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Viernes, 14 de julio de 2006

ENTREVISTA

Abandonar el desamparo

Mirta Guarino es la jueza en cuyo tribunal recayó la causa de Lucas Ivarrola, el chico asesinado por miembros de la Armada que lo acusaban del robo de un televisor. Ex abogada del CELS y abuelas de Plaza de Mayo, ella insiste en la necesidad de proteger a niñas y niños. “Hay sectores que intentan demonizar a la infancia”, dice, y remonta gran parte de esas prácticas y la falta de justicia a la herencia de la dictadura.

 Por Luciana Peker

En la puerta de la casa hay un patrullero. Esa es la señal de que ahí, en medio de las calles sin número, a siete cuadras de la estación de Paso del Rey, donde antes había gente que elegía pasar sus fines de semana y que dejó el oeste por el miedo, donde el verde y el polvo de las calles sin tránsito se juntan, ahí, pasando la reja, está el Tribunal de Menores Número 3 de Moreno y General Rodríguez. Hay que descifrarlo a ese tribunal sin pasillos, sin cemento, sin escaleras, ni ascensoristas y –casi– sin corbatas, ni trajecitos sastre.

Ahí hay verde para correr en la espera –entre que la jueza escucha y la jueza decide–, los chicos del barrio en la tele, un caballito flúo y una sala de juegos con exposición de dibujos. “Nos costó encontrar esta ex casaquinta porque yo creo que tiene mucho que ver el lugar con el destino que tiene el lugar. Es importante intentar desde la geografía que venir a los tribunales sea lo menos traumático posible para los chicos. Pero otros colegas ni la visitan”, señala Mirta Guarino, de 51 años, 30 de abogada y 8 de jueza, primero en Tres Arroyos y desde marzo del 2005 en Moreno. Moreno es el lugar desde el que la jueza salió en una camioneta con la madre de Lucas Ivarrola a buscar a Lucas, todavía menor, todavía de 15 y ya sin todavía. La jueza y la mamá de Lucas, Graciela, tuvieron que ver el cadáver de Lucas, secuestrado en un Falcon Verde por los hermanos Jorge, Oscar y Edgardo Romero –dos de ellos integrantes de la Armada–, que acusaban a Lucas de haberles robado un televisor. Lucas apareció muerto con tres disparos y signos de haber sido quemado vivo.

“Hay que proteger a los chicos, no pedir castigos”, le dijo, entonces a Carlos Rodríguez, de Página/12, la jueza que fue abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de las Abuelas de Plaza de Mayo. Y avanzó: “El asesinato de Lucas ocurrió ahora, en el presente, no en el pasado reciente; no basta con bajar cuadros o con condenar los crímenes del pasado, hay que tomar medidas no solo judiciales sino también sociales para defender el Estado de derecho en el que queremos vivir”. La voz se hizo escuchar. “Me parece una barbaridad y me preocupan los dichos de la jueza. Los jueces tienen que hacerse conocer a través de las sentencias”, opinó el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Pero la jueza sigue hablando desde ese despacho donde hay una casita de juguetes con piezas chiquitas –camas, sillas, cocinas– que se arman y se desarman para ir hilvanando nuevas vidas frente a los chicos que llegan y encuentran piezas para armar y leños que calman el invierno.

–Después de la muerte de Lucas, sectores que quieren mano dura salieron a decir que era mejor meter presos a los menores acusados de robo porque si no iban a terminar como él, linchados por los vecinos.

–Eso es un horror. Es violentar el principio de igualdad ante la ley. No es necesario decir “los negros de un lado, los blancos de otro” para violar la Constitución. Hay chicos que son discriminados por ser pobres y que tienen que tener, aparentemente, un destino distinto del de otros chicos. No es un caso de justicia por mano propia. Es un crimen aberrante. Nunca le pregunté a un desaparecido si había militado en tal o cual sector. Y tampoco voy a justificar ahora a Lucas por el tema del robo del televisor porque eso es peligroso. Lamento que el Estado en su tiempo de vida no lo haya provisto de las cosas que se necesitan para vivir. Y no estoy hablando de un plan social, ni de una bolsa con comida. Pero hay sectores que intentan demonizar a la infancia y gente que dice “y... había robado un televisor” como antes decían “en algo andaban...”. A mí me cuesta mucho sacarme la imagen del cuerpo todavía humeante de Lucas. Pero esa imagen ahonda mi convicción de que estas prácticas tienen que ver con la dictadura y con la falta de justicia.

–¿Qué pasa con los sectores que hacen campañas pidiendo la baja de la edad de imputabilidad de los menores en nombre de la seguridad?

–Es un grandísimo error de parte de la sociedad creer que bajar una cifra va a acarrear seguridad. Hay campañas de seguridad y orden en la Argentina generalmente propiciadas por grupos de poder porque duele asumir la pobreza en los barrios y la obligación de cortar con la droga. Los chicos no nacen ni con droga, ni con un arma. Hay que barajar y dar de nuevo. La ilusión de bajar la edad de la imputabilidad es peligrosísima, igual que decir “los jueces de menores y los fiscales no sirven de nada”. Esto trae muerte. Y hay que decidir de una vez por toda si queremos que el niño viva o que el niño muera. Es una decisión que hay que tomar.

–¿Hay riesgos de que surjan escuadrones de la muerte?

–Si dejamos a los chicos solos, sí. Los chicos piden que se los proteja. No hay que dejar a los chicos solos de toda soledad. Y acompañarlos no es institucionalizarlos, sino darles una maestra particular, que puedan jugar a la pelota, tocar en una banda o ser peluqueros. Para no tener escuadrones de la muerte hay que custodiar la vida.

–¿Qué se puede hacer con los adolescentes que cometieron delitos?

–Si hay un chico que cometió dos homicidios no puedo devolverlo al barrio porque lo estoy dejando solo y estoy incumpliendo con la norma constitucional. Si es inimputable no lo voy a internar en un loquero, ni lo voy a internar por pobre. Lo voy a internar porque mató. Y hay un valor vida que cuenta.

Hay gente que dice “y... había robado un televisor” como antes decían “en algo andaban...”. A mí me cuesta mucho sacarme la imagen del cuerpo todavía humeante de Lucas, pero esa imagen ahonda mi convicción de que estas prácticas tienen que ver con la dictadura y con la falta de justicia.

–¿Se sigue internando chicos por ser pobres?

–Ese es un mito. Yo no interno a chicos por pobreza. A la pobreza hay que solucionarla con políticas públicas, no hay juez que la solucione. La Convención de los Derechos del Niño dice que la institucionalización tiene que ser por el menor tiempo posible y como última alternativa. En estas situaciones intentamos derivarlos a una familia de crianza, que implica la guarda de los chicos pero sin ninguna ansia de apropiación ni supresión de identidad. Incluso, a veces, es difícil porque son cinco hermanos –y los hermanos no se separan– pero, por suerte, en Moreno la gente es muy solidaria. Esto era lo que se conocía como “el criadito” en las familias y es una institución de nuestro pueblo. Creo que tenemos que rescatar lo bueno que tenemos y darle un marco normativo para no tener que caer en los institutos. A veces, después de un tiempo es posible la vuelta al nido y otras veces el nido está tan contaminado que no se puede. En los casos donde no hay vuelta atrás con la familia biológica y la familia de crianza tiene buena voluntad, esta situación puede permanecer, pero con las siguientes condiciones: que no pidan subsidios, que le respeten su identidad y que si hay una vuelta de tuerca en la historia del chico la familia guardadora la favorezca. Normalmente las relaciones que son generadas en verdad, justicia y libertad llegan a feliz término: un proyecto de vida. Juan es Juan, el hijo de María y de Pedro, juega a la pelota, tiene novia...

–¿Qué hace con los chicos que fueron abusados en su familia?

–Si hubo un delito cometido contra el hijo eso no permite la revinculación, si no es lo mismo que pensar, en la época en que Abuelas buscaba menores de edad, que se puede pensar una revinculación con el apropiador de un chico que se quedó con el último grito de la madre en un campo de concentración. Tenemos casos, en Moreno, en donde los siete hijos fueron abusados por el padre, o permitió abusos entre los hermanos o con animales. Y la madre y su abogada para sacar al padre de la cárcel forzaron a los chicos a decir que no había pasado nada, en una nueva victimización de ellos para salvar al progenitor. En esta causa, la abuela se vio desbordada por la presión de su hija y no existía posibilidad en el barrio. No había vuelta y hubo que institucionalizarlos.

–¿Por qué cree que causaron tanta polémica sus declaraciones sobre los derechos humanos?

–Yo agradezco el gesto importantísimo de haber bajado el cuadro de Videla, agradezco haber entrado a la ESMA y el juicio al “Turco” Julián. Lo único que digo es que en esta época de la historia además de gestos, la infancia requiere un compromiso. Y no me pienso correr.

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