En la Argentina, aseguran en las clínicas, no se destruyen embriones congelados, como sí ocurre en países desarrollados. Ni se destinan a investigación. La opción que tienen aquí las parejas que no quieren utilizar los propios embriones –una vez que lograron tener uno o más hijos o desistieron de intentarlo– es donarlos a otras parejas que los necesiten. “De modo que esta ‘donación inducida’ prácticamente es una obligación, que puede acarrear serios daños psicológicos. Y resultar especialmente dolorosa en el caso en que la donante no pueda quedar embarazada”, señala Florencia Luna, doctora en Filosofía y coordinadora del Area de Bioética de Flacso, en su reciente libro Bioética: nuevas reflexiones sobre debates clásicos (Fondo de Cultura Económica). En 2005, un abogado se erigió como “tutor de los embriones” congelados en los centros de fertilización asistida de la ciudad de Buenos Aires, a partir de una acción de amparo iniciada en 1993. Como consecuencia de esta presentación, la Justicia porteña requirió a las clínicas de la ciudad los listados de embriones criopreservados y el nombre de sus progenitores. Pero las clínicas se negaron a revelar su identidad. Finalmente, se acordó que cada seis meses informen sobre la cantidad que tienen almacenada, pero sin decir a quién pertenecen. En 2006, finalmente, el tutor renunció a su cargo. Y se nombró en su lugar a la tutora Silvia Dascal.