “contravención al artículo 58”. Según la jueza, el instructivo “obliga” a los directivos “en tanto son subordinados jerárquicos de quien imparte las instrucciones”. Por otra parte, considera que la toma de escuelas “no es otra cosa que el ejercicio regular de los derechos constitucionales”, también contemplados “por la Convención sobre los Derechos del Niño”.

Respecto del rol de las autoridades gubernamentales, sostiene que “responden (a las tomas) oponiendo medidas de forma ilegítima”. El instructivo fue entregado a directores el martes pasado por la viceministra de Educación, Ana Ravaglia, sin membrete ni firma, por lo cual infringe el artículo 8 del decreto de Procedimiento Administrativo de la Ciudad. Pero ya había sido aplicado por la directora de la Escuela de Música Pedro Esnaola el miércoles 19, según publicó Página/12.

No es la primera vez que el gobierno porteño solicita a los directivos actuar en ese tono. En 2008 salió a la luz la disposición 495499/DGEGE/08. En ese caso, las autoridades debían elaborar una suerte de lista de los estudiantes que protagonizaban la toma y hacerlos constar en un acta. En 2010 y 2011, legisladores porteños reiteraron la denuncia ante episodios similares.

“Hay que ver si apelan. No creo porque el fallo es muy claro. Desde el siglo pasado que se dejó de llevar al comisario del barrio para que resolviera los conflictos laborales o de la educación”, señaló López. El dirigente adelantó que el lunes el gremio iniciará una campaña para “exigir que el ministro (de Educación, Esteban Bullrich) dialogue con los estudiantes”.

El Consejo Federal de Educación dispuso en 2009 que las 24 jurisdicciones del país debía adecuar los contenidos en escuelas técnicas para homologar títulos, antes de 2013. “El Ministerio de Educación no hizo nada para adaptar la currícula de las escuelas técnicas. A último momento, sin consultar, quiere implementar una que nivela hacia abajo”, afirmó López. “Los contenidos deben discutirse con la comunidad educativa y no con las cámaras empresarias, como dice un editorial del diario Clarín”, agregó.

Ayer, alumnos y directivos de la escuela Mariano Acosta se reunieron con asesores y supervisores de la cartera educativa. En el encuentro, los estudiantes reiteraron su pedido: que los atienda el ministro y los escuche.

Informe: Carla Perelló.

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