SOCIEDAD › LAS DENUNCIAS POR TRABAJO ESCLAVO Y TRATA DE PERSONAS

Grandes marcas bajo investigación

El pedido de indagatoria de Juan Luis Mingo Salazar, el titular de Falabella, es el momento culminante de una serie de investigaciones que se vienen realizando desde hace diez años, por denuncias de trabajo esclavo contra importantes firmas textiles. Una de las primeras presentaciones se hizo en el año 2006 contra 18 empresas de primera línea, entre ellas Puma, Topper, Adidas, Awada, Ona Saez, Mimo y Dufour, a las que se señaló como presuntamente relacionadas con las actividades en un taller ubicado en la calle Campana, en el barrio porteño de Floresta. En ese taller trabajaban costureros indocumentados, entre ellos un adolescente de 16 años, algunos de los cuales habían sido traídos desde Bolivia con la promesa de un empleo digno. Se les pagaba poco más de 20 pesos a cada uno por día, por confeccionar camperas. Trabajaban, en condiciones insalubres, de lunes a viernes, desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche.

Esa denuncia fue realizada, en forma conjunta, por la Unión de Trabajadores Costureros y la Fundación La Alameda. Las denuncias habían sido aportadas por trabajadores que dijeron tener conocimiento de “varias decenas” de talleres que tenían el mismo sistema laboral. La presentación fue por violación a la ley 12.713, que regula el régimen de trabajo a domicilio, a la ley de migraciones, al convenio del gremio del vestido y también por “reducción a servidumbre”.

En julio del año pasado, una nueva causa se abrió contra un taller del barrio de Mataderos donde se confeccionaban prendas para la firma Cheeky, dirigida por Juliana Awada, la actual mujer del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri. Los costureros, de origen boliviano, trabajaban quince horas por día con un sueldo mensual de 1800 pesos. Los trabajadores tenían incluso dificultades para salir de la planta, dado que vivían en el lugar, hacinados, en cuartos pequeños, con camas tipo cucheta.

Cheeky ya había sido denunciada con anterioridad, en enero de 2007, por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, durante la gestión como jefe de Gobierno de Jorge Telerman. En aquella ocasión se habían constatado irregularidades en varios talleres que fueron inspeccionados, pero un fallo del entonces juez y hoy ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, dictó el sobreseimiento de los responsables de la firma. La resolución fue considerada “escandalosa”.

En julio de 2012 se renovó la denuncia contra Cheeky por “reducción a servidumbre, evasión fiscal, violación a la ley de migraciones y a la ley de trabajo a domicilio”. La denuncia fue por la existencia de un taller en el cual trabajaban 13 personas en condiciones infrahumanas. No bien la denuncia se hizo pública, la firma aseguró en un comunicado que “de acuerdo con su procedimento habitual, ha resuelto suspender inmediatamente la relación comercial con ese taller hasta tanto se esclarezca su situación” con la Justicia.

El año pasado se hizo un escrache por trabajo esclavo a la marca de ropa Soho, que ya había sido acusada en 2007. Aunque también hubo un sobreseimiento judicial, se reiteraron las denuncias por la existencia de tres talleres en los que se confeccionaban prendas para esa marca. La manifestación contra Soho se hizo frente al local que tiene la firma en la avenida Santa Fe al 2000, en la Capital Federal.

Una de las últimas denuncias se hizo el 12 de abril de este año, contra la marca Zara. Esta es la segunda imputación judicial contra la misma firma. Igual que la primera presentación, se hizo ante la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, a cargo de Marcelo Colombo. Las denuncias fueron hechas contra el responsable de la firma, Luis Mendoza Zarco, y contra los responsables de un taller de costura ubicado en Cafayate 1836 de la Capital Federal.

Allí se confeccionaban prendas para las marcas Zara y Scombro, entre otras. Se entregaron filmaciones y fotografías que demostrarían que el local no está en condiciones de ser habilitado, por problemas de salubridad, higiene y por la “explotación de empleados a los que se le paga cuatro pesos por prenda terminada”.

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