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Durante las primeras semanas los hermanos R. tuvieron ganas de renegar de su condición de testigos protegidos. Miraban la televisión y esperaban una noticia en la que se tradujera en hechos el esfuerzo de desaparecer completamente del lugar donde se criaron, de los amigos de la esquina, de las novias. Estuvieron a punto de salir del Programa de Protección de la Procuración General de la Suprema Corte, al que se entra por propia voluntad, y del que se egresa de la misma manera. Pero hacia fines de diciembre, antes del fin de año, supieron que un grupo de 8 policías había caído preso por el crimen de Gastón Galván y Miguel Burgos. Entre ellos estaba Marcos Bressán, un oficial inspector de la Comisaría 3ª de Don Torcuato, denunciado por torturas y apremios ilegales. El es el único de los acusados que ya fue procesado por “privación ilegal de la libertad agravada y doble homicidio agravado por alevosía”. Por esos cargos hace cuatro meses que está prófugo el oficial Martín Ferreira, jefe de la Patrulla de Calle de la 3ª, y pródigo hijo de uno de los hombres fuertes de Pedro Klodczik, Marcelo Ferreira, tercero de la fuerza cuando la entonces policía de Eduardo Duhalde se hizo famosa como “la maldita”.
“¿Icardo está preso?”, pregunta uno de los chicos. Horacio Icardo es otro de los hombres de la famosa 3ª. Aparece en los registros de la Suprema Corte Bonaerense como uno de los policías que acostumbraba torturar en la seccional y su fama es grande en la zona del escuadrón de la muerte. Media docena de chicos han contado a este diario cómo pegaba y amenazaba en los calabozos y en la calle. El fiscal de San Martín, Scebba, lo imputó del doble homicidio de Galván y Burgos. Pero el juez de garantías Juan Carlos Sorondo lo eximió de prisión a la espera de que la investigación avance. Su situación es similar a la de otros cinco policías que la noche del asesinato estuvieron en la comisaría y que vieron al “Monito” Galván y al “Piti” Burgos detenidos. “¿Entonces en el juicio oral va a ir preso?”, preguntan. Es posible.
“Nosotros consideramos que son partícipes necesarios en el crimen –le dijo a Página/12 Andrea Sajnovsky, la abogada de la Correpi en los siete casos por los que se sospecha del escuadrón–. Es imposible que sin la complicidad del resto Gastón y Miguel hubieran pasado por la 3ª para luego aparecer en José León Suárez con 11 y 7 tiros, atados, amordazados.” Sajnovsky fue quien, tras el contacto hecho por este diario, acompañó junto a María del Carmen Verdú, a la familia R. hasta las oficinas de la Corte donde Damián y Joaquín R. se entrevistaron con el Procurador General, Matías de la Cruz, antes de ingresar en el Programa de Protección. Cuando aquel día se concretó el operativo de seguridad que los sacó del radio de acción del escuadrón, los chicos y su familia apenas intuían lo que significaría en la investigación de los crímenes sus historias. Por un lado, ellos como los sobrevivientes de una clarísima saga de muertes anunciadas. Por otro, ellos como el principio de una pista que llevaría al fiscal Scebba a la posibilidad de finalmente pedir las detenciones.
¿Cómo es que del rancho de los R. en la villa Bayres surgió la pista que terminó con el crimen descubierto por los bonaerenses? Fue durante el largo relato que Damián y Joaquín hicieron sobre la manera en que eran apaleados en la 3ª y los sucesivos asesinatos en supuestos enfrentamientos, primero de su amigo Fabián Blanco, luego de Juan “El Duende” Salto, otros menores ladrones de Don Torcuato. Todos conocían además al Monito y al Piti. Por eso, cuando este cronista pasó en limpio ante ellos cronológicamente los asesinatos, P., la hermana de los chicos, no pudo dejar de recordar que su marido, Martín Blanco, le contó la semana del crimen que había visto a Galván y Burgos en la comisaría y que los presos comentaban que sus matadores habían sido Icardo y Bressán. Ese dato, ese testigo, podrían cambiar el curso de la historia del escuadrón. Aunque no detener su accionar: los hermanos R. también habían compartido esquina, aunque no robos, con Leandro García, el chico de 16 años, vecinodel Monito y el Piti, presuntamente fusilado, según otros dos testigos protegidos contaron a este diario, por policías del Comando de Patrullas de Tigre, los mismos que bajaron al Duende Salto.
Lo cierto es que, aunque el fiscal Scebba había intentado sacar información de algunos de los detenidos en la 3ª, la causa dio un giro con el testimonio de Martín Blanco. “Se debe tener en cuenta –dictaminó el juez Sorondo– el curso que dio a la investigación el testimonio de Blanco, quien permitió demostrar que entre las últimas horas del día 23 de abril de 2001 y las primeras horas del día 24, las víctimas permanecieron esposadas a una reja del lado externo de los calabozos de la seccional de Don Torcuato, donde habitualmente se mantenía a los menores esposados.” Luego su relato fue confirmado por otros presos. Lo que permitió que el fiscal ordenara las detenciones, sumando este testimonio al de dos personas que vieron a los chicos cuando eran detenidos y cuando estaban junto a dos policías en la estación de servicio Rhasa, de 202 y Panamericana. Luego dos de los presos dieron el detalle final: el inspector Bressán había fanfarroneado por separado ante ellos con un arma importada, especial, “la jericho”, o Heckler and Kotch, austríaca, casi única en el país. Uno de ellos dibujó además los proyectiles que Bressán se jactaba de tener para su “jericho”: les dicen “pasachalecos”. De los cuerpos acribillados del Monito y el Piti los peritos rescataron dos de esas balas diseñadas para matar. Nada de esto podían saber los R.