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Un juez ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla, en el perentorio plazo de 60 días, con llamar a licitación pública para la concesión del control de estacionamiento en la zona céntrica. La concesión venció hace casi tres años y, desde entonces, pese a múltiples quejas y protestas –aun de las propias autoridades de la ciudad–, está prorrogada de hecho. El fallo judicial hace lugar, parcialmente, a un recurso de amparo presentado por Antonio Cartañá, ex defensor del Pueblo de la Ciudad, en su condición de particular damnificado. El amparo solicitado incluía que se prohibiera a las empresas todo cobro por estacionamiento y multas: esto fue rechazado por el juez pero, durante todo el día de ayer, varias radios difundieron erróneamente la noticia de que ya no había que pagar, algunos automovilistas les creyeron y terminaron pagando multas y acarreos. Entretanto, el Gobierno de la Ciudad anticipó que apelará el fallo judicial: “Necesitamos 180 días”, anticipó un funcionario, lo cual extendería por lo menos medio año más la prórroga, tan lucrativa para los concesionarios, designados en 1990, durante la gestión de Carlos Grosso.
Antonio Cartañá, encabezando a un grupo de ciudadanos porteños, había presentado un recurso de amparo exigiendo que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “ajuste a la normativa vigente el control y sanción de estacionamiento indebido de vehículos”, ya que “su explotación tras el vencimiento del plazo contractual restringe la libre concurrencia”. Además, requerían “que las empresas concesionarias se abstengan de exigir a los usuarios pago alguno por los servicios que aún están prestando”. Hicieron su presentación como ciudadanos particulares, ya que la Constitución de la Ciudad es la única del país que, como la española, permite a los particulares presentar un amparo en nombre de intereses colectivos.
En su fallo, fechado el 29 de diciembre, Osvaldo Otheguy –juez en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– dispuso “hacer lugar a la acción de amparo en relación con el Gobierno de la Ciudad” y ordenar a éste que “cumpla con el llamado a licitación pública para la concesión del ‘Servicio de Control y Sanción del Estacionamiento Indebido en el micro y macrocentro’ en un plazo que no podrá exceder los 60 días”.
El juez señaló la falta de “indicios que demuestren la voluntad de la administración de asumir la gestión del servicio por sí, o bien que impidan el llamado a licitación; ello sumado al considerable lapso temporal acaecido desde el vencimiento de los contratos de concesión hasta la fecha”. En sus fundamentaciones, incluyó la adhesión de la Argentina a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que incluye las licitaciones públicas como “procedimiento que obliga al funcionario a contratar sujeto a pautas de igualdad y publicidad”.
Según estimó ayer Cartañá, “habida cuenta de que las concesiones habían vencido, a los automovilistas nos estaban cobrando indebidamente el estacionamiento y las infracciones”.
Enrique Carelli, subsecretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, argumentó que “el llamado a licitación se demoró porque, durante la crisis de 2002, no había precios de mercado”.
–¿Y en 2003? –preguntó Página/12.
–El llamado no se hizo porque se discutió la posibilidad de que Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA, dependiente del gobierno porteño) se hiciera cargo de la explotación –contestó Carelli.
En octubre de 2002, Héctor Rossi, presidente de AUSA, había anunciado que desde enero de 2003 la empresa oficial tomaría el servicio con beneficio económico para la comuna, ya que entregaría un 20 por ciento de lo recaudado y destinaría otro 10 por ciento a educación vial. Esa perspectiva se desestimó porque, según Carelli, “la inversión en grúas y aparatos sería excesiva para la Ciudad”. ¿Y en 2004? “Vamos a apelar el fallo porque 60 días es un plazo exiguo: pediremos 180 días”, anticipó Carelli.
Entretanto, el control sigue a cargo de las empresas STO y SEC, a quienes el entonces intendente Carlos Grosso les adjudicó la concesión en 1990. Ya en 1996, el jefe de Gobierno Fernando de la Rúa amagó cancelar los contratos pero las empresas pidieron 200.000 dólares de indemnización y hubo que recular. “Es como un contrato con la mafia”, sostuvo en 1999 la ombudsman porteña Alicia Oliveira para referirse a estas concesiones, y el entonces director de concesiones, Virgilio Loiácono, afirmó que en los pliegos “todo está a favor del concesionario y nada a favor del Gobierno”.
En abril de 2001, el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, dispuso eliminar los “cepos” con los que las empresas inmovilizaban a los autos infractores y redujo la cantidad de parquímetros en diversas calles y avenidas. Los contratos habían vencido en marzo de ese año y desde entonces las empresas continuaron en forma precaria.
En 2002, el entonces subsecretario de Tránsito, Horacio Blot, había planteado “desalentar el estacionamiento en el centro e implementar en barrios una experiencia piloto con la empresa AUSA”, pero esto no se concretó. Blot dejó la gestión a fin de 2003 y su reemplazante, Andrés Borthagaray, todavía no está formalmente designado.