El mundo está necesitando el avance de las energías renovables en su matriz energética: lo exige la responsabilidad de todos en el cuidado del planeta, como se ha acordado –aunque a regañadientes los países más comprometidos– en los últimos encuentros internacionales. Nuestro país también debe estar en ese camino, de acuerdo con sus posibilidades, su realidad energética y sus necesidades de desarrollo independiente. Por ello ha dictado leyes de promoción de las energías renovables en otros momentos, con metas de objetivos deseables, los que no han tenido el éxito esperado por variados motivos.

Uno de ellos responde a los mayores costos de generación de estas alternativas frente a la producción hidroeléctrica, la nuclear, y aun la originada en hidrocarburos. El costo financiero de las inversiones requeridas es otro de los factores claves de ese retraso. Todo lo cual impone un sistema de subsidios a su funcionamiento, como forma de garantizar su viabilidad, que se carga finalmente a los usuarios. Esta realidad impone entonces un especial cuidado y transparencia sobre la canalización de esos subsidios a las empresas generadoras, en el cumplimiento de los objetivos de aquellas leyes, ya que esos privilegios deben atender también otros objetivos nacionales.

Como contrapartida de ese costo adicional que asume el Estado o el sistema, se suponen ventajas en la progresiva sustitución de energías contaminantes, y también en la disminución en la importación de hidrocarburos con el consiguiente ahorro de divisas.

Para que este equilibrio sea sustentable y componga un círculo virtuoso se supone también que el equipamiento para las energías alternativas, especialmente el vinculado con la energía eólica, sea construido y desarrollado por la industria nacional, que en los últimos tiempos ha avanzado notoriamente en ese sentido, pudiendo proveer en la actualidad gran parte de los insumos. Pero si se asume una política de sustitución de importaciones alrededor del 90 por ciento de sus componentes pueden ser provistos por la industria nacional.

Si no fuera así, si el desarrollo de la energía eólica se hiciera en base a equipos mayormente importados con el fin de cumplir aquellas metas legales –aunque no formen parte de un planeamiento energético nacional–, se estarían desbalanceando las ventajas para el país, inclinando la balanza comercial energética negativamente. Esta ecuación ya está sufriendo de ese mal en la importación de equipamiento desgravado para auxiliar a la incipiente industria petrolera de los no convencionales, y de alguna manera también en la importación del equipamiento electromecánico de los proyectos hidráulicos.

Esta modalidad acrecienta la fuga de divisas y el retroceso de la industria nacional de equipamiento pesado para las obras de energía, con fuga de profesionales y de experiencia empresaria nacional.

Esa paulatina extranjerización de la economía aumentaría con la importación de los equipos aerogeneradores que conforman la base de la energía eólica: hace tiempo que los grandes productores internacionales de esos equipos intentan introducirlos en nuestros mercados, por naturales objetivos empresariales y también por colocación de excedentes en sus países de origen.

Por ello, el proyecto de ley impulsado por el senador Marcelo Guinle, actualmente en tratamiento en el Congreso, que asume un propósito loable de arribar a metas de participación de energía eólica del 20 por ciento del total del país en 10 años, contiene un costo elevado para el trabajo y la producción nacionales, pues ello sólo es posible con una importación indiscriminada de equipos.

En efecto, en los próximos cinco años, que es el lapso para arribar a la meta de 2000MW, es probable que se importen equipos eólicos con este proyecto por un monto del orden de los 4000 millones de dólares. De hecho propone la desgravación de importaciones de ese equipamiento con consecuencias altamente perjudiciales para los intereses nacionales: implica un deterioro, cuando no la destrucción, de la industria nacional en la materia que está dando sus primeros pasos, y en algunos casos ha sido desalentada. Supone la pérdida de avances tecnológicos y de mano de obra especializada del empresariado argentino. Implica nuevamente la salida de divisas y la consolidación de una matriz industrial dependiente que contrarresta las ventajas deseables de esta energía alternativa.

Existen otras maneras de promoción de energía eólica, que comprenden al mismo tiempo la consolidación de la industria nacional, que tiene un importante futuro en la demanda de equipos aerogeneradores. Existen en discusión otros proyectos de aliento a la energía eólica, basados en la promoción de industria local, con integración mínima del 70 por ciento en el inicio, y del 95 por ciento en el segundo año, perfectamente aplicables si existe voluntad estatal de promover está modalidad energética.

Si los usuarios van a poner su dinero para este fomento es lógico que lo hagan para fortalecer el trabajo nacional y no para la fuga de divisas y el atraso tecnológico. El Estado es el principal interesado de cuidar las divisas. Por ello es el gran beneficiario de la sustitución de energía generada por gas natural licuado (GNL) y gasoil importado, que aun a los precios en baja del crudo significan un drenaje de divisas frente al viento gratis de la Patagonia, uno de los grandes recursos naturales con que cuenta el país.

* Integrantes del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz.