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El 24 de febrero último, el obispo presentó una declaración escrita ante la UFI Nº 8 al ser convocado como testigo en la causa. Reconoció haberse enterado del hecho investigado a través de la madre de Marcos y haber leído la carta del muchacho. También informó que amonestó al padre Pardo y le ordenó trasladarse de la diócesis, y posteriormente dispuso la presentación del caso al Tribunal Eclesiástico competente, que resultó ser el de Buenos Aires. Según precisó, el proceso canónico “se encuentra en pleno trámite investigativo”. El mismo Stöckler aportó a la Justicia el revelador texto de la amonestación. Y sin que la UFI le preguntara al respecto, quiso aclarar que “el aporte pecuniario del Obispado (a la madre para pagar la terapia del chico y de ella) ha sido considerado un acto de caridad, no de justicia, de parte del Obispado, respecto de la conducta del presbítero Rubén Pardo, nunca hubo ni hay ningún ocultamiento”. Justamente, la amonestación y el pago del tratamiento psicológico son los elementos que la UFI tiene en la mira. Según fuentes cercanas a la causa, una vez que se compruebe la culpabilidad de Pardo, el fiscal buscará probar la presunta protección del Obispado, denunciada por la madre.