El tiempo en que la familia Anchorena viajaba a Europa con la vaca en primera ya no existe. Tampoco aquel en el que resultaba inevitable que algún miembro de la SRA integrara el gabinete. Hablar de “oligarquía vacuna” no deja de ser un poco demodé, más en el globalizado y “financierizado” mundo de las telecomunicaciones y la informática. Sin embargo, los dueños de las vacas, esos esforzados madrugadores retratados por la siempre interesada prensa sectorial, siguen mugiendo, actúan en bloque y tienen una conciencia de pertenencia bastante más clara que la de sus circunstanciales adversarios.

Un reciente artículo de Horacio Giberti y Carlos Makler (“¿Existe una oligarquía ganadera?”, Realidad Económica No 231, Buenos Aires, noviembre de 2007) deja de lado los juicios de valor propios de la disputa política doméstica para concentrarse en las estadísticas sectoriales.

De acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario de 1937, retrato de aquella época de oro en la que nadie negaba su existencia, en la provincia de Buenos Aires sólo el 2,7 por ciento de los establecimientos concentraba el 44 por ciento de los vacunos. Dentro de este grupo, 39 establecimientos con más de 10.000 cabezas sumaban 587.000 reses. Un promedio de 15.000 por establecimiento. Las cifras en el resto de las provincias pampeanas, al igual que en los censos posteriores, mostraban proporciones similares.

A mediados de los ‘70, el censo agropecuario de 1974 mostró que el 5,9 por ciento de las explotaciones bonaerenses poseían más de 1000 cabezas y concentraban el 45,6 por ciento de la incrementada población de vacunos. Dentro de este grupo, 29 establecimientos con más de 10.000 reses poseían 424.000 cabezas, un promedio de 14.600 vacunos por explotación.

Ya en el último y seguramente desactualizado Censo Nacional Agropecuario de 2002 se advierte una sensible disminución de la importancia de los establecimientos con menos de 500 cabezas. Como los límites entre los estratos son distintos de los considerados en el censo de 1974, no se puede delimitar en los establecimientos con 10.000 cabezas, pero sí en los de 8000. Mientras en 1974 estos establecimientos concentraban el 3,4 por ciento de las cabezas, con un promedio de 11.600 por establecimiento, en 2002 absorbían el 4,9 por ciento, a razón de 12.300 por establecimiento. En otras palabras, los resultados de 2002 muestran, en materia de concentración, una suerte de retroceso a 1937, aunque con una menor importancia de los establecimientos con menos de 500 vacunos.

Un aporte interesante del censo de 2002 es la distinción entre establecimientos de cría, invernada y mixtos. De ello surge que los estratos inferiores se concentran más en la cría y los superiores en la invernada. Y estos últimos son los intermediarios forzosos entre criadores y frigoríficos.

De los datos expuestos pueden obtenerse algunas conclusiones. El sector ganadero sigue mostrando una relativa concentración de su estrato superior, con pérdida de poder del inferior. Un dato rechazado por quienes niegan la existencia de una “oligarquía vacuna”. En este sentido una porción de los ganaderos acumula poder económico y de mercado, tanto en su relación con los criadores como con los frigoríficos. Aunque en base a estos datos Giberti y Makler afirman la efectiva existencia de una “oligarquía ganadera”, la afirmación es ambigua, pues lo que verdaderamente define el carácter de “oligarquía” de una determinada clase o porción de ella es su relación con el poder político.

Los censos de 1937, 1974 y 2002 ratifican con matices la continuidad de la importancia de un grupo al interior de los suyos, pero el dato clave es exógeno. Los ganaderos dejaron de formar parte indivisible del poder político. Entre otras razones, porque el sector que dominan perdió peso relativo en el conjunto de la economía. Al no formar parte del poder, quienes no participan de alguna forma de integración vertical también perdieron capacidad de negociación en relación con un sector determinante en la formación de precios: los frigoríficos.