SOCIEDAD

Merlo, un infierno de aprietes con tono policial y complicidad política

Una abogada denunció la persecución por parte de policías y jueces de paz. Fue por haber defendido a un fletero y a un remisero que se negaron a pagar coimas. El caso llegó a la Rosada y la CIDH.

 Por Horacio Cecchi

En el partido de Merlo, defender a un fletero y a un remisero que se niegan a pagar retornos puede transformarse en un camino negro. La abogada Rosana Mattarollo y su familia empezaron a recorrerlo. Como letrada del fletero y del remisero, Mattarollo comenzó a recibir las primeras amenazas de evidente tono policial: “Te vamos a plantar un perro (un arma) y armarles una causa”. Continuaron con pinchaduras de teléfonos, perros guardianes dormidos con sedantes, un aviso de que el marido sería secuestrado, seguimientos hasta una chacra perdida en medio del campo, intentos de robo a su estudio y las habituales campanillas del teléfono que suenan sin que nadie responda. Mattarollo está aterrada. Llegó hasta la Secretaría de Derechos Humanos, que amparó su caso y que lo presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH aceptó tratarlo. Hoy, Mattarollo fue recibida en la Rosada. Por el momento, nada parece demasiado para tranquilizarla: para colmo, pese a todo su calvario y a haber presentado infinidad de denuncias ante la Justicia de Morón, un testigo de la policía la denunció por amenazas y ahora la misma Justicia amaga con detenerla.
Según relató Mattarollo a Página/12, al fletero Rafael Pappacena los de la comisaría del barrio Matera, de Merlo, lo tenían de punto exigiéndole un retorno para no tener problemas. Y de tanto negarse, Pappacena los tuvo. A pedido de la fiscalía 3 de Morón, a cargo del fiscal De los Santos, allanaron su casa, donde la policía aseguraba que funcionaba un desarmadero. No funcionaba, pero igual se llevaron secuestradas las camionetas y un camión. Pappacena intentó por todos los medios recuperar el camión. Después de meses de insistencia, Mattarollo logró el aval del fiscal para recuperarlo. Ese día concurrió a la comisaría con una cámara de fotos: le devolvieron un esqueleto desarmado. Tenía las cuatro ruedas diferentes, le faltaban la batería, el burro de arranque, el volante, la caja de cambios, el alternador y las ópticas.
Como faltaba periciar el motor, el fiscal adjunto de la UFI 3 de Morón accedió a devolver el chasis. Cuando la abogada pidió al subcomisario Palmieri, de la comisaría del barrio Matera, que en el acta de retiro del chasis figuraran los faltantes, el ánimo de Palmieri pasó del blanco al verde morado. Hubo un cruce de palabras. A partir de allí, casualmente, Mattarollo empezó a recibir llamados amenazantes y en varias ocasiones intentaron entrar a su estudio.
En noviembre de 2004, la abogada empezó a descubrir, a partir de la denuncia de otro cliente –el remisero Benigno Videla y su esposa Vilma Loza–, “las conexiones entre el poder político de Merlo, la policía y funcionarios judiciales”, según ella misma relató a este diario. Videla y Loza denunciaron que policías de la comisaría 1ª de Merlo, a cargo del comisario Pampaloni, habían secuestrado el Ford ’83 que utilizaban para trabajar. “En Merlo, el 5 por ciento de los remises está habilitado porque tiene contactos con el poder político –explicó Mattarollo–. El 95 restante es trucho y son los que no están habilitados. Para ‘remisear’ tienen que pagar un peaje.” Para cobrar siempre hay encargados. Para el caso, dos fácilmente localizables son el Gordo Adrián y el Siberiano. Al momento del pago colocan una oblea sobre el parabrisas en señal de pase libre. Son fácilmente localizables por su decisión de estar del lado de la Justicia: ubicaron su parada junto al despacho de un juez de paz. Y la abogada recuerda que los jueces de paz, a cargo de las faltas de tránsito, son funcionarios del poder político local, y dependen de él y de su brazo legislativo, el Honorable Concejo Deliberante.
El Ford ’83 de Videla y Loza terminó como el camión de Pappacena: secuestrado por tiempo indefinido en la 1ª. Según dispuso el juez de paz a cargo, de apellido Cravicich, para retirarlo debía pagar la insignificantemulta de 1900 pesos más 50 pesos por día de estacionamiento, por un total de 50 días. “Una cantidad que superaba el valor del auto”, reclamó Mattarollo, quien interpreta que semejante castigo ante semejante panorama de corrupción significa que hay alguien que no está de acuerdo con que se eludan los pagos. Y mucho menos que se hagan denuncias. El auto, finalmente, fue devuelto sin multa por intervención de un juzgado de paz pero de Hurlingham. Estuvo 15 días en arreglo. Al 16º fue secuestrado, esta vez por orden de otro juez de paz, de apellido Di Forte. Desde el 16 de noviembre acumula herrumbres en el depósito municipal tarifado.
Para la abogada de Merlo y su familia, los casos de Pappacena y Videla se transformaron en un termómetro del humor político sobre ellos mismos. Mattarollo denunció, ante prácticamente todas las fiscalías de Morón, amenazas de todo tipo. Algunas son tan simples como que suene el teléfono y detrás una voz susurre “cortala porque sos boleta, vos, tu marido y tus hijos”, o simplemente se escuche el silencio, que en esos casos suena con bastante cuerpo. Por cada una de ellas presentó una denuncia en las fiscalías de Morón. Otras son más depuradas. O intentan serlo. Un día llegaron dos tipos cuando no había nadie en la casa. Con la excusa de un informe crediticio, preguntaron a la vecina por horarios y costumbres. La vecina, una escribana, empezó a sospechar cuando preguntaron por la escuela de los chicos.
El 24 de diciembre pasado, a Ma-ttarollo le llegó la versión de que le querían inventar una causa. El 25 recibió una amenaza telefónica. El 26 la denunció ante la comisaría 2ª de Merlo, correspondiente a su zona. El 30, a la misma hora en que debía presentarse para una pericia en los tribunales, cayó un operativo policial en su casa, encabezado por el subcomisario de la 3ª de Merlo, con orden de allanamiento del fiscal Acosta Argañaraz, de la UFI 6. “El subcomisario se sorprendió cuando me vio –recordó Mattarollo–. Claro, si tenía que estar en la pericia. Me querían inventar una causa.”
Durante un tiempo le resultó imposible enterarse de cuál era el motivo del allanamiento, bajo el argumento del secreto de sumario. Presentó entonces un pedido de eximición de prisión (“por si se les ocurre”) y sin decirle a nadie se fue con su marido a una estancia turística perdida en medio del campo en Emilio Castro, cerca de San Nicolás. Como pasajeros, además de ellos y de un tercero, llegó un par de días después un tipo extraño que, con la excusa de sacar fotos de pajaritos, les apuntaba siempre a la abogada y a su marido. “El tipo ése está trabajando –le advirtió el tercer pasajero, cuando ya la cosa era demasiado grosera–. No está de vacaciones porque nunca se arrimó a la pileta ni se sacó el saco.”
Otro día, al salir de la estancia por el único camino de tierra que conduce al pueblo, se toparon con algo que les resultó sospechoso: un patrullero los detuvo para pedir documentos, trajinando su control de ruta a un sendero donde el único tránsito corría por cuenta de ellos. El patrullero estaba muy lejos de su jurisdicción: pertenecía a la Departamental Zárate-Campana.
Al regreso, además de que los llamados se extendieron a los hijos, la doctora Mattarollo pudo acceder a la causa por la que era perseguida por la Justicia: la denunciaban por amenazas. La causa tramita en la fiscalía 6, a cargo de “triple A”, como conocen en los tribunales moronenses a Acosta Argañaraz, cuyo nombre es Aldo y uno de cuyos antecedentes profesionales en el área privada es haber sido abogado del mandamás de Merlo, el polémico Raúl Othacehé.

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La abogada Rosana Mattarollo (con su esposo) denunció amenazas ante casi todas las fiscalías de Morón.
 
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