SOCIEDAD › ACUSADO DE INSOLVENCIA FRAUDULENTA PARA NO PAGAR

A juicio oral por alimentos

La ex esposa lo acusó de vaciar sus cuentas y vender tres locales de la sociedad conyugal, valuados en 400 mil dólares cada uno, a 46 mil pesos los tres. El supuesto comprador es amigo y socio del imputado. Uno de los hijos se quitó el apellido paterno.

Un padre de tres hijos irá a juicio oral acusado de haber esfumado su patrimonio presuntamente con la intención de eludir el pago de la cuota alimentaria. El hombre, comerciante de Villa Crespo cuyos datos se mantuvieron más anónimos aún que sus bienes, debía desembolsar 1200 pesos mensuales para el pago de la cuota. Pero, según sostiene la denunciante, su ex esposa, “no sólo vació los plazos fijos y cuentas corrientes, sino que fraguó la venta de tres locales”, ubicados en una peatonal cotizada de San Martín y que pertenecían a la sociedad conyugal. La mujer sostuvo que la venta se realizó al precio ficticio de 46 mil pesos los tres, cuando el valor de mercado es de 400 mil dólares cada uno. Lo curioso es que el comprador, según ella, es amigo y socio del imputado.

El cargo que pesa contra el papá sin bienes es insolvencia fraudulenta para no cumplir con las obligaciones alimentarias. Según el artículo 2 bis de la ley 13.944, que trata sobre el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, se reprime “con la pena de uno a seis años de prisión” a quien para eludir el cumplimiento de sus responsabilidades “ejecute medidas para destruir, ocultar o hacer desaparecer bienes de su patrimonio o que signifique una disminución fraudulenta del valor”.

Según la denuncia iniciada por la ex esposa en el Juzgado de Instrucción 33, a cargo de Ana Dieta de Herrero, el padre de sus tres hijos realizó diferentes maniobras para “hacer desaparecer su patrimonio”. Una de las supuestas jugadas consistió en vender tres locales comerciales ubicados en la peatonal Belgrano, de San Martín. Se trata de tres inmuebles de propiedad compartida con la pareja. El hombre “habría cambiado los bienes de categoría ganancial a personal, lo que habilitó la transacción”, explicó el abogado de la denunciante, Adriano Castelo.

La segunda pista que da cuenta de la irregularidad es el precio en que se concretó la venta. Los bienes, ubicados en zona céntrica y por lo tanto, bien cotizados en el mercado inmobiliario, están valuados cada uno en una cifra que ronda los 400 mil dólares. El abogado dijo tener probado que vendió los tres a 46 mil pesos. El tercer indicio para la ex esposa fue conocer quién habría sido el inversionista que compró semejante bagatela: el amigo y socio desde hace décadas del imputado.

El último dato que aceleró la denuncia fue enterarse de que el comprador puso en alquiler uno de los locales, pero el teléfono que figura en el cartel clavado en la entrada es casualmente el del imputado. El hombre también habría fraguado la venta de dos vehículos y traspasado los fondos de plazos fijos y cuentas corrientes. “Sabemos que hizo desaparecer su patrimonio para evitar el pago de los alimentos. Nunca pagó la cuota, siempre se negó a cumplir con la orden de la Justicia civil por odio a la madre”, sostuvo el letrado. La demandante presentó un pedido de ampliatoria y está esperando la respuesta de la Justicia: intenta imputar al amigo como partícipe secundario del delito.

Desde 2003, cuando la ex esposa inició la demanda en la Justicia civil, hasta la actualidad, la familia sobrevivió con el sueldo de docente de la madre. “Estuvieron a punto de perder la casa donde viven porque no pudieron pagar las expensas. O pagaban los impuestos o comían”, señaló Castelo. Hoy, dos de los chicos son mayores de edad, por lo cual el imputado no tiene obligación. De todas formas, eso no lo exime de pagar la deuda acumulada en estos cuatro años. “En este tiempo, la que tuvo que poner ese dinero fue la madre”, agregó el letrado. La deuda rondaría los 130 mil pesos. La constante negativa del padre a cumplir su obligación como tal motivó al hijo mayor a quitarse el apellido de su progenitor y reemplazarlo por el de la mamá.

Informe: Elisabet Contrera.

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El cargo que enfrenta es el de insolvencia fraudulenta y la pena va de uno a seis años.
 
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