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Domingo, 6 de julio de 2014

LA DISPUTA CON LOS BUITRES

Legalidad, ética y justicia

El autor propone esquivar la mirada técnica legalista y analizar el conflicto con los fondos buitre destacando la capacidad del poder financiero internacional vinculado al endeudamiento externo de los países.

 Por Carlos Javier Andujar *

En 1990, en la ciudad sudafricana de Johannesburgo, el recepcionista de un edificio impidió el ingreso a un hombre de raza negra, porque éste no tenía permiso de trabajo. La ley sudafricana establecía un régimen discriminatorio de la raza negra denominado apartheid, que prohibía que las personas de esa raza ingresaran a la ciudad si no prestaban servicios laborales en alguna dependencia pública o empresa privada. En un juicio posterior a la derogación del apartheid, el recepcionista fue juzgado por su conducta. Alegó, en su defensa, que lo efectuó de conformidad con las leyes vigentes dictadas por órganos legítimos del Estado sudafricano y que la ley debe respetarse aunque uno no esté de acuerdo. El hombre de raza negra, en cambio, dijo que cuando las leyes son injustas no deben ser obedecidas.

El gobierno argentino ha renegociado su deuda externa en el 2005 y en el 2010, logrando un porcentaje de adhesión del 92,4 por ciento de los acreedores. Deuda que en su gran mayoría tuvo un origen fraudulento e ilegal bajo la dictadura cívico-militar que, con perversión y muerte, impuso a partir de 1976 un modelo rentístico financiero que terminaría por destruir no sólo el Estado de Bienestar y las conquistas sociales, sino un incipiente aparato productivo e industrial que hasta la actualidad no pudo reconstruirse. Con las democracias siguientes, se legalizaría sin cuestionar su legitimidad, a través de canjes, renegociaciones, megacanjes y blindajes que dejaron al país al borde del abismo en diciembre de 2001.

El 7,6 por ciento restante optó por la vía judicial. La mayoría no son los deudores originales sino fondos buitre, que compraron deuda a precio de remate y, contando con el respaldo suficiente, esperan hasta cobrar la totalidad del capital del bono en default.

Los tribunales de primera y segunda instancia de Estados Unidos obligan al país a pagarle a un fondo buitre 1330 millones de dólares en efectivo por sus bonos defolteados. La Corte Suprema del mismo país, no tomando el caso, lo ha ratificado. La cuestión no termina aquí, dado que el derecho que se le ha otorgado a este fondo es de aplicación directa al resto, entonces el desembolso final llegaría a 15.000 millones de dólares, más de la mitad de las reservas internacionales en poder del Banco Central. Como si esto no fuera suficiente, quienes ingresaron voluntariamente al canje tienen hasta enero de 2015 una garantía de recibir cualquier mejora que obtengan aquellos acreedores que no ingresaron. Dicha cláusula se activaría con el pago sin quita al fondo buitre y significaría elevar la deuda en más de 120 mil millones de dólares. Como se ve claramente, un imposible.

La economía financiera supera en dos veces a la economía real. Sus dueños son bancos, fondos de inversión, corporaciones para las que cada título de deuda es sólo un número en una computadora, tasas internas de retorno y rentabilidades. Resulta indistinto si el país soberano es pobre o rico, una dictadura o una democracia, o las consecuencias sociales que conlleva el pago de la obligación. La única y exclusiva categoría con la que evalúan sus acciones es la relación costo-beneficio. Detrás de dichas empresas, aunque parezca obvio, hay personas, tan humanas y de carne y hueso como las que sufrirán inexorablemente las penurias en los países deudores gracias a las acciones de las primeras.

No hay dudas sobre la legalidad del reclamo de los fondos buitre, pero sí sobre su legitimidad. ¿Podrán ser sus acciones legales pero no éticas ni justas? Y en tal caso, como el argumento del hombre de raza negra en Sudáfrica, ¿deben obedecerse las leyes injustas?

La vida es el fundamento de todas las cosas. El ser humano viviente, ese que tiene necesidades de alimentación, salud, abrigo, vivienda, educación, es el primer y último basamento de todo andamiaje jurídico, histórico y socialmente construido. Desde este lugar, esquivando una mirada técnica legalista, debemos acercarnos al problema del poder financiero internacional, el endeudamiento externo y los fondos buitre. En tal sentido resulta interesante rescatar del arcón de los recuerdos, o mejor dicho de los olvidos deliberados, la posición argentina frente al endeudamiento externo en la vuelta de la democracia. Raúl Alfonsín, asesorado por su ministro de Economía Bernardo Grinspun, defendió la necesidad de politizar la deuda, señalando que las políticas de ajuste ortodoxo recomendadas por los organismos internacionales de crédito debilitarían a las nacientes democracias de la región. Al comienzo de la gestión el gobierno desplegó una postura de confrontación sosteniendo que los acreedores externos eran corresponsables y que por lo tanto el problema de la deuda no era meramente financiero sino fundamentalmente político.

El 11 de junio de 1984 Grinspun decidió enviar al director gerente del FMI en forma unilateral, sin contar previamente con la anuencia de la misión técnica del Fondo que se encontraba en Buenos Aires, una carta de intención. En la misma se lee: “La deuda externa es otro problema serio (...). Fue contraída a través de la aplicación de una política económica autoritaria y arbitraria, en la cual los acreedores tuvieron activa participación, sin beneficio alguno para el pueblo argentino (...). El gobierno argentino desea subrayar que, a su juicio, ése es el tema central de la negociación que esta Carta pone en marcha. (...) Pero debe entenderse que ello no significa la adopción de compromisos que condicionen su soberanía en el manejo de sus problemas internos. (...) Es decisión del gobierno argentino limitar la magnitud (de los pagos de la deuda externa) a la disponibilidad de recursos que pueda obtener mediante sus exportaciones, sin reducir sus importaciones más allá de lo que fuera imprescindible”.

Al mismo tiempo el ministro intentó conformar un “club de deudores” con los restantes países latinoamericanos en el llamado Consenso de Cartagena. Los días 21 y 22 de junio se realizó una reunión en la ciudad de Cartagena de Indias, congregando a 11 países que representaban el 80 por ciento de la deuda regional. Su poder de negociación era la amenaza de una moratoria conjunta que podía hacer tambalear al sistema financiero internacional. Los diez grandes bancos de Estados Unidos habían prestado a los países en desarrollo 2,8 veces su capital. Por lo tanto, una moratoria sólo del 40 por ciento de la deuda hubiera hecho quebrar esas instituciones.

Lamentablemente el final de la historia no fue lo que su promisorio comienzo hizo imaginar. La carta de intención fue rechazada por el FMI, el documento de Cartagena se limitó a crear un mecanismo de consulta y seguimiento regional sin resultados concretos, se abandonó la promesa de repudiar la deuda ilegítima, y con un aporte de la banca extranjera de 125 millones de dólares se iniciaría el largo y penoso recorrido de reconocimiento, legalización, refinanciamiento y sumisión de la política interna a los deseos de los acreedores externos que culminaría con la crisis de finales de 2001.

A pesar de los resultados obtenidos, atribuibles a la correlación de fuerzas existentes en los inicios de las débiles y condicionadas democracias latinoamericanas de la década de la ochenta, la política implementada por el ministro Grinspun nos deja al menos tres enseñanzas: el problema de la deuda es político y ético, no legal ni financiero; cualquier negociación no debe condicionar la soberanía, el bie-nestar de la población, ni el desarrollo interno y, por último, cualquier camino que se tome debe ser en conjunto con el resto de los países de Latinoamérica.

El 2014 nos enfrenta con un viejo problema pero en un nuevo contexto. América latina representa la vanguardia del progresismo mundial y puede y debe ser la punta de lanza en la lucha contra el poder financiero global.

La Argentina se enfrenta al poder financiero concentrado en nombre de sí misma pero no puede hacerlo sola. Debe hacer un llamamiento a toda Latinoamérica, buscar apoyos internacionales y llevar la lucha del campo del derecho y la legalidad al de la política y la ética.

En este camino está en juego mucho más que la solvencia o la economía de un país, es una oportunidad única para construir y sostener en el tiempo una correlación de fuerzas capaz de doblegar la hegemonía del poder financiero internacional. La salvación, como siempre, no es individual sino colectiva.

* Docente UNLZ-Facultad de Ciencias Sociales.

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Imagen: Corbis
 
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