“Acá hay un negocio, y no un beneficio”, disparó Ana Pastor. Es la coordinadora general de la Asociación Civil Madre Tierra, pero su voz representa a varias de otras organizaciones técnicas, movimientos sociales y de base con las que comparte el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (Fotivba). El organismo rechazó las intenciones del convenio entre la Subsecretaría Social de Tierras de la provincia y el Colegio de Escribanos de quitar de las manos de la Escribanía General de Gobierno la gestión de escrituras sociales.

“Consideramos que es un avance de los sectores neoliberales que buscan imponer sus prácticas privatizadoras a la gestión pública, y un retroceso a la vez, ya que se privatiza el rol que el Estado estaba cumpliendo perfectamente bien”, declara el documento que las entidades que conforman el organismo, como la Fundación Vivienda y Comunidad, el Secretariado de Enlace de Comunidades Autogestionarias (Sedeca), el Instituto Internacional de Medioambiente y Desarrollo (IIED) y el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, entre otras.

Hace más de tres años que las organizaciones de Fotivba trabajan con la Escribanía oficiando como puente entre las personas que requieren del beneficio estatal para regularizar su situación patrimonial y el Estado. “No tiene sentido dejar de lado un trabajo eficaz y eficiente en función del sistema privado que demostró que no puede cumplir con lo que se le encarga”, afirmó Pastor.

“¿Quién va a pagar el costo?”, se preguntan las organizaciones. “Costó mucho esfuerzo y tiempo que el Estado se hiciera cargo de ofrecer soluciones a los problemas habitacionales de los habitantes. Y lo estaba haciendo de manera eficiente. Ahora, todo se podría venir abajo de un plumazo”, concluyó Pastor.