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Domingo, 28 de septiembre de 2014

DEMANDAS SOCIALES Y CAMBIOS EN LA ECONOMíA

El modelo cubano

Los niveles de cobertura educativa y sanitaria de Cuba son muy elevados, según el PNUD. Comenzó una apertura de mercado controlada, como la autorización para la compraventa de automóviles y casas.

 Por Diego Rubinzal

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) define al desarrollo humano como “el proceso de ampliar la gama de opciones de educación, atención médica, ingreso y empleo e incluso tiene que ver con el total de opciones humanas, desde un entorno físico en buenas condiciones hasta libertades políticas y económicas”. El PNUD elabora un Indicador de Desarrollo Humano (IDH) que evalúa tres dimensiones básicas: salud (esperanza de vida), educación (tasa combinada de alfabetización y matriculación en enseñanza primaria, secundaria y terciaria) y crecimiento económico (Producto Interno Bruto per cápita expresado en paridad del poder adquisitivo en dólares). Los resultados del IDH de 187 países son agrupados en cuatro categorías (muy alto, alto, medio y bajo). Los únicos países latinoamericanos considerados de “muy alto” desarrollo humano son Argentina, Chile y Cuba.

El caso cubano es muy especial por su contraste con la realidad social de los otros países caribeños. Los niveles de cobertura educativa y sanitaria de la isla más grande de las Antillas son envidiables incluso para países desarrollados.

Sin perjuicio de eso, la matriz económica cubana mantiene serias deficiencias (reducida productividad, baja tasa de acumulación, vulnerabilidad externa, poca innovación, déficit comercial crónico). Eso determina la coexistencia de “ámbitos productivos con bajos encadenamientos y niveles de innovación con un capital de conocimiento desaprovechado que ha adquirido una potencialidad para promover procesos de investigación y desarrollo no fehacientemente integrados o utilizados en el proceso de desarrollo de la isla”, señala Edel J. Fresneda en Migrantes en el socialismo: el desarrollo cubano a debate.

Las consecuencias negativas de esa heterogeneidad productiva eran compensadas mediante el sistema preferencial de intercambio comercial del bloque socialista. La comercialización entre las diferentes naciones respetaba parámetros de “justicia” definidos por el Consejo de Ayuda Mutua y Económica (CAME). En ese contexto, Cuba se constituyó –entre 1959 y 1989– como una de las sociedades más equitativas del mundo. La diferencia de ingresos per cápita entre el 20 por ciento de población de ingresos más altos y el 20 por ciento más bajo era inferior a cuatro veces. El licenciado Albert Noguera señala en Estructura social e igualdad en la Cuba actual: La reforma de los noventa y los cambios en la estructura de clases cubana que “de modo comparativo, téngase en cuenta que la proporción correspondiente para América latina era de más de 19 veces. Igualación además, que por los programas económico-sociales de la Revolución, y por la ayuda prestada por el campo socialista, especialmente por la URSS, se desarrollará en un marco de gran bienestar y calidad de vida de la población”.

El derrumbe del socialismo real implicó la desaparición del 85 por ciento de los mercados externos del país caribeño. El gobierno cubano reaccionó con un programa de emergencia económica denominado Período Especial en Tiempos de Paz. El ajuste implicó, entre otras cuestiones, una ampliación del sistema de racionamiento de bienes de consumo. Entre 1990 y 1993, el PIB, el consumo y la formación bruta de capital fijo cayeron un 35, 25 y 70 por ciento, respectivamente.

El gobierno también impulsó una relevante reforma constitucional. La principal forma de propiedad, reconocida por la Constitución de 1976, era la estatal socialista. La propiedad individual era permitida en algunos casos puntuales (tierras de pequeños agricultores, ingresos y ahorros laborales, vivienda). La Ley de Reforma Constitucional de 1992 autorizó nuevas formas de propiedad mixta y privada y flexibilizó el control estatal del comercio exterior.

A su vez, las granjas agrícolas estatales fueron fragmentadas en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). La idea central era incrementar la productividad con estímulos económicos. Sin embargo, el Estado continuó conservando la propiedad de la tierra y compraba la totalidad de la producción agraria. “Durante el primer año de su creación, 1993, el 59 por ciento de las UBCP no cañeras proyectaban pérdidas. Eso llevó para 1994 a la apertura de los Mercados Agropecuarios, donde pueden concurrir con sus excedentes todos los agentes vinculados con la producción agropecuaria y los precios se determinan por la oferta y la demanda”, detalla Noguera.

Las reformas económicas incluyeron la autorización para trabajar por cuenta propia en 115 actividades. Por su parte, el Decreto-Ley 140, de 1993, despenalizó la tenencia interna de divisas beneficiando a los cubanos que obtenían dólares de fuentes diversas (empleados ligados al turismo que recibían propinas o regalos de extranjeros, remesas familiares, negocios ilegales). En 1995, la Ley de Inversiones Extranjeras autorizó el arribo de capitales en todas las áreas excepto en materia de salud, educación e instituciones armadas. La mayoría de las inversiones se canalizaron hacia emprendimientos turísticos y mineros.

Las transformaciones económicas generaron un fuerte crecimiento de los trabajadores privados, que pasaron de representar el 4,2 por ciento del total de personal ocupado en 1988 al 21,8 por ciento en 1994. La coexistencia entre compañías públicas y privadas conformó una economía dual con reglas diferentes. Por un lado, las empresas estatales continuaron rigiéndose por mecanismos de planificación y operando en moneda nacional. Por el otro, el sector privado abastecía un mercado con precios en dólares determinados por oferta y demanda. Así, el acceso a las divisas era imprescindible para comprar ciertos artículos que no podían conseguirse en las tiendas estatales.

La economía dual produjo un incremento de las desigualdades de ingresos. Esa “pluralidad de ingresos monetarios se traduce en pluralidad de capacidades de acceso a lo que podemos denominar lujos y comodidades de la vida. Esto supone una diferencia no sólo con todos los otros países no industrializados sino incluso con algunos países del capitalismo avanzado, donde el poder satisfacer o no la subsistencia y eficiencia física, las necesidades básicas, constituye una variable importantísima asociada a las desigualdades económicas de los ciudadanos. Esta se trata además de una desigualdad caracterizada por producirse en un modelo de pirámide social invertida, donde un taxista, un camarero o un participante de la economía sumergida se coloca por encima de un investigador doctor en ciencias o de un cirujano”, sostiene Noguera.

Las autoridades políticas reconocen que ese consumo diferenciado es fuente de insatisfacción ciudadana, a pesar del mantenimiento de la cobertura de derechos sociales esenciales (ingreso mínimo, sanidad, educación, alimentación, seguridad social, vivienda). La respuesta gubernamental fue comandar una apertura de mercado controlada (autorización para la compraventa de automóviles y casas, traspaso de las peluquerías estatales a cuentapropistas, legalización de la venta directa a consumidores de productos agrícolas, creación de cooperativas en vastos sectores, reforma financiera) tal como se desprende de las líneas de acción aprobadas en el VI Congreso del Partido Comunista Cubano, en 2011. La transición económica que lidera Raúl Castro intenta asegurar la exitosa sucesión de la generación de “combatientes de la Sierra Maestra”

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@diegorubinzal

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