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Viernes, 14 de julio de 2006

RAMOS GENERALES

Más sobre Puente de Fuego

La psicóloga Eva Giberti, que coordina el Programa Víctimas Contra la Violencia, del Ministerio del Interior, estuvo esta semana en Córdoba para presenciar una audiencia del juicio contra el ex policía Jorge Luis González, su pareja, Gabriela Calderón, y las jóvenes Vanesa Payero y Carolina Zapata. Los cuatro están acusados por obligar a prostituirse a tres menores en el cabaret Puente de Fuego, en la localidad de Inriville. Según Giberti, se trata de “hacer acto de presencia del Estado nacional, frente a dos chicas (Payero y Zapata) que de víctimas pasaron a ser victimarias”. La intención oficial, en lo inmediato, es que “las víctimas tengan claro que, además de su derecho a la defensa, el gobierno está preocupado por lo que significa la historia de dos chicas que fueron esclavizadas y que ahora terminan en el banquillo de los acusados”.

Marcha Mundial de las Mujeres

“Rechazamos la globalización neoliberal y patriarcal, la militarización y la imposición de los acuerdos dichos ‘de libre comercio’, por sus efectos devastadores sobre las mujeres y los hombres, los pueblos y el planeta.” Tal la declaración del Sexto Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres, realizado en Perú entre el 2 y el 9 de este mes, y del que participaron 31 países. Durante las jornadas se hizo eje en la necesidad de denunciar “las múltiples formas de violencia, particularmente hacia las mujeres”, en tiempos de guerra, y acabar con las políticas que “aumentan el tráfico de seres humanos, particularmente de niñas y mujeres a las que se les considera su cuerpo como mercancía”.

Impunidades

Los familiares de Andrea Viera, la joven torturada en 2002 en la comisaría 1ª de Florencio Varela y que falleciera días después a raíz de las lesiones sufridas, exigieron “una reparación a la impunidad que soportamos”, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3 de Quilmes absolviera a cuatro policías y condenara a prisión perpetua a la ex cabo Marta Jorgelina Oviedo, aunque con el beneficio de la detención domiciliaria que gozó durante toda la instrucción de la causa, “por cuestiones de salud”. Pese a que los absueltos estaban imputados por torturas seguidas de muerte, los jueces Alicia Anache, Armando Topalian y Alejandro Portunato resolvieron que los policías que detuvieron a Andrea, la trasladaron a la comisaría y la retuvieron en una de las oficinas donde se le propinaron trompadas de hasta ocho centímetros de profundidad, “no tuvieron relación con los hechos”.

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