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“Hoy más que nunca, por la agudización de la crisis, las mujeres recurren al aborto por falta de políticas públicas que garanticen el acceso a la anticoncepción.” La advertencia es parte de un extenso informe que refleja el deterioro en materia de derechos humanos que está sufriendo la población femenina del país como consecuencia de la debacle económica y de la falta de políticas de gobierno. El documento, de 30 páginas –al que tuvo acceso Página/12–, fue elaborado por siete ONG, entre ellas el CELS, y será presentado el 16 de agosto en Nueva York ante un comité de expertas de las Naciones Unidas. “La esfera laboral –denuncian las entidades– es uno de los ámbitos donde se da la mayor discriminación contra la mujer”, y como ejemplo, mencionan que “el ingreso promedio de ellas representa el 60 por ciento del de los varones de iguales condiciones educativas”.
El informe está rigurosamente fundamentado. Refleja el panorama de las mujeres en distintas áreas. Desde la situación con relación a los derechos sexuales y reproductivos y el problema de la violencia hacia las mujeres, hasta el acceso a la salud y el desempleo. Se trata del contrainforme que las siete ONG elevarán en oposición al informe del Gobierno argentino ante el Comité de Seguimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocido por su sigla en inglés como Cedaw. Este comité de expertas internacionales evalúa cada cuatro años el cumplimiento de esa convención en los distintos países. En esta oportunidad le toca el turno a la Argentina, que deberá rendir cuentas sobre las recomendaciones que el mismo organismo realizó al país en 1997.
“La situación es igual o peor que la que se informó en 1997. La evaluación, en general, es negativa. Una vez más, el Gobierno argentino desconoció recomendaciones de un comité internacional en materia de derechos humanos”, advirtió Andrea Pochak, directora jurídica del CELS y una de las redactoras del documento. “No es una crítica a un gobierno en particular. Desde el gobierno menemista en adelante se hizo poco y nada por mejorar la situación de las mujeres”, aclaró María José Lubertino, del Instituto Social y Político de la Mujer, otra de las ONG autoras del paper.
El contrainforme indica que “si más del 50 por ciento de la población se encuentra bajo la línea de pobreza”, se puede concluir que “la mayoría de las mujeres argentinas vive en una situación de grave desprotección de su salud, especialmente la sexual y reproductiva”. En otro orden, considera como “muy preocupante” el aumento de la prostitución, incluso a edades cada vez más tempranas. La violencia sexual –advierte– “sigue siendo una acción generalmente impune del cual son víctimas, mayoritariamente, las mujeres jóvenes”. La cantidad de sentencias condenatorias –destaca– es diez veces menor al número de denuncias. Por otra parte, “el 42 por ciento de las mujeres víctimas de homicidio (cuyos autor es descubierto) fueron asesinadas por sus parejas”. La esfera laboral es uno de los ámbitos donde se da la mayor discriminación hacia la mujer. “El ingreso promedio de ellas representa el 60 por ciento del de los varones de iguales condiciones educativa. Esta desproporción se incrementa con la edad y la calificación. Las que padecen mayor desproporción son las mujeres mayores de 40 años, y quienes trabajan en actividades por cuenta propia (como el sector de servicios, comercio o industria) y las que poseen niveles superiores de instrucción”, enumera el documento. La falta de políticas públicas que garanticen el acceso a la anticoncepción y que obligan a las mujeres a recurrir cada vez más al aborto para regular su natalidad; el aumento del embarazo adolescente; la ausencia de legislación que castigue el acoso sexual en el sector privado; la escasa representación de mujeres en los cargos más altos del Poder Judicial, son otros de los aspectos denunciados.
El contrainforme lleva, además, la firma de Adeuem, Asociación Mujeres en Acción, Cladem Argentina, FEIM y Feministas en Acción, y la adhesión deotras treinta organizaciones de derechos humanos y de mujeres. En representación del Gobierno nacional, la titular del Consejo Nacional de la Mujer, Gloria Abán, será la encargada de defender el 16 de agosto el informe oficial en Nueva York.