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El Boden 2012 fue cancelado luego del pago de la última cuota de intereses y amortización de capital. Economistas del establishment, sin embargo, relativizan ese acontecimiento. Cuestionan que el Estado financie parte de su gasto con organismos del sector público, como si el perfil del acreedor intraestatal resultara el mismo que el de un fondo buitre o un organismo financiero externo. O si fuese equivalente deber en dólares o en moneda local.

En paralelo, se ha desplegado una intensa campaña contra el financiamiento que el Gobierno dispone de algunos planes a través de la Anses. Los argumentos corporativos apuntan, por un lado, a destacar que con “la plata de los jubilados” se solventan gastos que no van estrictamente a mejorar sus haberes, colocando a la Anses como un organismo destinado exclusivamente al pago de jubilaciones. Se agrega también que no se liquidan en tiempo y forma las sentencias favorables a los litigantes y que el rendimiento del FGS no llega a compensar la inflación. La realidad, sin embargo, es que entre enero y junio se liquidaron 10.168 sentencias contra 1617 en el mismo período del año pasado. La Anses, a su vez, ha denunciado la existencia de “caranchos previsionales” por estafa y fraudes.

Ambas críticas admitirían otras miradas. Sólo con una política de desendeudamiento potente como la actual, el gobierno nacional pudo elevar el piso de inclusión social e impulsar, por ejemplo, medidas como la AUH, con impacto directo en la disminución de los niveles de pobreza y marginalidad. La Anses también es un fondo que provee financiamiento. Pero, a diferencia de los noventa, ya no se trata del FMI, que prestaba a la Argentina para sostener la ficción del uno a uno, deteriorando el tejido social y productivo mientras aumentaban los niveles de endeudamiento externo. Por el contrario, las políticas de inclusión más importantes de estos años se realizan a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, creado en el 2008 con la recuperación de los recursos que administraban las AFJP.

Los argumentos ortodoxos parten de un error conceptual para desvirtuar la esencia misma de la Seguridad Social. Como su nombre lo indica, la Administración Nacional de la Seguridad Social no agota sus funciones en el pago de los haberes jubilatorios, sino que, como define precisamente el Convenio 102 de la OIT, intenta cubrir todas las contingencias que causan la pérdida involuntaria del ingreso proveniente del trabajo, como la enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, desempleo y muerte.

Aun si se hablara solamente de las jubilaciones, desde que el Estado nacional se hizo cargo de ellas no solamente se incorporaron más de dos millones y medio de nuevos jubilados al sistema, sino que, además, se aseguró por ley el incremento de los haberes dos veces por año, logrando en los últimos años tres mejoras acumuladas por un 172 por ciento (1254 por ciento de aumento desde el 2003 para la jubilación mínima, incluido el último anuncio), muy por arriba de cualquier medición de la inflación registrada en el mismo período.

En el primer trimestre del 2012, el FGS alcanzó un total de 209.042 millones pesos, más que duplicando su valor inicial, con una expansión del 119 por ciento en tres años y medio. Destina parte de sus recursos a la economía real y, contrariamente a lo que se dice, es una garantía para la sustentabilidad del sistema previsional en un mundo que recorta jubilaciones o limita la expansión de los beneficios de la Seguridad Social. En suma, calificar como “plata de los jubilados” a los recursos que administra la Anses promueve tendenciosos reduccionismos que confunden y distorsionan el conjunto de las atribuciones que le competen al organismo encargado en la Argentina de la Seguridad Social

* Politólogo (UBA). Docente Flacso. [email protected]