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Un preso de la cárcel de Magdalena declaró ante la Justicia que el jefe del penal, Rubén Puente, le había encomendado asesinar al camarista de San Isidro Fernando Maroto y a Juan Manuel Casolati, director de Investigaciones de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios provincial, dependiente del ministro de Justicia, Alfredo Meckievi. El preso dijo que a cambio le ofrecía la libertad. Maroto pidió la intervención del SPB y la renuncia del ministro de Justicia provincial Meckievi, a quien acusó de encubrir la corrupción del SPB. En el ministerio, Casolati fue llamado a silencio. Curiosamente, en su lugar habló Meckievi. El ministro relativizó el hecho, sostuvo que a Casolati nadie le había informado sobre la amenaza y que “es una costumbre de los presos acusar a los jefes penitenciarios para que los cambien de unidad. No sea cosa que el tipo esté buscando fugarse”. La objetividad investigativa de Meckievi quedó clara cuando aseguró que abriría una investigación, pero no sobre el jefe denunciado sino para determinar si la denuncia del preso es cierta. Y concluyó: “Total, pegarle al Servicio Penitenciario es fácil”.
El miércoles pasado, el preso fue trasladado desde la unidad penal 28 de Magdalena hasta la Cámara de Zárate-Campana. Fue ante esos jueces que reveló las precisas indicaciones que le habían dado desde la jefatura del penal. Los jueces lo derivaron a la fiscalía 5 de Campana, donde le tomaron la denuncia en la que involucraba al jefe de Magdalena, Rubén Puente. Pero ninguno de los amenazados fue informado de esa declaración. Según reveló a Página/12 el camarista Fernando Maroto, “yo me enteré porque uno de los camaristas de Campana me avisó por teléfono lo que ocurría”. Maroto pidió entonces entrevistarse directamente con el preso.
La entrevista tuvo lugar ayer, a las 9 de la mañana, en el despacho de Maroto, en los Tribunales de San Isidro. Recién allí, el juez se enteró en detalle de la denuncia. El 11 de noviembre pasado, según relató el preso, Puente lo citó en su oficina para proponerle un trabajito: asesinar al camarista y a Juan Manuel Casolati, director de Investigaciones de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. El preso cumple varias condenas, por robo calificado y está siendo juzgado por homicidio. El pago sería en especie, quizá la más atractiva para un preso de larga data: la libertad. Para eso, se apelaría a métodos archihabituales: inventar un traslado en un camión con guardias distraídos, olvidar las esposas, algún golpe escénico, cualquiera de las llaves imprescindibles para que una fuga se cumpla.
“Tenés armas, tenés vehículo y tenés la libertad –le dijo Puente, según el denunciante–. Te puedo hacer un traslado, el camión está preparado para que te vayas. Otra posibilidad es que te traslade a un régimen abierto”. El preso también declaró los motivos que adujo Puente para cumplir el trabajito: “(Maroto y Casolati) están jodiendo demasiado al Servicio”. Según confió una fuente judicial platense, “Casolati es el único que anda metiéndose en las cárceles, investigando la situación de los presos y la corrupción del servicio. Es el único del ministerio que mete denuncias”. Maroto es un viejo conocido de los penitenciarios. No es la primera vez que es amenazado. Tan sólo este año presentó cinco denuncias contra el SPB.
En abril, lo hizo ante la Suprema Corte bonaerense: sostuvo que la situación de los presos en las cárceles está directamente vinculada a las condiciones de servidumbre en las que trabajan los agentes del SPB. La presentación derivó en un pedido de informes del Senado de 14 puntos sobre graves irregularidades en el ámbito carcelario. También en abril, elevó la denuncia de la mujer de un detenido en Olmos, que aseguraba que “para visitar a los presos hay que pagar coimas”. Ese mes, Maroto presentó la denuncia de un grupo de agentes penitenciarios, que acusaban a otros penitenciarios de apoderarse de 10 mil pesos mensuales en vales de combustibles fraguando traslados de detenidos, con el aval de los jefes. En julio, informó que dos internos de las unidades 9 y 24 habían sido asesinados tras denunciar torturas. A mediados de octubre, Maroto exigió al gobierno bonaerense que investigara la situación patrimonial y los casos de enriquecimiento ilícito en la cúpula del SPB.
En su relato, el preso aseguró que Puente le hizo una recomendación: “No podés fallar”. “Creo –reflexionó el denunciante– que me quiso decir que si fallaba, el muerto iba a ser yo.” Maroto hizo pública la denuncia, reclamó la intervención del SPB y la renuncia de Meckievi. “No puede decir que no conoce la corrupción que hay ahí adentro. Meckievi –dijo Maroto a Página/12– ganó las internas en Dolores porque después de la última reforma, el Servicio Penitenciario contrató a 2100 agentes y 600 eran de Dolores”.
Por su lado, Casolati quedó envuelto bajo un silencio sugerente. Con este diario sólo habló su jefe, Meckievi. El ministro desestimó el caso. “Los presos tienen la costumbre de acusar a los jefes de los penales para conseguir traslados.” Aseguró que iniciaría una investigación interna, aunque su primera hipótesis lo dice todo: “Primero hay que ver si la denuncia es verdadera o falsa”. Dijo que le llamaba la atención que Casolati no hubiera sido informado por la Justicia, pese a que quien debería haberle informado es la fiscalía, dependiente del Poder Ejecutivo. Por último, pese a que diferentes fuentes señalaron las permanentes denuncias presentadas por el director de Investigaciones, fue llamativa la respuesta de Meckievi cuando este diario le preguntó:
–¿Por qué cree que querrían amenazar a Casolati?
–No lo sé, es lo que hace a la incredulidad de este hecho. Pero supongamos que sea cierta la denuncia. ¿Usted cree que eso sería motivo para la intervención del servicio?