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El celebérrimo doctor Juan March sigue procesado por falsedad ideológica en los Tribunales porteños. La Justicia avanza trabajosamente sobre un centenar de casos tomados de entre un millar de certificados firmados por el celebérrimo. Al mismo tiempo, los colegios médicos bonaerenses aguardan que la Justicia se expida para determinar si se lo debe sancionar. Los registros civiles porteño y bonaerense, en acuerdo con los representantes médicos, modificarán el sistema de registro de firmas de defuntólogos. En Capital, han iniciado una profunda reforma que incluye un reempadronamiento de defuntólogos y nuevos certificados con código de barras y registro de firmas informatizado. Pero, ya antes de esas modificaciones, la lupa sobre March provocó curiosos cambios: en pocos meses, el índice de muertes domiciliarias, área en la que funcionaban a destajo los certificados truchos, descendió en forma abrupta. Ya nadie quiere morir en manos de un marchiano.
No pasó mucho tiempo para que el propio March saliera en su propia defensa, quejándose del supuesto maltrato que se le daba en la prensa. March argumentó que no había cometido ninguna ilegalidad, y que sólo había firmado certificados de defunción en blanco.
“No le faltó razón –murmuró al oído de Página/12 un experto–. La firma en blanco no figura como delito. Es un instrumento para cometer un delito.” El comentario tiene su coherencia y la misma fuente se encargó de explicarla con un ejemplo: “Es lo mismo que un arma cargada. No es delito hasta que se dispara y mata”. Es ése el argumento en el que se basa March. En el juzgado 8, de Julio Lucini, trabajan para probar la presunta asociación ilícita entre March y Casa Sierra. Ya recibieron más de un millar de certificados firmados por March en un año. El juez tomó de éstos poco menos de un centenar como casos tipo.
Entretanto, en el Registro de las Personas bonaerense, su titular, Mario Giacobbe, en acuerdo con los colegios médicos de la provincia, decidió modificar los requisitos de inscripción de los defuntólogos e instrumentar sanciones apelando al poder de superintendencia del Ministerio de Salud provincial.
En la Capital, la marcha se hizo más difícil por el curioso vacío legal que aún no creó un colegio médico porteño. Las sanciones éticas a los médicos las establece el Ministerio de Salud nacional, que en el dossier March hasta ahora hizo mutis por el foro. Tras varios meses de reuniones con los representantes gremiales de los médicos, el titular del Registro Civil porteño, Félix Pelliza, encaró una profunda reforma. La secretaria de Gobierno y Control Comunal, Silvana Giudici, trabaja en “la redacción de un proyecto de Ley de Inhumación consensuado y moderno”. Para mayo, y durante 90 días, Pelliza llamó a un reempadronamiento de médicos interesados en firmar certificados de defunción. “Las fichas actuales donde constatamos las firmas –dijo Pelliza a Página/12– tienen 20 años de antigüedad. Se va a garantizar que la firma sea de su dueño porque van a firmar delante de un oficial público y un escribano.”
El temor a las manipulaciones de la mafia funebrera es tal que el archivo de nuevas fichas será guardado en cofres especiales, fuera de la Central de Defunciones. Cada ficha será digitalizada y cuando sea necesario hacer un cotejo de firmas, saltará la original en la pantalla de la Asesoría Legal. Los archivos digitales tendrán dos backup. “Por si aparece un misterioso virus”, aclaró Pelliza. Concluido el empadronamiento se realizarán cursos de capacitación obligatorios para médicos, funebreros y funcionarios. “No vamos a aceptar que las funerarias designen cualquier gestor –agregó Pelliza–. Sólo los inscriptos en el registro.”
Los certificados en blanco a la usanza March no son el único problema del sistema: también se truchan las firmas de los médicos. Para transformar el procedimiento en un sistema confiable, cada certificado de defunción tendrá un código de barras vinculado con la matrícula del médico que lo firma. Cada médico tendrá en su poder sólo cinco certificados. Cadavez que ingrese uno, el código de barras lo incorporará en el sistema. Si se hace una copia trucha, inevitablemente el código de barras bloqueará al certificado al ser ingresado al sistema. Se entregarán certificados con colores diferenciados a hospitales públicos, a clínicas y sanatorios privados, y a médicos particulares. Una parte de ese documento, troquelada, quedará en poder del médico. Cuando haya discusión sobre el autor del certificado, un perito analizará si el troquelado se corresponde con la parte principal. “Es una garantía de defensa para el médico –sostuvo Pelliza y citó una anécdota–. Cuando empezaron a saltar los certificados truchos, una médica nos pidió que la borráramos del registro. Tenía miedo que se usara su firma para algún negocio sucio.”
En el Registro Civil suponen que con las reformas, el negocio de los certificados truchos se va a reducir a proporciones menores. Manejan un primer dato alentador. Y tan llamativo como curioso. Los certificados de defunción sirven para datar los índices de mortalidad. En la ciudad mueren unas 130 personas en promedio por día. Alrededor del 30 por ciento, o sea unas 45, son muertes domiciliarias.
Eran. Desde que March certificó que María Marta había fallecido de muerte natural a balazos y todas las lupas cayeron sobre los defuntólogos, las muertes domiciliarias se redujeron notablemente. Los muertos siguen siendo 130, pero la gente ahora prefiere no morir en sus casas a manos de un marchiano.