Un documental emitido este fin de semana en la televisión catalana sobre la condena a Juan Pintos Garrido, un argentino que fue arrestado en Barcelona por la supuesta agresión a una policía durante un desalojo de una fiesta en un ex teatro tomado en 2006, causó una ola de reacciones que llevó al Ayuntamiento local a pedir a la Fiscalía que analizara si había elementos para reabrir el caso. En 2008, la Justicia española encontró a Pintos Garrido culpable y lo sentenció a tres años y tres meses de prisión por incitar a tirar piedras a un guardia urbano, que resultó herido y quedó en estado de coma. La familia del joven aseguró en varias oportunidades que se trató de una “causa armada por discriminación, que esconde responsabilidades del Ayuntamiento, la policía y la Justicia de Barcelona”. El film aporta un testigo, que no se identifica, y dice que otra persona le confesó haber sido quien tiró una maceta desde un balcón del edificio, propiedad del Ayuntamiento. Además, incluye el testimonio tras el incidente del entonces alcalde de Barcelona, quien confirma esta versión.

La emisión del film Ciutat morta (Ciudad muerta), de Xapo Ortega y Xavier Artigas, aportó nuevos testimonios sobre los hechos conocidos como 4F (4 de febrero). El 4 de febrero de 2006, la policía catalana irrumpió en una fiesta de okupas en un ex teatro, propiedad del Ayuntamiento. Este tipo de fiestas clandestinas son habituales en la escena “parakultural, okupa y klandestina” de Barcelona. Aquel día se produjeron incidentes durante los cuales un guardia resultó herido y quedó en estado vegetativo.

Nueve personas fueron detenidas, entre ellas Pintos Garrido y dos jóvenes chilenos, acusados de participar de la agresión con piedras al guardia. Mientras que los otros seis, todos europeos, fueron dejados en libertad esa misma noche; los jóvenes sudamericanos quedaron detenidos.

Los acusados aseguraron que pasaban por la puerta de la fiesta en su camino de vuelta a casa y que, al ver que la policía “reprimía y detenía indiscriminadamente”, sólo atinaron a correr. Además, reafirmaron que la agresión provino “desde adentro del local”. Sin embargo, la Sala 8 de la Audiencia Provincial de Barcelona utilizó como pruebas las declaraciones acusatorias de los guardias urbanos colegas del lesionado para condenarlos, aun sin comprobarse el ataque.

Luego de permanecer más de dos años en prisión preventiva, Pintos Garrido, Rodrigo Lanza y Alex Cisterna fueron condenados a entre tres y cuatro años de prisión. Pintos Garrido quedó en libertad condicional por haber cumplido previamente la mayor parte de su condena. Desde 2012 vive en Argentina.

La familia Pintos Garrido denunció en repetidas ocasiones que se trató de una “causa armada por discriminación”. La madre de Juan, María Inés Garrido, señaló que la jueza de la causa desestimó la responsabilidad de la Guardia Urbana por no preservar el lugar de los hechos y permitir que se limpiara antes de que llegara la Policía Científica. En este sentido, las piedras nunca fueron presentadas como pruebas de la presunta agresión.

Además, según Garrido, la jueza no llamó a declarar al alcalde de Barcelona de ese entonces, Joan Clos, quien horas después de ocurrido el hecho afirmó que la herida del guardia había sido ocasionada por una maceta que cayó de un balcón del ex teatro. “Como esto implicaba aparecer en la cadena de complicidades por permitir realizar fiestas, su declaración no fue aceptada como prueba”, sostuvo Garrido durante el juicio.

El documental rememora el testimonio de Clos y, además, aporta un testigo, que no se identifica y que dice que otra persona le confesó haber sido quien tiró la maceta. “No tenemos ninguna duda de que el documental servirá para reabrir el caso del 4F y de las torturas a los chicos detenidos, que también fue un caso archivado”, afirmó Xabier Artigas, uno de los directores del documental.

“Si no se reabre será una señal de que no vivimos en un Estado de derecho”, añadió el director. El realizador Artigas destacó que, si bien es difícil que el testigo que aparece en el documental esté dispuesto a prestar declaración, “hay otras cosas mucho más importantes que aparecen, como la declaración del ex alcalde Joan Clos”. “¿Quién le dio la información de que fue una maceta? ¿Por qué no se lo citó a declarar como testigo?”, se preguntó el cineasta.

La emisión del documental estuvo marcada por la polémica censura de cinco minutos en los que aparecen opiniones e imágenes de un ex jefe de Información de la guardia urbana, Víctor Gibanel, que cuestionan su credibilidad.

Esos cinco minutos fueron colgados en las redes sociales y tuvieron cientos de miles de visualizaciones. En el film documental también cuestiona el testimonio de dos agentes involucrados en el caso y que posteriormente fueron condenados por torturas en otra causa.

Asimismo, pone en evidencia el peso que tuvieron los prejuicios y una política institucional que estigmatiza a los jóvenes, a los que se identifica como “antisistemas” por su estética “okupa”.